Otra vez las empresas encuestadoras de uno y otro color, así como los exit poll
fracasaron y de manera estrepitosa el pasado 13 de abril, con ocasión de la realización del balotaje, al proyectar una reñida contienda electoral entre Luisa González (RC5) y el candidato presidente, Daniel Noboa, de ADN, escenario no apto para cardíacos que al final no se produjo, en tanto el oficialismo ganó con un amplio 11,26% de los votos, esto es, casi con 1,2 millones de sufragios.
Quizá el mayor desconcierto se produjo en la propia Revolución Ciudadana en cuyas
proyecciones si bien estuvieron siempre por delante del candidato-presidente, no les
ofrecían, sin embargo, un rango de diferencia mayor al previsto por el margen de error
dentro de una encuesta, por lo que, en esas condiciones, todo podía ocurrir, menos aquel
escenario tan catastrófico como el que se advirtió, desde las primeras horas en que
ingresaron los datos al sistema del CNE, para finalizar con un 55,63% que le apostó a la
continuidad del actual régimen frente a un 44,37% de la población que se inclinó por el
regreso del correísmo al Palacio de Carondelet.
La excandidata presidencial Luisa González, una vez que Diana Atamaint, desde el CNE,
anunciaba cifras irreversibles, expresó su decisión de no reconocer los resultados y
esgrimir, desde esa misma noche, la tesis del fraude electoral y por lo mismo, la
impugnación de los resultados y la necesidad de abrir las urnas y recontar nuevamente
los votos. Si bien esto constituye un derecho que tiene todo actor político en acudir a
dicha instancia, serán las pruebas las que confirmen o desechen, en principio, el efectuar
esa fase de comprobación y, de prosperar, la existencia o no de un fraude electoral, el
mismo que, por la enorme diferencia de votos se presenta poco probable.
Más bien, existe una explicación mucho más creíble a la hora de entender esta abismal
diferencia. Y se trata de que el presidente Daniel Noboa no ganó por tener un mejor plan de gobierno u ofrecer resultados favorables en su actual gestión (la cual no puede ser más desastrosa con una contracción del PIB en 2 puntos porcentuales y un nivel de violencia e inseguridad que no ceden). No. La gente, de ese 12% de votos en disputa que dejó la primera vuelta electoral, no pudo ser captado por la RC-5, por efectos de la postverdad y de errores propios de esa tienda, al generar, a pocos días de las elecciones, miedo e incertidumbre en la gente indecisa, ante el desatinado pronunciamiento de Rafael Correa, Ricardo Patiño, Luisa González, Paola Cabezas, entre otros, en temas sensibles como la dolarización; los ecua-dólares; la desconfianza creciente del dólar en el ámbito internacional; el reconocimiento del régimen espurio de Nicolás Maduro; el poco explicado proyecto de contratación de gestores de paz y su hábil relacionamiento –por parte de la oposición- con los círculos bolivarianos, como fuerza de choque para contener a la oposición, etc.
Resultaría parcial intentar una explicación de la derrota de RC
únicamente desde sus errores. También
hay una niebla electoral que coadyuvó en la caída del corrreísmo. En el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral
MOE / OEA se plantean inquietudes que ponen en duda la igualdad
de condiciones para ambos actores.
No obstante, resultaría parcial e inexacto intentar una explicación de la derrota de RC
únicamente desde los errores propios cometidos por esa organización política. También
hay una niebla electoral que coadyuvó en la caída del corrreísmo. Y para ello no solo
debemos volver la mirada al propio día de las votaciones, sino a todo el proceso. Y las
pistas las encontramos en el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral
MOE / OEA, donde abiertamente se plantean inquietudes que ponen en duda la igualdad
de condiciones para ambos actores y por ello mismo, la suficiente nitidez del evento.
Valga citar, cuando la MOE / OEA dice: ‘…la Misión observó con preocupación que el
proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así
como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con
fines proselitistas. Estas prácticas afectan la competencia en la contienda y erosionan la
confianza ciudadana en las instituciones democráticas…’.
También al sostener: ‘…La introducción del artículo 93 en el Código de la Democracia (…)
tuvo como objetivo garantizar condiciones de mayor equidad en los procesos electorales.
En este sentido, la MOE/OEA constató que el hecho de que el Presidente de la República
no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña
electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. En este último aspecto, influyeron tanto la activación de instancias electorales y judiciales con fines políticos, como decisiones del Poder Ejecutivo basadas en interpretaciones constitucionales unilaterales que generaron serias dudas sobre su validez jurídica, como, por ejemplo, las “designaciones” de la Vicepresidencia y los “encargos” de la Presidencia con base en “ausencias temporales”’.
Más adelante en el informe, la MOE /OEA, al analizar la jornada electoral, puntualiza,
entre otras cosas, que: ‘…Al momento del cierre y escrutinio, tanto en la votación en el
exterior como en el territorio nacional la Misión observó que se registraron inconvenientes porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y, en algunos casos, derivó en su anulación…’.
Igualmente, preocupa la referencia que hace la Misión de Observadores en cuanto a que
‘…no limita adecuadamente el uso de la publicidad de instituciones del Estado durante la
campaña. Así, por ejemplo, de acuerdo con investigaciones periodísticas en los primeros
tres meses del 2025, cubriendo tanto la etapa pre-electoral de la primera como de la
segunda vuelta, el gobierno de la República lanzó 14 nuevos beneficios en forma de
bonos, pagos en efectivo, becas y otros incentivos dirigidos a distintos sectores de la
población. La Misión también recibió una denuncia por la transmisión de cuatro cadenas
nacionales desde el 9 de abril “con el propósito de difundir un mensaje de la Presidencia
de la República” y por la realización de operativos de seguridad mediáticos con la
participación de Erik Prince, un consultor extranjero contratado por el gobierno, quien a su vez expresó públicamente una preferencia política’.
Ciertamente, en un país medianamente civilizado donde sus autoridades son elegidas a
través de procesos libres, transparentes y justos, estas presuntas infracciones electorales
deberían ser investigadas y sancionadas de acuerdo con el Código de la Democracia y en
función de su gravedad, en cada caso.
Sin embargo, vivimos en el país de los hechos consumados, de la niebla electoral y de un
CNE, como observador pasivo, incapaz de cumplir con el numeral 1 del Art. 219 de la
Constitución, que le obliga a actuar a través de ocho verbos (descritos en el artículo) para
materializar procesos electorales transparentes. ¡Viva la democracia!