Hubo pocas sorpresas durante el segundo debate del proyecto de Ley de Inversiones planteado por el Gobierno, que fue suspendido hasta el jueves 24 a las 13:00, en busca de más tiempo y nuevos ajustes.
Bloques como UNES, Izquierda Democrática y Pachakutik anunciaron su rechazo a la propuesta legal y plantearon su archivo, mientras que el bloque del Partido Social Cristiano y el oficialismo presentaron la cuestión como una ley indispensable para la generación de empleo y se esforzaron en destacar sus bondades.
En un comunicado, el propio Gobierno reiteró sus afirmaciones sobre que los cuestionamientos a la Ley, a la que desde la centro izquierda acusan de privatizadora, eran equivalentes a estar en contra de crear nuevos empleos en el país. El Gobierno sostiene que su propuesta legal es clave para obtener los 30 mil millones de inversión extranjera que debería haber en el Ecuador durante su administración e, inclusive, en su reciente visita a Chile, Lasso habló de ventajas contenidas en la propuesta legal que aún no se aprueban.
COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional exhorta a la @AsambleaEcuador a sensibilizarse con las necesidades ciudadanas y a priorizar los intereses del país, apoyando al proyecto de #LeyDeInversiones en cumplimiento con la responsabilidad encomendada por el pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/fofjF1Jlr1
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) March 22, 2022
En horas de la tarde, el propio presidente Lasso emitió un mensaje en sus redes sociales asociando los posibles nuevos empleos con la inversión extranjera en sectores estratégicos como hidrocarburos, telecomunicaciones o minería.
Mi mensaje a los ecuatorianos sobre la #LeyDeInversiones.
Porque su aprobación es el único camino para generar empleo y reactivar la economía del Ecuador. Quien se opone a esta ley, le da la espalda al país. pic.twitter.com/JUPBoIgxE7
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 22, 2022
El «exhorto» del Gobierno a la Asamblea evidencia su carencia de votos, mientras contra el proyecto habría por lo menos 87 legisladores. Y esta vez, para que no queden dudas o se les pase por el ministerio de la ley, se ha mocionado ya claramente el archivo de la propuesta legal.
Por el archivo están UNES, Pachakutik y la Izquierda Democrática, y durante el debate que tuvo lugar durante la mañana y parte de la tarde de este 22 de marzo, quedó claro que la línea de los bloques se mantiene.
Dos posturas claras
El ponente del proyecto, Daniel Noboa Azín, quien es legislador por Santa Elena e hijo del magnate Álvaro Noboa Pontón, defendió la iniciativa legal y sostuvo que la iniciativa producirá crecimiento y más empleos en el país.
La defensa del proyecto vino sobre todo de bloques como CREO y el PSC. La oficialista Nathalie Arias destacó sobre todo una posible reactivación económica y descartó que sea una puerta a la privatización de servicios como la salud. También defendió las zonas francas que se plantean en la norma legal.
Francisco Jiménez, también de CREO, defendió la propuesta como una opción para cambiar las relaciones entre el sector público y el privado. Juan Fernando Flores, también oficialista, se sumó a la cerrada defensa.
De su lado, Joel Abad, de Pachakutik, sostuvo exactamente lo contrario: la propuesto del Gobierno, aseguró, busca privatizar los bienes públicos en beneficio de las multinacionales. Su compañero de bancada, Cristian Yucailla, aseguró que todo el libro primero propuesto en la ley debería ser eliminado, que es la postura de Pachakutik.
A las críticas se sumó la Izquierda Democrática, cuyo jefe de bancada, Marlon Cadena, destacó la necesidad de inversión pero cuestionó el enfoque propuesto por el Gobierno. Cadena sostuvo que se debe archivar el proyecto de ley. Su compañera de bloque, Yesenia Guamaní, explicó que la ID ha presentado 72 observaciones sobre el proyecto de ley.
Las críticas fueron duras desde el correísmo, con asambleístas como Viviana Veloz, que destacó que la norma tiene algunos criterios que ya fueron negados por la Asamblea en una ocasión anterior. Blasco Luna, también de UNES, advirtió sobre una «privatización a la carta» con la norma planteada. Jahiren Noriega, de la misma bancada, advirtió sobre los elementos de especulación financiera de la norma.
Para el PSC, son necesarios algunos «candados» en la norma, para establecer que concesión no es lo mismo que privatización, dijo Henry Kronfle, quien en general calificó a la propuesta legal como positiva. Más temprano, el bloque del PSC precisó en el vestíbulo del Palacio Legislativo que su apoyo no tenían ningún condicionamiento de por medio. Pero el apoyo del PSC, sumados a los votos del oficialismo y los alineados con el régimen no alcanzan a los 70 que son necesarios para aprobar la norma, por lo que si las posturas sobretdo en ID y Pachakutik no cambian, la situación es compleja para el régimen.
Pero el apoyo del PSC, sumados a los votos del oficialismo y los alineados con el régimen no alcanzan a los 70 que son necesarios para aprobar la norma, por lo que si las posturas sobretdo en ID y Pachakutik no cambian, la situación es compleja para el régimen.
Tras varias horas de debate, Noboa Azín pidió el retorno del proyecto a su comisión, para incorporar nuevas observaciones y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, decidió suspender la discusión hasta este jueves a las 13:00. El plazo para que la Asamblea se pronuncie concluye ese mismo día, y sino se produce un pronunciamiento, entraría en vigencia por el ministerio de la ley, como ocurrió con la ley tributaria, aunque en este caso parecería estar claro en los bloques de oposición apoyar el archivo.
Varios de los legisladores cercanos al Gobierno creen que precisar el tema de las concesiones, de manera que quede claro que no se puede entregar negocios rentables del Estado a manos privadas. Se espera que en las próximas 48 horas se logren más votos, aunque Noboa Azín precisó que es imposible eliminar todo el libro primero como propone Pachakutik. «Sino hay los votos hasta el jueves vamos hacia el archivo. Solo esperamos que otra vez no se equivoquen los correístas y se abstengan», dijo un legislador, lo que podría llevar a un nuevo caso de vigencia por el ministerio de la ley.