La evolución de la crisis carcelaria en Ecuador

En los últimos cinco años, Ecuador se ha visto sumido en la violencia y en un caos criminal sin precedentes en su historia moderna. Las raíces de esta crisis de seguridad pueden rastrearse directamente en el sistema penitenciario del país y en las redes criminales que han crecido en su interior. La evolución de estas redes puede explicarse por la interacción entre reformas gubernamentales fallidas, debilidades institucionales, dinámicas criminales nacionales e internacionales y la actuación de actores criminales clave. Para una historia completa del sistema penitenciario ecuatoriano, lea el informe de InSight Crime sobre el sistema penitenciario ecuatoriano aquí.

El pecado original de Ecuador: leyes punitivas y hacinamiento carcelario

Los inicios de la crisis penitenciaria de Ecuador se remontan a una de las leyes antinarcóticos más punitivas del hemisferio occidental, que llenó las prisiones del país por encima de su capacidad con infractores menores que cometían delitos relacionados con las drogas y el sistema se esforzó por hacer frente a la situación. Las prisiones superpobladas sufrían el desmoronamiento de su infraestructura, las pésimas condiciones sanitarias, de atención médica, y alimentación, y los inadecuados programas de educación y rehabilitación. La  corrupción era generalizada —con guardias penitenciarios que introducían contrabando, cobraban a las personas privadas de libertad (PPL) por servicios básicos como acompañarlos a citas médicas o audiencias judiciales, y vendían mejores condiciones de vida—.  Los miembros de bandas carcelarias ganaron poder en el sistema, al traficar y vender drogas, alcohol y armas, extorsionar a otros presos, y amenazr e incluso asesinar a los funcionarios de prisiones.

1991: Entra en vigor la Ley 108: La Ley 108, una de las leyes sobre drogas más punitivas de la región, equiparaba los delitos relacionados con las drogas al asesinato, el robo a mano armada, y la violación y el secuestro. También establecía penas mínimas obligatorias de 10 años e introducía el principio de “inversión de prueba”, lo que significaba que los acusados de delitos relacionados con drogas se consideraban culpables a menos que pudieran demostrar su inocencia.

Julio de 2005: El director de una cárcel de Guayaquil, Eddy Henríquez, es asesinado. Henríquez fue abatido a tiros cuando salía de la prisión, al parecer por sus intentos de controlar la entrada de drogas y armas en el centro.

Abril de 2007: La directora de una prisión de Guayaquil, Elba Soledad Rodríguez León, es asesinada. Rodríguez fue baleada por dos pistoleros que actuaban por orden de un jefe de una banda de Guayaquil, William Poveda Salazar, alias “El Cubano”. 

El nuevo sistema de Correa, con viejos problemas

El gobierno de Rafael Correa prometió construir un sistema penitenciario totalmente nuevo, basado en una visión de rehabilitación por encima del castigo. La construcción de nuevas “mega cárceles” y las reformas del código penal que suavizaban las penas por delitos de drogas ayudaron inicialmente a hacer frente al hacinamiento. Pero las nuevas instalaciones estaban mal construidas y mal gestionadas, carecían de instalaciones y servicios básicos, mientras que el sistema de rehabilitación apenas funcionaba. El hacinamiento no tardó en reaparecer tras un giro político en el código penal, agravado por el fracaso a la hora de abordar el uso excesivo de la prisión preventiva. Las redes de corrupción y el crimen organizado aprovecharon el vacío y convirtieron las fallas del Estado en lucrativos negocios.

Con la población concentrada ahora en las mega cárceles, estos negocios produjeron enormes ganancias, y las prisiones se convirtieron en una de las economías criminales más importantes de Ecuador. Este dinero, junto con el creciente acceso al tráfico transnacional de cocaína a través de la prestación de servicios a una generación emergente de narcotraficantes ecuatorianos, financió la expansión de Los Choneros, que crecieron reclutando a bandas carcelarias para una federación criminal más amplia. 

Cronología

Enero de 2007: Rafael Correa asume la presidencia. Correa toma posesión declarando que las prisiones son una “bomba de tiempo” que él desactivaría con reformas progresistas.

Septiembre de 2011: El líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, es arrestado. Desde las cárceles, Rasquiña y su principal lugarteniente, José Adolfo Macías, alias “Fito”, se dedican a reclutar a otras bandas para formar una federación criminal.

2012: Comienza la construcción de las “mega cárceles”. A medida que el hacinamiento alcanza la cifra récord del 174% de su capacidad, se inicia la construcción de nuevas instalaciones en Turi, Latatunga y Guayaquil, además de la renovación de la prisión del Litoral en Guayaquil. Cuando se terminó la renovación, la capacidad de la prisión aumentó a 29.000. Más de la mitad de las PPLs están recluidas en estas cuatro instalaciones.

2012: Comienza el boom de la cocaína en Colombia. La producción de cocaína en Colombia inicia un período de crecimiento sostenido, que alcanzó máximos históricos. Esto, sumado al surgimiento del puerto de Guayaquil como ruta principal hacia los crecientes mercados de consumo en Europa, convierte a Ecuador en un centro mundial de cocaína y propicia el surgimiento de una nueva generación de narcotraficantes nacionales. 

2014: Entra en vigor el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). La nueva ley suaviza las leyes sobre drogas y permite la liberación anticipada de más de 2.000 personas. El hacinamiento en las cárceles se reduce a cero y los niveles de violencia caen en picada.

2015: Se revisa el Código Penal: Se aplican directrices más duras para la imposición de penas con una revisión del Código Penal. En el plazo de un año, vuelve el hacinamiento, y el sistema alcanza el 122% de su capacidad a pesar de la apertura de las nuevas instalaciones.

Destripar el sistema

El sucesor de Correa, Lenin Moreno, redujo drásticamente el presupuesto para el sistema penitenciario y desmanteló el ministerio responsable de su funcionamiento. En su lugar, el gobierno creó un nuevo organismo que desde entonces se ha hecho famoso por su corrupción e incompetencia: el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Esta medida básicamente destruyó el sistema penitenciario en el momento exacto en que Los Choneros tomaron el control de las prisiones mediante continuos ataques contra bandas rivales. Al mismo tiempo, Los Choneros utilizaban su federación de bandas para expandirse en zonas estratégicas para la criminalidad, como Guayaquil y Esmeraldas, e intentaban ascender en el tráfico de cocaína estableciéndose como contratistas directos de organizaciones transnacionales de narcotráfico. Estas maniobras llevaron a Los Choneros a la cima del poder, pero duró poco, ya que el asesinato de Rasquiña provocó la desintegración de su federación.

Mayo de 2017: Lenín Moreno asume la presidencia: Moreno asume el cargo con planes de reformas estructurales radicales dirigidas a lo que denunció como los ministerios gubernamentales “mimados” e innecesarios de la era de Correa. 

Enero de 2019: El gobierno disuelve el Ministerio de Justicia y crea el SNAI. La reforma, acompañada de una enorme reducción del presupuesto de funcionamiento del sistema penitenciario, debilita masivamente el funcionamiento y la capacidad de las autoridades penitenciarias. 

Junio de 2019: El Cubano es asesinado: Una serie de asesinatos y masacres dirigidos contra la coalición de bandas guayaquileñas que conforman los principales rivales de Choneros en las cárceles culmina con el brutal asesinato de El Cubano en la cárcel La Regional.

Junio de 2020: Rasquiña sale de prisión. Una sentencia polémica y presuntamente corrupta libera al líder de Los Choneros. Más tarde, un juez terminaría en prisión y otro sería investigado. 

Agosto de 2020, Los Choneros matan a 11 Lagartos. La matanza en la prisión de Litoral fue la mayor masacre carcelaria de Ecuador hasta la fecha. Posteriormente, Los Lagartos restantes depusieron las armas y negociaron su traslado a un pabellón más aislado de la prisión. Con ello, Los Choneros afianzaron su control sobre las instalaciones principales, mientras que Los Lagartos recibieron una base de operaciones protegida y alejada de sus rivales.

Diciembre de 2020: Rasquiña es asesinado. El misterioso asesinato de Rasquiña en un centro comercial de Manta provoca la ruptura de la federación de Los Choneros.

El asesinato de Rasquiña provocó un realineamiento del mundo criminal ecuatoriano, ya que antiguas facciones de Los Choneros se separaron para formar una nueva coalición liderada por Los Lobos y atacaron lo que quedaba de la red de Los Choneros. A medida que las alianzas y lealtades fluctuaban, el conflicto entre lo que ahora eran numerosas mafias carcelarias disparó los índices de violencia. En las prisiones, una serie de brutales asesinatos en masa hizo que la tasa de muertes violentas aumentara de 8,1 por cada 10.000 reclusos en 2019 a 83,5 en 2021. Esto se reflejó en las calles, donde las redes de bandas enfrentadas hicieron que los índices de asesinatos se dispararan de 7 por cada 100.000 habitantes a 47 durante el mismo periodo. Tras el primer estallido de violencia en las prisiones, las autoridades separaron a las bandas, dejando cada pabellón bajo el control de un solo grupo. Cuando más tarde las autoridades intentaron intervenir en esta dinámica mediante traslados masivos, se produjeron los primeros incidentes de violencia política, ya que las mafias utilizaron por primera vez tácticas de terror para presionar al Estado. Esto culminó con el asesinato del candidato presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio.

Febrero de 2021: La violencia en múltiples cárceles deja 79 muertos. El conflicto entre Los Choneros y La Nueva Generación estalla en una jornada de violencia en la que las diferentes mafias atacaron a sus rivales en cárceles de todo el país. A raíz de la violencia, las autoridades separaron a las diferentes bandas, consolidando el control mafioso sobre las prisiones.

Septiembre de 2021: Los enfrentamientos en Litoral dejan al menos 119 muertos.  Un enfrentamiento entre mafias rivales desemboca en la masacre carcelaria más mortífera de la historia de Ecuador. Este único día de violencia representaría más de una cuarta parte de las 459 muertes registradas por el Ministerio de Defensa en 14 incidentes de violencia masiva entre 2021 y 2023. 

Abril de 2022: 20 muertos en una masacre en la prisión de Turi: Estalla la lucha entre Los Lobos y la banda R7 en un primer signo de la fractura de la coalición liderada por Los Lobos. La disputa entre ellos daría lugar a cinco masacres posteriores, que cobraron la vida de 94 personas.

Octubre de 2022: El narcotraficante Leandro Norero es asesinado en una masacre carcelaria que deja 16 muertos.  El asesinato de Norero, principal respaldo y financiador de la Nueva Generación, precede a otro alineamiento criminal, ya que varias mafias restablecen relaciones con Los Choneros y lanzan una nueva guerra contra Los Lobos.

Noviembre de 2022: El gobierno ordena traslados masivos en medio de la violencia callejera: Una serie de ataques violentos aparentemente coordinados, incluidos carros bomba y el asesinato de agentes de policía, se producen mientras el gobierno ordena el traslado de cientos de PPLs fuera del Litoral.

Agosto de 2023: El candidato presidencial Fernando Villavicencio es asesinado: El ex periodista convertido en político fue asesinado en un acto de campaña. Su carrera investigando y denunciando el crimen organizado y la corrupción le había dejado una larga lista de enemigos, pero Los Lobos aparecerían como los principales sospechosos del asesinato. 

Noviembre de 2023 Daniel Noboa asume la presidencia en unas elecciones especiales: El joven vástago e hijo de un magnate bananero había hecho campaña inicialmente sobre la importancia de las intervenciones sociales en la lucha contra el crimen organizado. Pero a medida que aumentaban los temores de la opinión pública tras el asesinato de Villavicencio, cambió de rumbo con una serie de propuestas para dar una respuesta militarista de mano dura a la crisis de seguridad.

La militarización y el nuevo ciclo criminal

Daniel Noboa, el recién electo presidente de Ecuador, declara que el país se encuentra en un “conflicto armado interno” con 22 grupos “terroristas” después de que sus intentos de utilizar las fuerzas de seguridad para destituir a los principales líderes de la mafia desencadenaran dos días de caos y violencia en las calles y en las prisiones. Su gobierno despliega a los militares para hacerse cargo de las prisiones y dirigir una dura represión de la seguridad en las calles. A pesar de las pruebas de abusos contra los derechos humanos cometidos por los militares en las prisiones, de los crecientes indicios de corrupción entre los soldados convertidos en guardias de prisiones y de los esfuerzos de las mafias por intimidar a los funcionarios de prisiones con amenazas y violencia, los militares permanecen en las prisiones. En las calles, el debilitamiento de los lazos de liderazgo resultante, junto con los ciclos de conflicto criminal que se repiten constantemente, alimentan una tendencia a la atomización de las redes mafiosas. 

Enero de 2024: Fito escapa: Noboa despliega al ejército y a la policía para trasladar a los principales líderes de las bandas. Sin embargo, cuando irrumpen en La Regional para desalojar a Fito, éste ya ha escapado. Los movimientos desencadenan dos días de violencia callejera coordinada por las bandas, que culminan con la toma de un canal de televisión.

Enero de 2024: Noboa declara la guerra. El presidente responde a la violencia declarando que Ecuador está en un “conflicto armado interno” con grupos “terroristas” y recurre a la militarización de la seguridad, desplegando a los militares en las cárceles y en las calles.

Abril de 2024: Asesinan al director de la cárcel de Rodeo, Damián Parrales Merchán. El asesinato de Parrales sería el primero de tres asesinatos de directores de prisiones en 2024, en un intento de las mafias por reafirmar su poder.

Junio de 2024: Comienza la construcción de la nueva prisión de Santa Elena. El nuevo centro de máxima seguridad está diseñado para albergar a 800 de los presos más peligrosos de Ecuador. Hasta la fecha, es la única medida importante que ha tomado el gobierno para abordar la crisis penitenciaria desde el despliegue de los militares.

Noviembre de 2024: 15 muertos en masacre en cárcel de Litoral. La violencia carcelaria regresa con una masacre en un pabellón de Litoral donde varias bandas se disputan el control. La masacre es seguida por un ataque con explosivos en un barrio de Guayaquil.