Eran dos millones de dólares. Públicos. De esos que deberían proteger ecosistemas, y mejorar la calidad de vida y servicios para los galapagueños. Pero el 15 de diciembre de 2022, el Consejo de Gobierno de Galápagos, con la urgencia propia de quien debe gastar el presupuesto firmó un convenio con la Fundación Charles Darwin (FCD), bajo el “objetivo” de mejorar el sistema de carga marítima. El resultado: se dieron cuenta al inicio del nuevo año que tal convenio nada tiene que ver con la misión científica de la fundación y devolvieron la plata, porque el Código Orgánico de Finanzas Públicas prohíbe asignaciones no reembolsables a entidades privadas.
Pero se trata de Galápagos, donde el tráfico no siempre es marítimo: puede venir envuelto en plástico dentro de una maleta, es decir, pasan cosas increíbles y que casi nadie conoce.
Porque sí, en el aeropuerto de Baltra, durante una inspección rutinaria en marzo de 2021, se encontraron 185 tortugas bebés hacinadas y embaladas en una valija con destino a Guayaquil. Diez murieron en el intento y otras veintidós no resistieron el estrés posterior. ¿Quién debía cuidarlas? Una ONG, en asocio con el Parque Nacional Galápagos. ¿Qué pidió después del escándalo? Más apoyo… para la conservación.
Y mientras esto pasa, la mosca Philornis downsi (vampiro), estudiada con financiamiento internacional desde el 2012, sigue matando piqueros y otras aves en las islas sin que los proyectos y estudios de cientos de miles de dólares en nombre de Galápagos y su conservación hecha por otras ONG logren contenerla. ¿Rinden cuentas? No. ¿Apoyan al control del tráfico de especies? Tampoco. Pero siguen pasando el sombrero global, diciendo que no tienen fines de lucro.
En el best seller Estado de miedo, de Michael Crichton, se revela, en ambiente de novela, cómo ciertas organizaciones ambientalistas canalizan o “camuflan” su financiamiento destinando casi el sesenta por ciento de su dinero a campañas de recaudación de fondos. Reciben donaciones millonarias con poco control. Giran gran parte de esos fondos en su propia autopromoción. Ocultan sus estructuras reales detrás de empresas pantalla, subcontratistas o direcciones falsas. Pierden la legitimidad técnica o científica, al actuar más como operadores políticos o de marketing.
En el Ecuador hay aportes millonarios para conservación, vía unas ONG que son como el iceberg nocturno contra el que chocó el Titanic: son gigantescos pero no se ven con claridad. Y también hay las ONG que se han prestado para actividades ilícitas.
Las ONG nacen del compromiso humano por sanar injusticias que el Estado no puede, y proteger lo que importa ante la ineficiencia estatal. Son faros éticos en medio del caos institucional, cuando actúan con integridad, transparencia y vocación genuina de servicio.
Hay que aplaudir el combate sin cuartel a las ONG que no son transparentes, pero sería noble que la ley no solo castigue sino que también premie y estimule a quien hace su trabajo de manera ejemplar.
Por nombrar al azar, una de las organizaciones que encarna un trabajo silencioso y transformador es la Fundación Humana Pueblo a Pueblo–Ecuador (FHPPE). Desde 2008 ha tejido redes de solidaridad en comunidades rurales, indígenas y costeras, con proyectos que van desde la agricultura sostenible y el empoderamiento de mujeres, hasta la educación ambiental juvenil y la atención domiciliaria a adultos mayores. En Tungurahua han instalado plantas procesadoras de cuyes y recuperado saberes ancestrales. Y en Naranjal y Balao, los jóvenes lideran iniciativas para conservar manglares, pintan murales de conciencia ambiental y promueven el arte como herramienta de cambio donde antes solo había abandono. ¡Cómo no premiarlos!
La propuesta de ley es que todas las organizaciones que manejan recursos financieros (públicos o privados) sean fundaciones, corporaciones, las ONG, organizaciones comunitarias deben ser transparentes en su gestión. Es decir: Make ONG great again.