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Una sentencia sin cimientos

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En cada rincón del país donde una carretera conecta pueblos olvidados, donde un puente cruza ríos impetuosos, o donde una represa garantiza el agua para generaciones, está presente el trabajo silencioso pero fundamental del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador.

Esta unidad técnica-operativa, integrada por militares y especialistas de altísima calificación, ha sido por décadas uno de los pilares estratégicos del desarrollo nacional. No solo construyen infraestructura; construyen futuro, soberanía y esperanza. Desde emergencias viales hasta grandes obras como la represa Toachi-Pilatón, los puentes sobre el río Upano, Blanco o Lelia, o el resguardo del sistema nacional de oleoductos y poliductos, el Cuerpo de Ingenieros ha demostrado eficiencia, responsabilidad y compromiso con el país. En tiempos de crisis y en tiempos de paz, el uniforme verde oliva también ha sido sinónimo de progreso.

Uno de los militares que representó el compromiso institucional desde el Cuerpo de Ingenieros fue el coronel Juan Xavier Riofrío Játiva. Con formación en ingeniería civil y experiencia en temas relacionados con defensa y seguridad, asumió diferentes funciones administrativas y operativas dentro del Ejército. Durante su gestión participó en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura, cumpliendo con las responsabilidades propias de su cargo dentro de los marcos establecidos. Sin embargo, el 3 de marzo de 2025, se conoce de la sentencia a 9 años y 4 meses de prisión dictada en su contra por presunta participación en delincuencia organizada, dentro del denominado Caso Purga.

Esta sentencia ha generado una honda preocupación entre sectores jurídicos, militares y académicos, pues no solo afecta la honra de un miembro de la institución armada, sino que expone las graves fisuras del sistema judicial cuando se distorsionan los hechos y la verdad.

La imputación principal gira en torno a la colocación de un piso en una sala de la Corte Provincial del Guayas, supuestamente como parte de una negociación judicial. Lo cierto es que dicha instalación ocurrió cuando el coronel Riofrío se encontraba fuera del país, cumpliendo una comisión oficial en la OEA y la ONU, como consta en documentos certificados. No autorizó fondos, no firmó documentos relacionados. Las conversaciones que supuestamente lo incriminaban fueron manipuladas en su cronología, hecho reconocido por la defensa y confirmado por peritajes independientes.

Las normas internas del Ejército establecen claramente que los fondos a rendir cuentas y las acciones jurídicas no son aprobados directamente por el comandante, sino por los departamentos correspondientes, que actúan bajo su propia responsabilidad técnica y administrativa.

En ninguna parte del proceso se demostró que el Crnl. Juan Riofrío integrara una estructura criminal, participara en actos de planificación delictiva o recibiera beneficio económico alguno. Pese a ello fue sentenciado con base en presunciones, interpretaciones forzadas y testimonios contradictorios, contraviniendo principios esenciales como la presunción de inocencia, la imparcialidad judicial y el debido proceso.

El país no puede permitir que se pisotee la dignidad de quienes han consagrado su vida al servicio de la patria. Hoy, más que nunca, Ecuador necesita soldados de honor, no víctimas del sistema.

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