Bocanada a bocanada, centavo a centavo, buena parte de los consumidores de cigarrillos en el país engrosa, quizás sin saberlo, las billeteras de los grupos de delincuencia organizada (GDO). ¿Cómo? Pues ocho de cada diez cigarrillos que se venden en el país son de origen ilícito y los GDO apuntan al contrabando de este producto como una de las maneras más “seguras y pacíficas” de lavar su dinero sucio.
En la tienda del barrio o en el parterre de las principales avenidas del país, un cigarrillo ilegal cuesta desde los 25 centavos de dólar. Un tendero y un vendedor de esquina, por citar dos casos documentados en Quito, adquieren semanalmente no menos de dos paquetes de cigarrillos en el sector de El Tejar, centro capitalino. Cada paquete incluye 10 cajetillas.
Hasta el mercado de El Tejar llegan pacas con 500 cajetillas desde Ibarra. Y a la capital imbabureña llegan por dos rutas, que implican dos “costos operativos” distintos. Una, la más corta pero la más cara, desde Carchi. Otra: desde Esmeraldas, vía San Lorenzo-Lita-Salinas. En varios casos, las pacas viajan disfrazadas de cajas de electrodomésticos o de bultos de ropa. En los radares policiales y aduaneros se repiten tres nombres de organizaciones que activan, a la cabeza y desde la sombra, este “ejército de hormigas”: Los Lobos, Los Tiguerones y Los Choneros.
El costo logístico para internar ilegalmente una paca de cigarrillos (500 cajetillas) fluctúa entre USD 900 y USD 1.200. Ya en el país, los capos las venden en más del doble y con menos riesgos. Colocar un kilo de cocaína en frontera, en cambio, les representa USD 1.680.
De la cocaína al cigarrillo
“Los GDO se dieron cuenta de que introducir ilegalmente cigarrillos es mucho más rentable que poner cocaína en la frontera”, dice Francisco Estupiñán, CEO de Fexlaw Abogados y exasesor del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Con base en análisis del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Estupiñán dice que un kilo de esta droga colocado en frontera supone una “inversión” de USD 1.680. Entre tanto, el costo logístico para colocar una paca de cigarrillos en frontera puede representar entre USD 900 y USD 1.200 y su primera venta a distribuidores en Ibarra, por citar los casos mencionados en el párrafo anterior, ocurre entre los USD 1.500 y los USD 1.800. Es decir, el capo no solo recupera “su inversión”: la duplica.
El jurista esgrime otras razones. Los casos de contrabando fronterizo que llegan a sentencia condenatoria implican una pena de tres años de cárcel; en narcotráfico puede ser hasta 18 años. “Por eso los GDO han inundado el país de cigarrillos ilegales”.
Invamer es una de las firmas de investigación de mercados que mejor ha retratado la incidencia de los cigarrillos ilegales en el país. Su reporte 2026 (ver infografías) indica que 84 de cada 100 cigarrillos que se comercializan en el país tienen como origen el contrabando. Para esbozar un contexto regional, la filial británica de la consultora global KPMG muestra que, entre 11 países de América, Ecuador está en segundo lugar, tras Panamá, como los principales mercados inundados por cigarrillos ilegales.
Participación del cigarrillo ilegal en 11 países de América
En Esmeraldas, el 100 por ciento de los cigarrillos que se expende es ilegal. La media nacional es del 84 por ciento.
En la tienda de barrio o en cualquier parterre pululan marcas como Carnival, Silver Elephant o Modern. De acuerdo con Invamer, el 74,9 por ciento de cigarrillos ilegales proviene de Asia. Corea del Sur es “La Meca”: Carnival acapara el 47,6 por ciento de la comercialización ilegal (seguidas de Silver Elephant y Modern, de origen chino). Esta marca tiene un curioso antecedente: es producida formalmente por la empresa Korean Tomorrow & Global (KT&G), pero se destina en el 99,9% a la exportación a América Latina. El tabaco preferido por los surcoreanos se llama Esse y es producido también por KT&G. Por eso, marcas como Carnival son reconocidas en la industria y en los sectores aduaneros globales como illicit whites: es decir, productos desarrollados por firmas legales, pero cuyo destino final termina siendo el contrabando.
Hasta el ciclo 2023-2024, los cigarrillos llegaban al país en un 70 por ciento por puertos marítimos, especialmente en el circuito Asia-Panamá, y en un 30 por ciento por fronteras terrestres. Francisco Estupiñán, CEO de Fexlaw Abogados, considera que actualmente la relación pudiera ser 50/50.
Un nodo clave para el tráfico terrestre es Buenaventura, puerto del Pacífico sur colombiano. Por allí se distribuye el cigarrillo ilegal que permea las provincias del norte de Ecuador. Unos cargamentos van por Tumaco y entran por Esmeraldas, otros siguen la ruta Cali-Popayán-Pasto-Ipiales-Tulcán.
Según el reciente reporte de Invamer (ver infografías), casi el 100 por ciento de cigarrillos que se consumen en Esmeraldas proviene del contrabando. En Manabí, Los Ríos y Guayas es el 97 por ciento. ¿Qué pasa en la Sierra? Bolívar: 80 por ciento; Pichincha, 76 por ciento; Imbabura: 73 por ciento. La Amazonía registra el mismo promedio nacional: 84 por ciento.
Incidencia del cigarrillo ilegal en las provincias del país
El ICE como punto de quiebre
La cifra reciente de Invamer expone un salto brutal en los últimos 10 años. Si hoy, 84 de cada 100 cigarrillos que se venden en el país son ilegales, en 2016 eran apenas la mitad: 42 de cada 100. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Andrés Robalino, director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, aporta una respuesta. “Cuando Usted pone impuestos para que la gente deje de consumir un producto, lo cual no ha resultado en ninguna parte del mundo, el impuesto genera algo prohibido y beneficioso para el ilegal”. Lo dice en relación con el ICE (impuesto a los consumos especiales) que se estableció para los cigarrillos, a finales de 2011, con la supuesta intención de reducir el consumo de este producto en la sociedad.
Por aquel entonces, Robalino recuerda que la incidencia de cigarrillos ilegales aún era marginal, pues en Ecuador todavía existía una industria formal. Los informes históricos de Invamer refuerzan lo dicho. En 2013, apenas cuatro de cada 100 cigarrillos que se comercializaban en el país eran de origen ilegal.
Pero el ICE fue aumentando gradualmente y en cinco años, hasta 2016, se incrementó en un 73 por ciento. Desde entonces, el crecimiento del contrabando fue exponencial. Tanasa, la principal industria tabacalera del país, cerró su planta en 2021. Ese año, de acuerdo con Invamer, 80 de cada 100 cigarrillos provenían del contrabando.
Desde que está en vigencia el ICE para los cigarrillos (2011), el contrabando hizo que el Estado deje de recibir alrededor de USD 2.600 millones en tributos.
“Cuando se establece un impuesto —reflexiona Robalino—, debe haber una estrategia hacia adelante y otra hacia atrás. Una estrategia en que sobre el ICE haya un control a las importaciones, al consumo, a los resultados verificables de la reducción del consumo del tabaco, lo cual no hubo y no hay, porque esa es la consecuencia de establecer impuestos por razones ideológicas y no técnicas”.
Robalino concluye que tal decisión ideológica incentivó “no sé si directa o indirectamente a los GDO a transformarse en los dueños del tabaco y a determinar que el comercio ilegal alcance hoy el 84 por ciento del mercado”.
¿Y la mentada intención de reducir el consumo de tabaco en la sociedad ecuatoriana? No hay tal. Con base en los informes de Invamer, el jurista Francisco Estupiñán dice que el consumo ha aumentado. Según la firma, la intensidad de consumo diario de cigarrillos ilegales pasó de 5,42 unidades en 2023 a 6,23 unidades en 2025, y Robalino aporta otro dato elocuente: en 15 años de vigencia del ICE para el cigarrillo, en campañas educomunicacionales para prevenir o reducir el consumo. El Estado ha invertido apenas USD 100.000.
En la orilla opuesta, dice el Director del Comité Empresarial Ecuatoriano, el Estado ha dejado de percibir alrededor de USD 2.600 millones de impuestos, debido al contrabando de cigarrillos.
Cómo quitar a los GDO su “nueva golosina”
Tanto Andrés Robalino, director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, como Francisco Estupiñán, exasesor del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., piensan que son claves las estrategias intersectoriales que pongan énfasis, de entrada, en una revisión al ICE al cigarrillo y en la tecnificación de políticas de control del contrabando.
Robalino considera que sobre el ICE se debiera pensar en volver a una suerte de “línea base” correspondiente al momento en que el tributo era elástico, es decir, cuando el ritmo de crecimiento de la tasa y lo que recaudaba el Estado iban a la par. Cuando se decidió el incremento anual de la tasa, en el Ecuador ocurrió todo lo contrario y el Fisco dejó de percibir USD 2.600 millones, aproximadamente, durante todo el período incentivando la informalidad e ilegalidad. “El Estado está cobrando menos impuesto con una mayor tasa, porque la formalidad cayó y un ejemplo gráfico de esa situación es que la única industria del sector cerró sus puertas”.
Para el Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, la siguiente pregunta es si debiera eliminar el incremento gradual del ICE y congelar el monto en el porcentaje registrado cuando el impuesto aún era elástico, “para lo cual es necesario que se emita un Decreto Ejecutivo, en donde se decida regresar a la tasa del ciclo en que la tasa aún era elástica”.
“Bajemos el ICE, de acuerdo, pero hagamos más controles. Porque no puedo bajar el ICE y dejar la frontera como está”, dice al respecto Francisco Estupiñán. Para el CEO de Fexlaw Abogados, la revisión de esta tasa es el punto de partida y explica que actualmente lo que se grava por ICE a un cigarrillo legal ya supera el valor en que se vende una cajetilla de cigarrillo ilegal. Estupiñán subraya que la acción debe ser interinstitucional entre varios ministerios, la Aduana, el SRI, la UAFE, la Superintendencia de Compañías, etc.
Al respecto, Andrés Robalino recuerda que cuando cumplía funciones como Viceministro de Economía, en enero de 2025, organizó una mesa con delegados de ocho entidades y la conclusión fue la misma: “el incremento gradual del ICE está destrozando la formalidad del sector”. La respuesta que quedó en el limbo es si el incremento de la tasa hizo que más ecuatorianos dejaran de fumar…
Tras la discusión sobre el ICE, para Francisco Estupiñán son fundamentales algunos cambios normativos. “Es claro que el tema del contrabando no se resuelve metiendo presa a la tenderita de la esquina, pero sí debe haber cambios en los reglamentos de intendencias y en las normativas de los municipios para establecer sanciones administrativas al comerciante minorista, porque son parte de la problemática en tanto el 68 por ciento de los cigarrillos ilícitos se comercializa en las tiendas de barrio”. Para el experto, el camino pudiera ir de una notificación a una sanción económica y hasta el cierre de establecimiento, si se evidencia acciones recurrentes.
Estupiñán considera que sí hay acciones de control por parte del Gobierno, tanto en puertos como en sectores conflictivos de las grandes ciudades, como El Tejar en Quito o la Bahía en Guayaquil, lo cual se evidencia en que en los últimos tres años la tasa de comercio ilegal, si bien es altísima, se mantiene estable. ¿Cómo ir más allá? El experto considera que la implementación de ayudas tecnológicas, como la empresa Palantir, puede ser un hito importante en la supervisión de aduanas y comercio exterior para evitar contrabando, evasión fiscal y delitos transnacionales. Bien empleado, dice Estupiñán, Palantir ayudaría a erradicar ciertas discrecionalidades en la revisión de contenedores: una de las varias puntas de esta madeja de anzuelos que es el contrabando de cigarrillos.
En el ámbito de la acción penal, Estupiñán piensa que debe haber un cambio en el Código Orgánico de la Función Judicial para evitar que sujetos investigados por contrabando, por ejemplo, deban ser notificados del inicio de una investigación previa en su contra. Esto, dice, ha entorpecido el avance procesal tras varias capturas que hace la Policía en pasos fronterizos y, lo clave, no ayuda a dar con la estructura criminal que está por encima del “pasador de frontera”. Para Estupiñán hay una premisa básica en este tipo de delitos: follow the money: seguir el dinero sucio.
Otro ámbito es potenciar la inteligencia financiera y societaria para dar con la danza de prestanombres, en torno a los cuales se crean empresas fantasma para la supuesta importación de otros bienes, lo cual sirve de fachada para la internación ilegal de cigarrillos. Y también para rastrear a las empresas que en Ecuador se prestan para producir empaques y etiquetas mediante los cuales se camufla el cigarrillo ilegal. Estupiñán dice que hay varios casos de venta de cigarrillos falsificados.
En los últimos tres años, el consumo diario de cigarrillos ilegales por persona pasó de cinco a seis unidades.
La cultura de la trampa
¿Cómo Ecuador llega a estos niveles de pernicioso “emprendimiento y creatividad” para contrabandear cigarrillos simulando marcas que no corresponden? Acá inciden factores culturales individuales y hasta institucionales, que tomará años cambiar. Pero hay que dar el primer paso.
El reciente estudio de Invamer, por ejemplo, se apoya en encuestas a 1.286 consumidores de cigarrillos. El 77 por ciento de los entrevistados dice que no estaría dispuesto a pagar más por una cajetilla legal de cigarrillos. Y sí: actualmente una cajetilla de cigarrillos Carnival, por ejemplo, puede costar USD 2,30, mientras que una de empresas legales puede llegar a los USD 7.
El otro eje ataca a la cultura institucional de Ecuador. Andrés Robalino, director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, dice que “en el país es muy complejo ser formal. Para serlo se necesitan entre nueve y 10 meses de procesos, permisos, obtención de licencias, certificados y demás”.
Robalino dice que en Ecuador hay muchas leyes, varias de ellas muy buenas. Pero esto genera una burocracia que activa “una maraña de procesos”. Y aquí se genera un caldo de cultivo para el atajo, la palanca o la trampa para acelerarlos. Con base en un estudio reciente de la consultora estadounidense Ernst&Young, el analista dice que todos esos “atajos” conforman una “economía sombra” que mueve USD 26.000 millones. Entonces, ante esa maraña de trámites, “el ilegal es el rey, porque no tiene que cumplir procesos: solo tiene que comprar conciencias. Y hay USD 26.000 millones para comprarlas”.