Oficialmente Ecuador está en guerra. Así lo decidió el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero del 2024. Ese día, tras una ola de actos de violencia criminal en varias provincias, el presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo 111, reconoció la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas.
El justificativo para una medida de tal magnitud era contener la ola de violencia criminal que hizo del 2023 el año más violento en la historia del país: con 8008 asesinatos y una tasa de 47 homicidios por cada cien mil habitantes. Ha transcurrido más de un año y el panorama es desalentador. El primer trimestre del 2025 se alcanzó otro récord histórico: se registraron 2361 muertes violentas. De mantenerse esta tendencia, este año podríamos superar la tasa de homicidios del 2023. La política de militarización de la seguridad interna no ha contenido la violencia, la ha catapultado.
¿Por qué, entonces, la violencia y la criminalidad se agudizan en Ecuador?
Desde los estudios de seguridad la realidad ecuatoriana está sobre-diagnosticada. Sus explicaciones redundan en tres ideas: el Estado ha perdido control territorial frente a las organizaciones criminales; el Estado ha fallado en el control de las economías ilícitas facilitando el lavado de activos, y el Estado necesita más y mejores recursos humanos y tecnológicos para recuperar el monopolio de la fuerza. El problema con estas interpretaciones es el limitado campo de visión que brindan para comprender lo que ocurre en el país.
Por eso, siguiendo las tesis del académico británico Bob Jessop, en vez de centrarme en las dimensiones formales del Estado (representación, articulación institucional y capacidad de intervención) haré un breve análisis de sus dimensiones sustanciales: base social del Estado, proyecto de Estado y visión hegemónica. Al analizarlas se constata que los factores multiplicadores de la violencia y la criminalidad son mucho más profundos y complejos.
Mientras el gobierno y los generales que le asesoran buscan comprar más balas para su guerra, solo en la región Costa y Galápagos, 7520 escuelas y colegios requieren reparaciones urgentes.
El primer factor multiplicador de la violencia y la criminalidad es la fractura de los compromisos sociales institucionalizados en el Estado. Un dato revelador es la deserción escolar. En Ecuador hay más de 450.000 niños y adolescentes, de entre tres y 17 años, que no asisten a una de los 16.000 escuelas y colegios que hay en el país. ¿Cuántos de estos niños y adolescentes han sido reclutados por las pandillas callejeras y están dinamizando la violencia y el crimen? La edad de reclutamiento criminal bordea los 13 años y solo en el 2024 las desapariciones de menores de edad se incrementaron en un 88 por ciento.
Mientras el gobierno y los generales que le asesoran buscan comprar más balas para su guerra, solo en la región Costa y Galápagos, en donde está por iniciarse un nuevo ciclo escolar, el 80 por ciento de los establecimientos educativos fiscales requiere reparaciones urgentes (7520 escuelas y colegios). A esto hay que sumar las epidemias que han reaparecido por falta de campañas de vacunación en los últimos años, el incremento de la tasa de desempleo, el aumento de la pobreza y la contracción económica producto del mal manejo de la crisis energética.
La reproducción social de la violencia criminal no es un fenómeno espontáneo. Al contrario, es el resultado de una pérdida sistemática de base social por parte del Estado.
Y no es una cuestión meramente material; la dimensión simbólica tiene un peso específico. Sin mecanismos de ascenso social ni políticas de inclusión y reconocimiento las expectativas de futuro individual se estancan, y la población más joven migra al extranjero o busca otros horizontes al margen de la legalidad. Los intangibles de la política social es otra tarea pendiente, impunemente postergada por el gobierno nacional.
Al mirar desde este ángulo se observa que el Estado no ha perdido control territorial. Lo que ha perdido es base social, sobre todo, en las zonas más pobres del país. Por eso, militarizarlas tiene un efecto limitado y en el mediano plazo se vuelve contraproducente.
Sin un gobierno que asuma seriamente los compromisos sociales institucionalizados, las organizaciones criminales seguirán ganando adhesión y reconfigurando al Estado como un “orden crimilegal” a su servicio.
El segundo factor multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con una crisis de legitimidad del Estado, ante la ausencia de un proyecto político que asegure la unidad operativa del Estado y su capacidad para actuar. Lo que Jessop denomina: un proyecto de Estado.
Desde el estallido de la violencia criminal, en enero del 2018, los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han optado por un modelo de “Estado mínimo”: achicamiento del aparato estatal y desregulación de los mercados. Los acuerdos draconianos con el Fondo Monetario Internacional, y la política de premios y castigos, que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos para alinear al país a su agenda hemisférica, han acelerado esta reconfiguración.
En ese modelo de “Estado mínimo” las fuerzas militares y policiales se convierten en el principal brazo burocrático del Estado. La constante declaratoria de Estados de Excepción (más de 40, desde el 2018) para restringir derechos civiles y militarizar el orden público lo confirma.
En vez de fomentar una política de empleo digno, los gobiernos de Lasso y Noboa han promovido el reclutamiento de miles de jóvenes para formarlos como policías o militares. En mayo de 2022, el presidente Lasso prometió incrementar el pie de fuerza de la Policía Nacional, pasando de 52.000 a 82.000 efectivos. Su mandato quedó trunco el año siguiente y el incremento fue de 12.000 policías. Con Daniel Noboa y la declaratoria de conflicto armado interno los militares han desplazado a la Policía. En febrero del 2024 el gobierno anunció que cuadruplicaría el servicio militar, pasando de 9.657 a 36.853 conscriptos para el 2025.
La militarización es consustancial con el proyecto de Estado mínimo que promulga el gobierno nacional. Una estrategia militar fallida ha reemplazado el diseño de una política criminal sensata. Por eso, cuando el gobierno detecta problemas de criminalidad persistente en el sector público la única repuesta es militar.
El ejemplo más elocuente es la reciente militarización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Ante las constantes amenazas, asesinatos y secuestros contra los funcionarios que obstaculizan los negociados en las compras públicas de ambos hospitales, la respuesta del gobierno fue intervenirlos militarmente.
La militarización es consustancial con el proyecto de Estado mínimo que promulga el gobierno nacional. Una estrategia militar fallida ha reemplazado el diseño de una política criminal sensata.
Daniel Noboa solo esgrime martillos, incluso dentro de una cristalería.
Finalmente, el tercer factor multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con la visión hegemónica del bloque de poder que dirige el Estado. La razón es sencilla: la fe ciega en la desregulación de los mercados como vía de crecimiento económico ha hecho del Ecuador un paraíso para las economías ilícitas. La expansión del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de armas y de personas, son facilitados por la visión de Estado mínimo que pregonan los gobernantes.
En Ecuador se ha consolidado un régimen oligárquico. Como lo explica muy bien el politólogo Jeffrey A. Winters, la oligarquía se refiere a la política de defensa de la riqueza por parte de actores que poseen los medios materiales para ello. Generalmente, los oligarcas financian ejércitos de abogados y políticos para que hagan el trabajo sucio y protejan sus intereses. Pero cuando la crisis de legitimidad del Estado socava también el margen de legalidad, los oligarcas intervienen directamente en la política para defender su riqueza y multiplicarla.
El ingreso a la política de Guillermo Lasso y Daniel Noboa no es casualidad. El primero, dueño del tercer banco más grande del país y cabeza de uno de los cinco grupos económicos más acaudalados. El segundo, heredero del grupo agroexportador más importante del Ecuador. Ellos son las caras visibles de una oligarquía avezada y agresiva.
La desregulación de los mercados es la piedra angular de su acción de gobierno y con esa visión también comulgan los oligarcas que dirigen el narcotráfico desde Europa, Asia o Norteamérica.
Para muestra, un botón. Con sus decisiones de gobierno, Lasso y Noboa han facilitado la expansión del tráfico de armas en Ecuador. El uno flexibilizando los permisos para tenencia y porte de armas de fuego. El otro eliminando los aranceles para su importación. Hoy, 8 de cada 10 homicidios se ejecutan con armas de fuego. Y la vía predilecta de los contrabandistas es enviarlas a través de courier desde Miami.
Ahora Usted, estimadx lector, comprenderá mejor por qué el Ecuador es un país anegado en sangre.