La hegemonía, según Antonio Gramsci, es el dominio de una clase social sobre las demás a partir del consenso. La clase dominante aplica un discurso que permea la cultura, la ideología y los valores del conjunto de la sociedad, de modo que el manejo del poder esté justificado. Cando esta visión del mundo no logra la aceptación general, entonces los sectores dominantes recurren a la coerción.
Para que el consenso se sobreponga al uso de la fuerza son fundamentales el diálogo y la negociación. En esa dinámica, los grupos de poder intentan convencer a los sectores subalternos de la pertinencia y la necesidad de sus decisiones políticas; estos últimos, en contrapartida, luchan por construir un consenso diferente, acorde con su proyecto de sociedad y de Estado.
En el mundo de la política, dialogar y negociar requiere de una concepción estructurada sobre el poder, la democracia, las diferencias socioculturales, los imaginarios colectivos, las instituciones, etc. Estas dos virtudes no pueden surgir desde la improvisación, desde la candidez de las buenas intenciones, ni mucho menos desde la retórica. Se dialoga y se negocia porque se quiere o se necesita llegar a un punto. Y cuando un gobierno sugiere dialogar y negociar con otras fuerzas políticas, puede hacerlo en función de preservar su hegemonía.
El gobierno de Daniel Noboa ha enviado varios mensajes —aunque todavía tibios y ambiguos— respecto de la posibilidad de un diálogo con otros sectores políticos, sobre todo a raíz de su derrota electoral en noviembre pasado. Pero a renglón seguido bloquea cualquier posibilidad de que la iniciativa prospere. Más son las suspicacias que proyecta antes que la apertura. Lo acaba de hacer la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, a propósito del hipotético diálogo con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca.
Debería suponerse –siguiendo a Gramsci– que esta postura de la ministra deja abierta la puerta para que el régimen opte por imponer su proyecto de dominación. Dicho en otras palabras, para el uso de la fuerza. Una opción que puede resultar suicida en las actuales condiciones del país.
El rechazo popular al gobierno en la consulta popular debe leerse como una desaprobación a sus propuestas. La ciudadanía no acepta las medidas aplicadas, ni los cambios que pretende realizar, ni el modelo económico, ni la estrategia de lucha contra el crimen organizado. Si el gobierno pretende imponer estas decisiones desde una visión autoritaria, podría estar cavando su propia tumba.
¿Está las autoridades conscientes de esta posibilidad? Supongo que sí; sería el colmo que no lo consideren. Pero de ahí a que tengan la capacidad para afrontar la crisis desde otra perspectiva existe una distancia gigantesca. Sideral.
La pregunta, en estas condiciones, es si los principales funcionarios del gobierno no quieren o simplemente no pueden dialogar. Tal vez están encerrados en una burbuja desde la que es imposible entender al antagonista. Y esa sí es una limitación fatal.
Diciembre 18, 2025