El fortalecimiento de la seguridad en Ecuador requiere un enfoque estructural que abarque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la mejora de la logística operativa de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional, así como la reestructuración de las entidades de seguridad pública golpeadas y debilitadas desde la expedición del COESCOP y sus roles secundarios, cuando deben cumplir papeles primarios en sus ámbitos de responsabilidad.
Según el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, la Policía Nacional es responsable del mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, mientras que las FF.AA. tienen un papel complementario en la defensa de la soberanía y la protección de infraestructuras estratégicas, roles que hoy están trastocados. Esto responde a una realidad cargada de promesas, de mentiras y de una situación lacerante para quienes están desplegados en territorio afrontando la realidad de la violencia.
En este sentido, la reforma de la Ley de Seguridad Pública y del Estado se hace imprescindible para dotar de mayores herramientas legales y logísticas a los organismos encargados de garantizar la paz y el orden. Vamos a tomar una decisión informada: es crucial respaldar al candidato que impulse reformas orientadas a modernizar el equipamiento de la Policía Nacional y las FF.AA., incrementando su capacidad operativa y de respuesta ante amenazas del crimen organizado transnacional.
Estrategias clave para la lucha contra el crimen organizado
Uno de los principales problemas que enfrenta Ecuador es la penetración del narcotráfico en sus fronteras y la consolidación de rutas del macrotráfico, por la falta de control de los ejes viales longitudinales y transversales. Así como la ausencia de un control efectivo en los puertos y la determinación real de ese pacto macabro que fusionó la política con el narco y le dio la forma del monstruo que hoy se debe combatir.
Las Unidades de Inteligencia, de Investigaciones del delito común o de Antinarcóticos de la Policía Nacional así como de la Fuerza de Tarea Conjunta deben ser fortalecidas a través de la cooperación internacional y la implementación de tecnología de vigilancia avanzada. En este sentido, el uso de drones, radares costeros y tecnologías de intercepción de comunicaciones se torna vital. El rol que puede tener la apertura de bases militares con soporte de países amigos en la lucha común con el narcotráfico es fundamental para contar con el apoyo de aviones especializados, que dejaron de operar al retirarse de Manta los equipos del FOL en el año 2009. El fin de estas operaciones dejó una enorme brecha, que no ha sido llenada desde entonces y que ha sido aprovechada por los grandes carteles de la droga.
La reactivación de operaciones sensibles como las de inteligencia y lucha contra el narcotráfico mediante la vigilancia aérea, el rastreo de vuelos sospechosos, así como la interceptación y desmantelamiento de redes de tráfico de drogas en alta mar y áreas de responsabilidad del mar territorial —que fueron sistemáticamente debilitadas— se deben incluir en la propuesta presidencial para su operación desde mayo del 2025.
La cooperación en defensa regional es una necesidad impostergable para un país, cuya inversión en seguridad nunca es suficiente. Más aún considerando los altos costos de capacitación, especialización y generación de experiencia operativa que implica el uso de bases para ejercicios militares conjuntos, entrenamiento en tácticas de operaciones especiales y el refuerzo de capacidades de defensa aérea y marítima. Sin dejar de lado los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de armas, y el control de áreas marítimas y aéreas.
La legislación ecuatoriana debe contemplar de inmediato reformas fundamentales en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las sanciones contra el crimen organizado y facilitar la judicialización efectiva de los cabecillas de estas estructuras. También para generar la normativa que respalde las operaciones policiales y militares en acciones regulares y extraordinarias. La tipificación de nuevos delitos relacionados con el financiamiento de grupos criminales y el blanqueo de capitales permitiría cerrar los canales económicos que sustentan estas redes delictivas.
La reestructuración de las entidades de seguridad pública
El Servicio de Vigilancia Aduanera y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) requieren una profunda reestructuración. Es imprescindible que el SNAI adopte medidas contundentes para evitar que las cárceles sean centros de operación del crimen organizado. Para ello, se deben implementar bloqueadores de señal en todos los centros penitenciarios y endurecer los controles internos para evitar la corrupción dentro del sistema carcelario. Todo ello dejando de lado las recurrentes promesas políticas y concretando acciones en las instalaciones, en lugar de realizar ingentes inversiones en nuevas instalaciones. Estas generan conflicto social y el dispendio de recursos, que son requeridos en el corto plazo para consolidar el cambio de una realidad lacerante en la fallida rehabilitación social.
Por otro lado, el Servicio de Vigilancia Aduanera debe ser dotado de mayor tecnología y fortalecer los procesos de capacitación tecnológica para controlar el ingreso de armas, drogas y bienes de contrabando a través de las fronteras terrestres y los puertos. La coordinación interinstitucional con la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado es fundamental para asegurar la efectividad de estas medidas. Pero sobre todo hay que cambiar la ambigua legislación para la operación de esta entidad, que es crucial para la seguridad tributaria y el debilitamiento de las estructuras criminales en sus aspectos logísticos. Esta entidad ha sido olvidada y casi extinta, y se pretende que su accionar sea suplantado mediante la derivación de personal policial y militar que cumplen funciones secundarias.
El voto responsable: la clave para un Ecuador seguro
Hablemos con transparencia: el destino de la seguridad en Ecuador está en nuestras manos. Elegir a un candidato con una visión clara, con propuestas viables y con el respaldo de un equipo técnico capacitado es crucial para enfrentar la crisis de seguridad. No se trata de discursos populistas ni de promesas vacías, sino de planes concretos que puedan ejecutarse con rapidez y eficacia.
Entiendo como ciudadano cuál es nuestra verdadera preocupación por la inseguridad, y como esta preocupación se vuelve cada día más cercana, legítima y justificada. Pero la solución no está en la desesperación, sino en la elección informada de un liderazgo, capaz de recuperar la tranquilidad de nuestro país. Merecemos algo mejor, y esa mejora solo será posible si votamos con conciencia y responsabilidad.
Por: Hugo Marcelo Espín Tobar