En enero próximo, el 15 y 16, se desarrollará en Ginebra, Suiza, el Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas. Víctimas, asociaciones de apoyo y funcionarios estatales se verán a cara a cara. ¿Qué dirá Ecuador en la cita? ¿Cómo explicará ante las Naciones Unidas que desde 2011 a la fecha los casos sin resolver sumaron 8.398?
No se trata, únicamente, de una cifra vergonzosa. Son más de ocho mil familias cuyas vidas se partieron en dos. De esos 8.398 casos sin resolver, ¿cuántos tuvieron una respuesta ulterior? ¿A cuántas personas se encontró en los años siguientes a su desaparición? ¿A cuántas se halló con vida? ¿A cuántas aún se sigue buscando? El Estado, en este ámbito de información, es un agujero negro.
Los datos globales del año anterior son un índice de lo que ha venido ocurriendo en los últimos lustros. Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ecuador, recuerda que en 2023 hubo más de 7.000 denuncias, 730 casos sin resolver y 400 desaparecidos fueron hallados muertos.
Juan Pablo Albán, defensor de DD.HH. y experto en prevención de desapariciones forzadas, recuerda que entre 2011 y 2013 hubo más de 17.000 denuncias y 4.500 casos no resueltos. Y que entre 2014 y 2018 se registraron más de 48.000 denuncias de desapariciones, 48.633 para ser más exactos.
En su análisis, al ponderar estos números con la población de Ecuador, resulta que la problemática de las desapariciones forzadas es mayor que la de México, el país de la región que, en teoría, es el más conflictivo en este ámbito.
Dichas cifras fueron expuestas la semana pasada en una sesión especial de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, de la Asamblea Nacional. Este órgano legislativo se echó al hombro la tarea de control político al manejo de cifras sobre muertes violentas, desapariciones forzadas y trata de menores, a partir de los estudios del académico guayaquileño Arduino Tomasi, quien sostiene, entre otros aspectos, que de 2007 a 2017 hubo 7.379 muertes sin determinación.
Con base en la cifra propuesta en la Asamblea, es decir, 4.500 casos de desapariciones forzadas sin resolver entre 2011 y 2013, Plan V indagó en las estadísticas de la Dinased y el Ministerio del Interior y los casos sin resolver entre 2014 y junio de 2024 suman 3.898. Por ende, en los últimos 13 años estos casos llegan a los 8.398. Y bien pudiera tratarse de un subregistro.
En la sesión, los asambleístas escucharon el desgarrador testimonio de Alexandra Córdova, madre de David Romo, joven que fue desaparecido el 16 de mayo de 2013, a las 22:22, mientras viajaba en bus, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Central hasta su casa en el sector de la Mitad del Mundo.
¿Cuántas veces Alexandra Córdova ha debido relatar la crudeza de los hechos relacionados con la desaparición de su hijo David? ¿Cuántas veces ha sido víctima de violencia por parte de operadores estatales? Plan V reproduce su testimonio al final de este informe, como un ejercicio contra la impunidad y la amnesia selectiva.
El problema es sistémico, no aislado
En la reunión de la comisión legislativa también se escuchó los criterios de Alex Bonifaz, actual abogado de Alexandra Córdova, y los de Tim Ballard y Ricardo Carrión, de la ONG Aerial Recovery Foundation, especializada en prevención de la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual, cuyo epicentro de acción es la parroquia manabita de Canoa.
Tras el doloroso relato de Córdova, Juan Pablo Albán dijo que quisiera decir que lo narrado es una circunstancia excepcional, pero no es así. “El Estado ecuatoriano ha sido reiteradamente condenado en sede internacional por la responsabilidad que le compete por la desaparición de personas; la más reciente, de 2023, adoptada por la Corte IDH por la desaparición del ciudadano Freddy Nuñez Naranjo (ocurrida en 2001)».
El caso de David Romo también fue denunciado ante la CIDH, el 7 de agosto de 2017, y se encuentra en trámite. El Estado no ha ofrecido respuestas hasta el momento. “Los funcionarios de la Policía Nacional se desentendieron del tema –dijo Albán–, porque por detrás hay cosas muy feas que tienen que ver en cómo el Estado ecuatoriano ha facilitado la actuación de bandas delincuenciales y de individuos particulares que atentan gravemente contra los derechos de las personas”.
Hasta mediados del presente año se contabilizan 512 casos de desaparición de personas sin resolución, de un universo de más de 3.000 denuncias. “Esto tiene que ver con el crecimiento de la delincuencia organizada”.
Albán, en su debido momento, fue abogado de Alexandra Córdova. El jurista anticipa que en los próximos días los comités de las Naciones Unidas sobre Desapariciones forzadas y Derechos Humanos harán una declaración conjunta para aportar algunas definiciones urgentes sobre la materia.
En la sesión de la Asamblea, el defensor de DD.HH. aportó una: “La desaparición de personas es la privación de libertad que puede consistir en un arresto, detención, secuestro, legal o no, en que interviene el Estado, sea de manera directa, porque son sus agentes quienes ejecutan la detención, o indirecta, porque se trata de individuos particulares que obran con su apoyo, colaboración, con su autorización, es decir, con su permiso explícito o implícito, o con la aquiescencia estatal, es decir, con la omisión deliberada de los deberes que le corresponden al Estado para evitar la desaparición de una persona”.
Para Albán, el caso de David Romo se ajusta a esta categoría.
El jurista, asimismo, brindó un contexto histórico sobre esta problemática. Recordó que América Latina es la región donde empezó a practicarse las desapariciones de personas, como ocurrió en 1932, con la matanza de campesinos en El Salvador.
Luego, los años 60, 70, 80 y 90, con gobiernos de corte autoritario, civiles y militares, los cuales bajo la narrativa del enemigo interno convirtieron a la desaparición de personas en una estrategia represiva.
“2011-2013 fue período negro de la Patria. Las garantías más elementales que prevé la Constitución no eran observadas y miles de ecuatorianos desaparecieron y no sabemos dónde están. Eso es verdad. Y no se trata de persecuciones políticas sino de decir las cosas como son”.
Juan Pablo Albán, abogado defensor de DD.HH.
Los GDO y las desapariciones forzadas
“Hoy nos enfrentamos a un nuevo fenómeno”. Hasta mediados del presente año se contabilizan 512 casos de desaparición de personas sin resolución, de un universo de más de 3.000 denuncias. “Esto tiene que ver con el crecimiento de la delincuencia organizada”, dice Albán.
El reclutamiento forzoso de personas para integrarse a las estructuras de los grupos de delincuencia organizada (GDO) deriva en desaparición de personas. Y para el especialista una de las formas más comunes en que actúa la delincuencia organizada es el tráfico de migrantes y la trata de personas. “Y esto también deriva en desapariciones forzadas”.
¿Qué hace el Estado puntualmente frente a estos nuevos desafíos? Desde el 19 de abril de 2017, Ecuador está severamente advertido por la CIDH de que no puede continuar sin políticas de prevención de este fenómeno. Y no caben las soluciones parche, pues para Albán reparar es implementar políticas de no repetición de desapariciones forzadas.
Actualmente hay mucho temor a represalias. “Hay muchas desapariciones que no se denuncian –dice el abogado de DD.HH.–, porque la gente tiene miedo. Miedo a operadores estatales y miedo a miembros de la delincuencia organizada, delincuencia que se afianzó por las facilidades que el poder político les fue prestando en su momento”.
A la par, hay una falta de conocimiento de las vías de protección a las personas, por lo cual el Estado está en deuda, además, en la promoción de una cultura de denuncia.
TESTIMONIO
Alexandra Córdova, madre de David Romo
Soy la madre de David Romo, un joven estudiante que tenía 20 años al 16 de mayo de 2013. Cursaba el cuarto año de Comunicación social y a eso de las 22:22 fue desaparecido. Portaba un teléfono BlackBerry. Hay una última llamada en que mi hijo me dijo que estaba cerca y bien, y que me avisaría pronto para que saliera a recogerlo en el lugar donde siempre salía a recogerlo.
Pero esa llamada era un tanto extraña porque hablaba en tono bajo. Me dijo que no podía hablar más alto porque si lo hacía unas personas que parecían policías le bajaban (del bus). Ese es el último dato real que existe en el caso.
Hay un celular, hay una llamada, pero la ruta técnica todavía no existe. Al principio, la investigación estaba a cargo de la Unase. El ministro del Interior de entonces, José Serrano, me dijo que me había dado a los mejores agentes, pero esos agentes no pudieron rastrear el teléfono por cuanto (según ellos) no había la tecnología suficiente.
Todo el aparataje tecnológico público (cámaras de vigilancia, ojos de Águila) sí servía, pero para el caso de David Romo era obsoleto. Siempre pasaba algo y no podían darnos respuesta del seguimiento de David y del teléfono celular.
Ante mis innumerables reclamos frente a un aparato estatal ineficiente, crearon una “investigación” falsa en la cual, a mi hijo, a las 22:22 de ese 16 de mayo, en vez de llevarlo a la casa lo llevaron a una clínica para curar adicciones, enfermedad que no tenía.
Poco después, el propio Fiscal General, Galo Chiriboga, tuvo que dar disculpas públicas por haberse dado a conocer una información no corroborada. Simplemente se atacó a la víctima, para que la víctima se calle y no exija verdad y justicia.
Posteriormente se inició un proceso por asociación ilícita a partir del robo del celular, cuando yo denuncié la desaparición de mi hijo. Luego se abrió otro caso, esta vez por trata de personas, cuando yo denuncié la desaparición de David.
Cuando volví a denunciar estas inoperancias, el Gral Víctor Araus (entonces principal de la Dinased), junto con el fiscal Andrés Cuasapaz –quien pretende ser fiscal provincial de este país– simplemente crearon una teoría aberrante, por demás atroz.
Durante dos años y medio me tuvieron vedada de la investigación, porque se declaró una reserva total e ilegal para mí, como víctima, y para los abogados. Pero luego si me llevan a una diligencia para demostrar una teoría macabra. Me llevan a un camal metropolitano a faenar un cerdo, a cortarlo en la mitad, a sacar sus vísceras, a trozearlo y quemar dos de sus partes para decirme: eso le pasó a su hijo…»
«Durante dos años y medio me tuvieron vedada de la investigación, porque se declaró una reserva total e ilegal para mí, como víctima, y para los abogados. Pero luego si me llevan a una diligencia para demostrar una teoría macabra. Me llevan a un camal metropolitano a faenar un cerdo, a cortarlo en la mitad, a sacar sus vísceras, a trozearlo y quemar dos de sus partes para decirme: eso le pasó a su hijo…».
Entre tanto, una de las fiscales de la Comisión de la Verdad y DD.HH. de la Fiscalía General del Estado (acercándose) me dijo: señora ¿usted está bien? ¿Aguanta esto? Esta fue la actuación negligente del Estado ante la desaparición forzada de un ciudadano de este país.
Posteriormente, para que la madre calle y cerrar un caso sin verdad ni justicia, el Gral. Araus lleva a los medios de comunicación su teoría aberrante, no solo dañando la honra de David Romo Córdova sino también indicando que él sabía lo que le pasó a mi hijo y quiénes eran los responsables. Pero todo esto poco tiempo después se les cayó.
El fiscal Cuasapaz tenía la teoría de que mi hijo fue asesinado y hecho polvo, pero en plena audiencia recibe una llamada del 1 800 DELITO en la cual le dicen que el cuerpo de David Romo está enterrado al norte de la ciudad y pide al tribunal suspender la audiencia porque tiene que ir a buscar el cuerpo. Como es obvio, no le permitieron eso.
La Fiscalía y la Dinased, sin embargo, sí escarbaron tres días el norte de la ciudad para encontrar a mi hijo. ¿Cómo sostienen una teoría en que mi hijo está hecho polvo y luego salen a buscar a David? Es ilógico.
La Fiscalía General, valiéndose de sus propios errores y vulneraciones al debido proceso y a los DD.HH. de las víctimas, pide que se apele esto y que el caso vaya a la Corte Provincial de Pichincha, la cual determina la nulidad de lo actuado, a costa de fiscales, jueces y policías. Y la entidad jamás inició una actuación de oficio en contra de estas personas, quienes siguen ejerciendo sus labores, tanto así que el Gral. Araus está de candidato a la Presidencia de la República y el fiscal Cuasapaz aspira ser fiscal provincial.
El señor Serrano (cuando fue candidato a la Asamblea) manifestó en 2017 que en el caso de David se cometieron errores y demoras injustificadas, que la propia Fiscalía y la propia Policía tienen que investigar. Mi pregunta es: ¿por qué el entonces ministro, si conoció de estos errores y demoras, no actuó en su momento?
Todo esto lleva al Estado a una responsabilidad muy grave en la desaparición forzada de mi hijo, porque han existido acciones y omisiones graves en las cuales solamente ha negado justicia. Son 11 años y cinco meses esperando una justicia que no llega.