En las personas, el miedo es una emoción primaria que ha evitado la extinción de la especie humana. Pero los seres humanos no nacen con miedo, el miedo se experimenta, se aprende, y se transmite socialmente a través de narrativas capaces de cohesionarnos como seres condenados a tratar de sobrevivir cada día, pues que se sepa, somos la única especie de entre todas las formas conocidas de vida que tenemos una sola cosa por cierta: sabemos que eventualmente vamos a morir.
En la política, el miedo tiene la capacidad de moldear sociedades y consolidar poderes.
En Ecuador, esta emoción se ha convertido en un factor central para entender la vida política y social de los últimos años. El país atraviesa un período de aguda violencia e inseguridad, evidenciado en estadísticas que lo posicionan como uno de los más peligrosos de la región y que destacan a varias de sus ciudades entre las más violentas del mundo. Esa lamentable circunstancia no es un resultado casual o espontáneo, sino que refleja procesos profundamente interrelacionados entre el miedo, la violencia y el ejercicio del poder. Basta con mirarnos reflejados en el espejo de lo que ocurrió en Colombia durante los años 80 y en México en los 90.
En Colombia, la década de los 80 estuvo marcada por la expansión del narcotráfico y el accionar de grupos armados ilegales. El miedo fue utilizado como herramienta tanto por los actores ilegales como por el Estado. Los carteles de la droga recurrían al terror mediante asesinatos, secuestros y atentados, mientras que el Estado, en su intento de recuperar el control reforzaba su presencia militar y justificaba medidas excepcionales que, en algunos casos, vulneraban derechos fundamentales; se crearon grupos paramilitares. En ese clima de violencia, el miedo no solo configuraba la percepción ciudadana, sino que también generaba un sistema de control social en el que la incertidumbre y la desconfianza eran constantes.
México, por su parte, vivió en los años 90 un fenómeno similar con la consolidación de los carteles de la droga. La violencia, amplificada por narrativas mediáticas y estrategias de alto impacto que exhibían actos de extrema crueldad, creó un ambiente de inseguridad y miedo que moldeó la vida cotidiana y las dinámicas políticas. Aquí, el miedo no solo servía para paralizar a la sociedad, sino que también permitía al poder político justificar políticas represivas, la militarización de la seguridad y, en muchos casos, la centralización del poder en detrimento de las instituciones democráticas.
Ninguno de los dos países mencionado, ha podido someter hasta ahora la violencia criminal con la violencia de Estado.
Ecuador parece transitar ahora por una dinámica similar. Los niveles de violencia registrados desde 2021, impulsados por el fortalecimiento del narcotráfico y el crimen organizado, han transformado la percepción de seguridad de los ciudadanos. Actos de violencia extrema, como asesinatos de figuras públicas, atentados con explosivos y el aumento de homicidios, secuestros, “vacunas”, generan un miedo que trasciende la esfera privada y se convierte en una herramienta de poder, tanto para los actores ilegales como para el sistema político.
El miedo en este contexto cumple una doble función: por un lado, es una herramienta utilizada por grupos criminales para consolidar su control territorial y económico; por otro lado, se convierte en un recurso político para justificar la implementación de políticas de seguridad más estrictas y, muchas veces, burlar las leyes. La percepción ciudadana, alimentada por estadísticas alarmantes y una cobertura mediática que resalta la gravedad del problema, crea un entorno propicio para el ejercicio de un poder basado en la necesidad de seguridad, gatillada por el miedo.
Lo preocupante de este fenómeno es que, al igual que en Colombia y México, el miedo puede desviar la atención de los problemas estructurales que subyacen a la violencia, como la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. En lugar de abordar estas raíces, el miedo puede ser utilizado para legitimar medidas inmediatas que, aunque necesarias, no solucionan el problema de fondo y pueden debilitar aún más las instituciones democráticas.
La delincuencia transnacional mueve volúmenes inverosímiles de dinero; es una industria que para mantenerse utiliza su poder económico y el miedo, como herramientas para captar gobiernos, contaminar instituciones y corromper la reactivación lícita de la economía desde el sector público y desde el sector privado. También la política se ha convertido en una industria que distrae desde el entretenimiento, a sociedades adocenadas por la comodidad que conduce a la permisividad de dislates y abusos.
El debate presidencial del domingo 19 de enero exhibió descarnadamente la impúdica demagogia de la mayoría de representantes de la clase política, alrededor de este gravísimo proceso que se registra en Ecuador. No solo se desnudó la falta de entendimiento sobre la magnitud del problema, sino que se revolcó la inteligencia, con alarmantes alardes de autoritarismo de tinte cuasi fascista, hasta dimensiones ridículas disparadas desde el “ocico” de algún aspirante, pasando por el redundante discurso de odio contra “el enemigo”, representado en algunas candidaturas.
El miedo, cuando es instrumentalizado, tiene un impacto profundo en la configuración de las sociedades y las democracias. En Ecuador, los últimos años demuestran cómo la percepción de inseguridad puede consolidar un sistema de control social y político, justificando decisiones de gran alcance y reconfigurando la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Si bien las estadísticas son innegables y las amenazas reales, también es fundamental reflexionar sobre los límites éticos y políticos del uso del miedo como herramienta de poder. Las democracias modernas deben encontrar un equilibrio entre responder a la necesidad de seguridad y preservar los valores fundamentales que las sustentan.
La construcción de una sociedad libre de violencia no puede lograrse a través del temor, sino mediante el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a los derechos y la atención a las causas profundas de la inseguridad.
La desinformación que campea en las redes sociales no solo vulnera diariamente a personas, instituciones, movimientos sociales, entidades privadas; sino que ha normalizado niveles de violencia sin precedentes, sin que ninguna autoridad haga el menor intento por contenerla. El uso indiscriminado de la inteligencia artificial para demoler la reputación de políticos, difundir noticias falsas y sembrar más miedo ante la incertidumbre en esta campaña electoral no puede pasar desapercibido; la impunidad que se guarece y acecha en las redes sociales debe ser combatida con educación, ética, y normativas expresamente habilitadas para precautelar la integridad ciudadana en democracia.
Y usted: ¿A qué o a quién le tiene miedo?
¿A las enfermedades? ¿A perder el empleo? ¿A la violencia criminal? ¿A que vuelva Correa? ¿A que gane Noboa? ¿A que sus hijos pongan sus vidas en riesgo cada vez que salen de casa? ¿A la violencia intrafamiliar que, en silencio sufren mujeres y niños en sus propios hogares? ¿Al bullying? ¿A los curas pedófilos? ¿Al acoso laboral? ¿A la persecución de funcionarios públicos corruptos? ¿A los migrantes? ¿A los indígenas? ¿A que vuelvan los apagones? ¿A que el Deportivo Quito regrese a la primera categoría?
¿Ya decidió cómo va a vivir con sus miedos el resto de su vida, a partir del 09 de febrero del 2025?