La vulnerabilidad de las transiciones democráticas en América latina, que “deshicieron las últimas dictaduras militares”, se expresa en el surgimiento de tendencias autoritarias, de derecha e izquierda, que amenazan con hacer fracasar esas transiciones. Se trata de un fenómeno que responde a distintas causas, una de las cuales tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos democráticos para afrontar satisfactoriamente situaciones críticas de orden económico, social, cultural y político.
En el caso ecuatoriano, afortunadamente, ello pudo ser evitado, no obstante, las vicisitudes que surgieron en los 44 años de retorno a la democracia. La necesidad de impedir que algo semejante nos ocurra hace necesario rememorar el contexto en el que tuvo lugar la ruptura institucional de los setenta.
América Latina, en la segunda mitad del siglo pasado, ya fue presa de esa vulnerabilidad, sacudida por sucesos de gran impacto en el marco de la Guerra Fría. La revolución cubana de 1959, la dictadura de Velasco Alvarado en el Perú, la victoria de Salvador Allende en Chile, las dictaduras del cono sur mostraban dos visiones de desarrollo y de gobierno, en esa época.
Ecuador no fue una excepción. En esos años la democracia no pudo subsistir. La inminencia de la explotación petrolera anunciada en 1971 puso a prueba la capacidad de la clase política nacional para gobernar en estas nuevas condiciones. Velasco Ibarra asumió todas las funciones del estado en 1970, y en 1972 debía convocar a elecciones. Dada la fragmentación de los partidos políticos entonces existentes y la popularidad del líder de Concentración de Fuerzas Populares (CFP) se daba por hecho la eventual victoria de Asaad Bucaram en esas elecciones.
El estamento militar miró con preocupación tal escenario y hubo al interior de las Fuerzas Armadas una discusión institucional sobre el dilema de entregar el poder a quienes serían ungidos por los canales institucionales, o asumirlo en aras de los más altos intereses nacionales.
El golpe de Estado abrió las puertas a la nacionalización del petróleo y a la implementación de un nuevo modelo de desarrollo, dado que el que había estado vigente entró en crisis por el fin del boom bananero. Esto ya había ocasionado una ruptura institucional previa en la década de los sesenta.
El Estado, por otra parte, estaba muy debilitado como consecuencia del manejo económico de los grandes productores y exportadores de bienes primarios agrícolas. La riqueza petrolera en manos del Estado le permitiría a éste reducir su dependencia de la oligarquía agro-exportadora.
Los militares tampoco estaban preparados para asumir tamaña tarea. Se vieron obligados a acudir a estamentos técnicos que, para entonces, se concentraban en la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA).
Hubo todo un proceso de negociación al interior de las Fuerzas Armadas en el que emergió el liderazgo del general Guillermo Rodríguez Lara, dotado de cualidades intelectuales y profesionales que le permitieron ponerse al frente del país, no como “mandón” sino como un hombre preparado capaz de entender los graves problemas que enfrentaba Ecuador, sin dejarse obnubilar por las corrientes ideológicas en boga.
En el gabinete del gobierno de las Fuerzas Armadas convergieron distintas tendencias, ninguna de las cuales tuvo primacía. Rodríguez Lara supo conjugar los intereses y puntos de vista de sus ministros logrando acuerdos y consensos para hacer posible la gobernabilidad de un régimen militar con un proyecto de reformas estructurales. Mantuvo un equilibrio entre lo técnico y lo político, entre la planificación y los juegos de poder, entre la teoría y la práctica, sin alinearse con los extremos.
Las relaciones del estado con las petroleras Texaco y Gulf estuvieron enmarcadas en la defensa de los intereses nacionales y no en criterios ideológicos. El Ecuador, en ejercicio de su soberanía, entró a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Supo Rodríguez Lara comandar un equipo de gobierno de alta calidad con estilo propio, distinto del de Velasco Alvarado en el Perú. No tuvo acercamientos con Pinochet. Y, por cierto, se diferenció tanto de la dictadura anterior de los sesenta como del Triunvirato que le sucedió.
La tesis de buscar una solución honorable, negociada con el Perú, que Jaime Moncayo presentó al estado mayor de las Fuerzas Armadas, fue acogida por el general Rodríguez Lara, y fue el antecedente de su colaboración como ministro de Finanzas, una vez que se consumara el cambio de gobierno. En tal función Moncayo se convirtió en puntal del frente económico, como presidente de la Junta Monetaria.
Gobernar, como se ve, no es una tarea sencilla. Requiere de gran preparación, capacidad de mando, sensatez y equilibrio, además de habilidad estratégica. Cualidades de las que carecen los nuevos autoritarismos, como los de Nayib Bukele y Nicolás Maduro, que pretenden suplir ese déficit, en desmedro de la democracia, apelando a la violencia, a la concentración del poder, a razones ideológicas y cancelando la alternancia.
La confrontación ideológica entre modelos de desarrollo impide ver lo que la población más valora que son los resultados que se logran en el enfrentamiento de los nudos críticos de una situación. De ahí que los gobiernos democráticos deban demostrar que sí son capaces de hacerlo sin quebrantar el estado de derecho y con una agenda menos monotemática e ideológica, y socialmente más incluyente. Para ello se requiere una clase política que esté a la altura de las demandas de la población y una institucionalidad transparente.
Ese es el gran desafío.