Llegamos a septiembre de este 2024 en medio de una profunda crisis de seguridad, energética, social pero sobre todo de gobernabilidad en el Ecuador. Este problema no es nuevo, pero ha alcanzado un punto crítico debido a una serie de factores que van desde la inestabilidad política hasta la violencia creciente, y la falta de confianza en las instituciones del Estado, la recurrencia de cambios en los ministerios que no responden al Ejecutivo por su poca productividad; y con un país que tiene falencias graves en casi todas sus líneas de acción.
Las famosas carreteras empiezan a mostrar su peor cara, especialmente en las vías orientales y de segunda línea como consecuencia de la falta de mantenimiento que han dejado vías cruciales para la economía del país convertidas en cara lunar, por la interminable cantidad de cráteres; esas mismas carreteras que se han convertido en el paso de la muerte por las noches del centro costero del país, especialmente en la provincia de Los Ríos, cuya problemática delincuencial va mucho más allá de las tan trilladas luchas por territorios y pugnas entre bandas delincuenciales rivales.
Esta crisis no surgió de la noche a la mañana, ni es producto de este gobierno y sus malas decisiones. Es la consecuencia de casi dos décadas de acciones permisivas o incluso alineadas con la proliferación del lavado de activos, narcotráfico y hoy por hoy de las macro rutas del alcaloide aún apetecido por los mercados de Estados Unidos de América, del europeo y del naciente mercado asiático, cargado de nuevos ricos y sus vicios de occidente.
La inestabilidad política y corrupción sistémica tampoco han sido ajenas a nuestro país, que parecía inmune al terrorismo de sus vecinos, con actores inolvidables como el legendario M19, Tupac Amaru, Sendero Luminoso, las FARC, el ELN, y otros menos conocidos. Estos pusieron en claro que la unión de quienes se llamaban revolucionarios con armas y los que tenían el capital de la droga consiguió un híbrido absolutamente letal, pues mezclaba ideologías caducas y una razón de ser para mantener unidas a las milicias con el dinero del mayor negocio internacional de un mercado clandestino que mantiene la economía de las grandes ciudades del mundo.
Durante la última década, Ecuador ha experimentado cambios significativos en su panorama político, con la transición de gobiernos de izquierda a administraciones más conservadoras. Estos cambios han generado incertidumbre y polarización en la sociedad, debilitando las instituciones del Estado y fomentando la desconfianza en el sistema judicial.
Esta mezcla de violencia sin sentido y negocio creó la figura del narco terrorismo, que impactó inicialmente en Colombia de los años 80 y 90, para convertirse en la nueva fuerza de lucha en México del 2000 hasta la presente, que muestra verdaderos ejércitos con armas y equipos que muchos países soñarían tener en sus fuerzas especiales.
Durante la última década, Ecuador ha experimentado cambios significativos en su panorama político, con la transición de gobiernos de izquierda a administraciones más conservadoras. Estos cambios han generado incertidumbre y polarización en la sociedad, debilitando las instituciones del Estado y fomentando la desconfianza en el sistema judicial, que se ha visto expuesto en su verdadera corrupción con casos como Metástasis, Plaga, Purga y otros que han dejado en claro que los tentáculos del narcotráfico financiaban resoluciones judiciales.
Para tener un contexto más claro, solo por mencionar:
En el caso Metástasis se expuso cómo se involucró a una red de jueces, fiscales y otros funcionarios públicos que, a cambio de sobornos, facilitaban la liberación de delincuentes peligrosos y manipulaban decisiones judiciales. En este caso varios jueces y fiscales fueron destituidos, incluyendo a un juez de Corte Provincial de Justicia y un fiscal de la Unidad Especializada de Samborondón. La investigación también llevó a la condena de algunos de los implicados, quienes aceptaron su culpabilidad a través de procedimientos abreviados, pero cuyas delaciones son escandalosas demostraciones de la putrefacción del sistema y el alcance casi ilimitado del narco.
El caso Purga es otro escándalo significativo que expuso una red de funcionarios judiciales involucrados en la emisión de boletas de excarcelación fraudulentas y en la falsificación de certificados médicos para liberar a criminales de alto perfil. Entre los involucrados se encontraba la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, junto con otros jueces que fueron destituidos de sus cargos.
No se puede desatender que este no es un negocio local, pues en Ecuador no existe aún una producción del famoso alcaloide, sino que es un delito de importación de la droga, armas, municiones, dinero, explosivos y hasta sicarios por la frontera verde.
Estos casos reflejan una preocupante realidad en la que el sistema judicial ecuatoriano ha sido utilizado para proteger a individuos vinculados con el crimen organizado, a través de la corrupción y la manipulación de procesos judiciales. La crisis de seguridad jurídica en Ecuador sigue siendo un tema crítico, con amplias implicaciones para la confianza pública en las instituciones del país.
Pero qué pasa cuando estos mismo expedientes fiscales muestran cómo los hilos conductores se convierten en verdadero tejido delincuencial para configurar diferentes acciones pre estructuradas por las cabezas nacionales e internacionales de la corrupción alineada con el narcotráfico y sus rutas. No se puede desatender que este no es un negocio local, pues en Ecuador no existe aún una producción del famoso alcaloide, sino que es un delito de importación de la droga, armas, municiones, dinero, explosivos y hasta sicarios por la frontera verde, y de exportación para concretar el negocio por las fronteras azules, estos es mar o aire en la contaminación de contenedores que permiten la exportación a los grandes mercados internacionales. Todo ello financiado por los carteles mexicanos, albaneses, colombianos, italianos, chinos y otros que han usado nuestro país como el gran puerto de despacho de droga por dinero.
Se ha querido combatir las economías criminales y se militarizó el país. Se declaró Conflicto Armado No Internacional, se calificó a pandillas locales como grupos terroristas por sus actos sistemáticos y creciente accionar de violencia indiscriminada, se motivó y motiva a los uniformados a disparar cual feria de fin de semana para neutralizar delincuentes por Decreto Ejecutivo. Todo ello en medio de un despliegue militar y policial que tiene una factura en extremo elevada, aún no dimensionada en todos sus aspectos, pues no es sólo la compra de toda clase de parafernalia militar y policial sino los costos del incremento de personal, movilización y de acciones extraordinarias que terminan siendo un dispendio si no se consiguen objetivos específicos para la pacificación del país que convierte a ese gasto en inversión nacional para subsistir como Estado.
Uno de los aspectos más visibles de la crisis en Ecuador es el aumento alarmante de la violencia y la criminalidad que ya no afecta sólo los más pudientes, sino que golpea todos por igual, en todos los niveles sociales y culturales. En el 2024, el país ha visto un incremento en los índices de homicidios, secuestros y delitos relacionados con el narcotráfico. Este auge tiene alertas importantes de por qué no se realizan condiciones elementales en esta guerra interna como, por ejemplo, el aseguramiento militar de todos los puertos y aeropuertos que mermen la economía de exportación criminal, o por qué no se ha invertido realmente en medios tecnológicos para el aseguramiento de carreteras y vías de segundo y tercer orden por donde circulan los camiones de la muerte, cargados de droga, armas, municiones y combustible. Esto responde a un acto de negligencia, impotencia operativa o simplemente de complicidad al estilo del capitán Telmo Castro y su historia con el narco.
Los ministerios no entienden la necesidad de una interacción real y profunda que evite que los colegios sean focos de reclutamiento criminal o sitios de expendio para enfermar a nuestra juventud y hundirla en el mundo de las drogas y la violencia que hoy nos aqueja a todos.
La crisis de seguridad jurídica y social en Ecuador tiene profundas implicaciones, pues se evidenció en el asesinato orquestado de Fernando Villavicencio, quien se encontraba rodeado de medio centenar de policías, con una oscura y mal investigada línea de tiempo de los hechos, sumado a que los sicarios importados para este crimen, fueron detenidos previamente, puestos en libertad por esa justicia de la que hablaba en líneas anteriores, y observados cómo ejecutaban el asesinato con casi total impunidad en una concentración política a 200 metros del Complejo Judicial Norte y la Plataforma Gubernamental. Y si bien fueron detenidos casi inmediatamente en otra oscura historia de “sagacidad investigativa” (que quedó desmentida por los propios policías en la audiencia del juicio de asesinato de FV) mezclado con un error garrafal en la percepción del análisis de riesgo de esta estructura delictiva y su objetivo real. Este caso puso en la palestra pública la falta de seguridad y la desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar esa misma seguridad. Ello ha llevado a un aumento en la migración, tanto interna como externa. Muchas personas, especialmente jóvenes, están abandonando sus hogares en busca de un lugar más seguro o de oportunidades económicas que en el país parecen inalcanzables.
Enfrentar la crisis del Ecuador de 2024 requiere un enfoque integral, mucho más allá de los chalecos y cascos o de entradas triunfales con blindados por estrenar a Durán, o de los discursos ambiguos de su ministra de Interior que no ha pisado los cuarteles orientales para entender cómo viven los policías a los que se les exige todo pero no se les ha dado sino migajas para levantar su orgullo y que sigan poniendo el pecho a las balas, que suman semana tras semana una nueva baja que enluta a las familias policiales.
Los ministerios no entienden la necesidad de una interacción real y profunda que evite que los colegios sean focos de reclutamiento criminal o sitios de expendio para enfermar a nuestra juventud y hundirla en el mundo de las drogas y la violencia que hoy nos aqueja a todos. Es necesario recuperar el espacio público y dar alternativas de trabajo, permitir los emprendimientos reales atados a un turismo seguro o a la inversión pequeña o mediana sin boleteo. Se necesita que el liderazgo presidencial aborde tanto las causas profundas como los síntomas más visibles del problema, pero eso es difícil de ejecutar si se está solo pensando en la campaña electoral que ya arrancó: a la vista, tenemos el mismo circo político de siempre que implica ofrecer sin entender cómo hacer.
Es claro que se debe enfrentar un problema complejo y multifacético que requiere una respuesta integral y coordinada, no solo la represión y la libre capacidad de disparar a mansalva. Hay que luchar contra la inestabilidad política, la corrupción, la violencia y la falta de confianza en las instituciones fundamentales del Estado, partiendo de la justicia, hoy prostituida y parcializada selectivamente. Sin embargo, con voluntad política y el compromiso de todos los sectores de la sociedad, es posible enfrentar esta crisis y construir un Ecuador más seguro, justo y próspero para todos sus ciudadanos, teniendo en claro que este proceso no será fácil ni rápido, pero es necesario para garantizar el futuro del país. Si no luchamos ahora contra todo lo que sabemos y vemos, si dejamos o permitimos que se fortalezca más la podredumbre reinante, no tendremos país que entregar a nuestros hijos. Así que a luchar o luchar….