Ahora ya sabemos por qué algunos gobiernos no quieren traer a nuestros feudos las instancias internacionales de control judicial: para asegurarse la impunidad. El escándalo de la FIFA lo puso en evidencia. Fue necesario que la Fiscalía de Estados Unidos iniciara una investigación (injerencia imperialista, dirán los correístas) sobre la rampante corrupción en dicho organismo para que nuestra endeble justicia intervenga. Después de años de denuncia sobre irregularidades en nuestro fútbol, recién hoy, y a instancias de una institución extranjera, la Fiscalía General de la Nación decide actuar. Qué vergüenza.
El falso discurso soberanista de ciertos gobiernos latinoamericanos no puede prevalecer sobre el derechos a la justicia de nuestras sociedades. Antes que soberana, la justicia debe ser independiente, imparcial, proba, oportuna. Y sobre todo confiable. Algo que ni la publicidad ni el despilfarro de los regímenes populistas han conseguido.
Seguramente los jerarcas del fútbol regional confiaban en la proverbial ineficacia y venalidad de nuestros sistemas judiciales. Apostaron a una eternización de la impunidad. En el caso ecuatoriano, pensaron que los logros mundialistas servirían como diluyentes de la corrupción. Algo así como las carreteras para el régimen político. No solo les falló el cálculo; el problema es que cada día se vuelve más difícil pasar de agache en los negocios ilícitos. La informatización de las finanzas es un arma de doble filo: es ágil y versátil, pero deja huellas.
Reducir este último caso de corrupción a la conducta de dos o tres dirigentes del fútbol ecuatoriano implica escamotear la verdad. Hace mucho tiempo que el rey de los deportes camina de la mano de la política. Si no, veamos el monumental escándalo que se armó en Argentina a propósito de la elección de las nuevas autoridades de la AFA. Los intereses que están en juego son tan fuertes e influyentes que bien valen una metida de mano desde el poder.
Por eso la sociedad ecuatoriana debe ir más allá del fútbol en la lucha contra la corrupción. Sobre todo, en la exigencia de justicia.
Torpedear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, calza perfectamente en esta estrategia para escabullirse de la ley. La condena por la violación a los derechos humanos, políticos y ambientales perpetuada por el gobierno de Alianza País debe constar en la agenda de todos los actores políticos y sociales del país. Y al margen de una verborrea soberanista que únicamente apunta a alcahuetear una justicia castrada. Sería el colmo que la soberanía se convierta en un simple engranaje de la impunidad.