Hubo una expectativa de que el Gobierno impulsara reformas constitucionales para erradicar ese engendro perverso que permite que, controlando, comprando o chantajeando cuatro voluntades se tiene el poder indirecto de designar cargos críticos: fiscalía, miembros de la corte constitucional y miembros del consejo que nombra jueces. Ese sistema, sumado a una creciente influencia de narcodelincuencia, han llevado a niveles de arrabal a la administración de justicia. La mano política en la justicia ha sido atávica, pero nunca tanto como desde que la Constitución, parida en el correismo, creara un estructura que amenaza permanecer intacta.
Correa se gastó una consulta en marzo de 2011 en la que los ciudadanos, que justificaron y apoyaron los abusos, le autorizaron a meter mano para cambiar jueces y nombrar a aquellos que han podrido lo de bueno que tenía la carrera judicial. Ningún gobierno autoritario es completo sin tener la administración de justicia en el bolsillo.
Daniel Noboa no desperdició sino tener imberbes y noveles alzamanos para que se apruebe una norma legal, que permite que por una declaratoria de emergencia, un Consejo de la Judicatura captado por el Gobierno, meta la mano para cambiar jueces y, como ya sucedió durante el correismo, se ponga la justicia a la orden del poder político.
Como sucedió durante el correismo, una corriente de políticos, periodistas y ciudadanos, aplaude. Deja vú. Tanto era el cinismo colectivo que Correa no tenía empacho de reconocer que metería la mano en la función judicial, con el supuesto noble fin de garantizar una justicia independiente. Catorce años luego, sin consulta popular de por medio, se le ha entregado a tres votos (suficientes para hacer mayoría), que están a la orden del Gobierno, el poder extraordinario para cambiar jueces. ¿Se puede esperar que el resultado de esta nueva mandada de mano servirá para tener jueces probos e imparciales? Es dístópico la añoranza ingenua de tener jueces que ofrezcan en elemento esencial del Estado de Derecho: seguridad jurídica.
Está claro que tanto el Consejo de la Judicatura, como el Consejo de Participación Ciudadana deben desaparecer. Es común esa conclusión. No obstante, cuando se trata de llevar a cabo la eliminación de las entidades o de sus atribuciones, quienes tienen el poder político y la capacidad de lograrlo, no lo hacen. La conclusión es que es más cómodo para el poder mantener el control. Es decir, todo aquello que de mamotreto se califica o se repugna como se manipulan jueces, es retórica del deber ser. En el ser pesan las intereses y el corto plazo. Al final, en un ejercicio de sentido práctico y descarnado, tener jueces a la orden sirve, incluso, para solucionar los problemas judiciales domésticos.
El ofrecimiento electoral de reforma constitucional fue otro engaño: revertir las torceduras del constitucionalismo correista para que prevalezcan los rasgos de una República con tres funciones del Estado. Peor aún, se prevé que un funcionario de gobierno asuma la Fiscalía. Bofetada a la institucionalidad. Todo sea porque la otra opción era (es) peor.