Cuando el presidente Daniel Noboa volvió a declarar que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno, gran parte del debate se concentró en las implicaciones para la seguridad: más presencia militar, mayores facultades para las fuerzas armadas y una respuesta más agresiva frente a las organizaciones criminales.
Pero hay una pregunta que casi nadie está haciendo: ¿Qué significa esta declaración para los miles de adolescentes que han sido reclutados, utilizados o explotados por esos mismos grupos?
Durante años, los gobiernos de América Latina han insistido en tratar a estos jóvenes principalmente como delincuentes. La lógica parece sencilla: si portan armas, participan en extorsiones, vigilan territorios o colaboran con estructuras criminales, deben responder ante la justicia.
Sin embargo, cuando un Estado afirma que enfrenta un conflicto armado, esa explicación deja de ser suficiente.
Porque las guerras no solo producen víctimas inocentes y combatientes adultos. También producen niños y adolescentes que son captados, manipulados, presionados o incorporados por actores armados.
Y el derecho internacional lleva décadas reconociendo esta realidad.
Ecuador es Estado parte del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Al ratificar este instrumento, el país asumió compromisos para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes y para promover su recuperación física, psicológica y su reintegración social cuando han sido afectados por conflictos armados. Además, los Principios de París y otros estándares internacionales han establecido de manera creciente que los niños y adolescentes asociados con grupos armados deben ser vistos no únicamente a través de una lente penal, sino también como sujetos de protección.
Esto no significa negar que algunos hayan cometido delitos.
Significa reconocer algo más incómodo: que muchos de ellos llegaron allí porque fueron reclutados, utilizados o explotados por organizaciones mucho más poderosas que ellos.
La diferencia importa. Porque si un adolescente es visto únicamente como un criminal, la respuesta del Estado termina siendo el castigo.
Pero si también es reconocido como una víctima de reclutamiento y utilización, aparecen otras obligaciones: prevención, protección, acompañamiento psicosocial, educación, desvinculación y reintegración.
Aquí surge la gran contradicción. Si el Gobierno ecuatoriano utiliza el lenguaje de la guerra para justificar medidas extraordinarias de seguridad, también debe aceptar las responsabilidades que acompañan ese lenguaje.
No puede sostener simultáneamente que los grupos criminales son actores de un conflicto armado cuando busca ampliar facultades militares, pero reducir a los adolescentes reclutados a simples delincuentes cuando llega el momento de diseñar políticas públicas.
Las dos posiciones son difíciles de reconciliar. Porque si los grupos son lo suficientemente organizados y violentos para ser considerados actores de un conflicto, entonces resulta inevitable preguntarse qué ocurre con los menores de edad que participan en sus estructuras.
¿Son únicamente autores de delitos? ¿O son también niños y adolescentes afectados por dinámicas de reclutamiento y explotación? La experiencia internacional sugiere que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Por eso los estándares internacionales insisten en que la respuesta no puede limitarse a capturar jóvenes ya incorporados a la violencia. Debe incluir esfuerzos sistemáticos para impedir que sean reclutados, así como mecanismos reales para ayudarlos a salir.
Y aquí aparecen otra preguntas incómodas. ¿Dónde está la estrategia nacional de prevención del reclutamiento? ¿Dónde están los programas de desvinculación? ¿Dónde están las rutas de reintegración para quienes quieren abandonar estos grupos?
Porque una política centrada exclusivamente en la persecución llega tarde. Actúa cuando el daño ya ocurrió.
La prevención comienza mucho antes: cuando los adolescentes permanecen en la escuela, cuando encuentran oportunidades económicas legítimas, cuando cuentan con redes de apoyo familiar y comunitario, y cuando encuentran pertenencia, reconocimiento y un proyecto de vida fuera de las organizaciones armadas.
La verdadera medida del éxito no es cuántos jóvenes terminan detenidos. Es cuántos nunca llegan a ser reclutados.
Si Ecuador ha decidido hablar el lenguaje de la guerra, también tendrá que asumir las obligaciones que ese lenguaje impone. No solo las que otorgan más poder al Estado.
También las que exigen prevenir el reclutamiento, proteger a quienes han sido captados y ofrecer caminos reales para abandonar la violencia.
Porque muchos de los adolescentes atrapados en esta guerra pueden haber causado daño. Pero también han sido dañados.
Ignorar esa realidad puede ser políticamente conveniente. Pero no hará desaparecer el problema.