El paso de Milton Luna por el Ministerio de Educación resume lo que sería el drama de las políticas públicas en el país, la contradicción entre racionalidad y realidad.
Luna es quizás el ecuatoriano que más ha trabajado, debatido y reflexionado sobre la educación, particularmente la de primer y segundo nivel. Como coordinador del Contrato Social por la Educación ha lidiado desde hace décadas con las innumerables administraciones que han pasado por ese Ministerio. Ha sido, en buena medida, un veedor permanente de los programas y proyectos que se ha llevado a cabo en el sector de la educación. Lo único que le faltaba era actuar desde la otra orilla.
No debe ser fácil ponerse a la cabeza de un gigante lento, pesado y anquilosado como el Ministerio de Educación. Los intereses –espurios y legítimos– que se juegan a su interior colapsan cualquier sentido de racionalidad. Muchas decisiones no solo están distantes, sino que son totalmente contrarias a las necesidades e intereses colectivos.
Esta situación nos remite a la vieja e irresuelta contradicción entre la esfera política y la esfera social en las sociedades contemporáneas. Los asuntos públicos terminan siendo tratados y decididos en el coto reservado de la formalidad burocrática. La participación social, en tales condiciones, queda entrampada entre la maraña de los poderes reales.
Un ministro que quiera abrirse a las dinámicas de la sociedad termina condicionado por el día a día de la burocracia. Tiene que resolver tantos problemas y detalles administrativos que se ve forzada a abandonar los grandes objetivos del país.
Un ministro que quiera abrirse a las dinámicas de la sociedad termina condicionado por el día a día de la burocracia. Tiene que resolver tantos problemas y detalles administrativos que se ve forzada a abandonar los grandes objetivos del país. Gremios, mafias y grupúsculos de intereses creados terminan trazando la agenda. Seis meses (que fue el período que duró la administración de Luna) son insuficientes para alterar en algo ese contexto.
El Contrato Social por la Educación ha planteado, entre otro de sus objetivos, la necesidad de construir un acuerdo que permita establecer una política de educación de largo plazo. Es decir, una política de Estado, que supere las vicisitudes y mezquindades de nuestra politiquería criolla. A la luz de lo acontecido, esta aspiración se estrelló contra el inmovilismo de uno de los principales protagonistas del sector: el ministerio.
¿Cómo desatar este nudo? Pues activando la idea de que la sociedad organizada y autónoma debe tener mayor influencia en las decisiones públicas. Esto ya se intentó en el sector de la salud con la promoción de los comités de usuarias. No obstante, esta iniciativa fue desmantelada por el anterior gobierno, bajo el peregrino argumento de la centralidad de las políticas de Estado. En el fondo, no se trató más que del atávico miedo del poder político a las decisiones colectivas. Dicho de otro modo, del miedo a la democracia.