El Ecuador desembolsó más de 175 millones de dólares en contrataciones fallidas con las empresas Progen y ATM, proyectos que al final del día no incorporaron un sólo megavatio al sistema interconectado, en tanto —de lo que trasciende en los medios de comunicación y sobre todo plataformas digitales— resultaron ser motores usados e incompatibles con la red eléctrica del país. Sin duda, se trata de la mayor afectación cometida contra ese sector estratégico. Detrás de esto no sólo hay cuantiosas pérdidas económicas directas por los pagos realizados, sino también otros rubros relacionados con el costo de oportunidad o lucro cesante, así como gastos judiciales internacionales y el deterioro de una imagen institucional que históricamente ha estado apuntalada por el trabajo serio, técnico y honesto de muchos profesionales.
Y si como esto no fuera suficiente escándalo, que ha conmovido a la ética pública y conciencia nacional, ahora los cuestionamientos apuntan a decisiones que pretenden dejar por fuera de la investigación a actores del más alto nivel, que tuvieron conocimiento de estos procesos de contratación que, por su magnitud y por los propios documentos que comienzan a salir a la luz pública, dejan entrever que no pudieron ser ejecutados ni aprobados exclusivamente por mandos medios. En esto, las redes sociales y el trabajo de investigación periodística entregan nuevos elementos que generan grandes interrogantes que deben ser respondidas. Sin embargo, de parte del gobierno y de las autoridades relacionadas con estas adquisiciones y pagos existe un silencio ensordecedor o, en algunos casos, entrevistas a la carta que más que clarificar el problema lo terminan oscureciendo. No obstante, los hechos develan una podredumbre mayúscula con traje de etiqueta, que no conoce de dignidad y menos de vergüenza.
Es claro que, en el campo de las responsabilidades políticas, éstas deben ser conocidas y tratadas por la Asamblea Nacional, en función de su responsabilidad de fiscalización. Pero no. En esta legislatura de mayoría oficialista que, en la práctica, actúa como una oficina adscrita al Ejecutivo, se ha mostrado renuente a cumplir esa responsabilidad que le asigna la Carta Fundamental y ha decidido mirar para otro lado, argumentando puerilmente que no se presta para el show político.
Ahora mismo, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización, en una sesión virtual, con seis abstenciones del bloque de ADN, no dio paso a la calificación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Empero, los cuestionamientos, audios, chats, ‘movidas’ políticas y papeles que dejan la penumbra, exige una investigación a fondo y señalar —en ese nivel— a todos los responsables políticos de este delito cometido contra los ecuatorianos. Una cosa es lo que realiza y resuelve la función judicial y otra, por cuerda separada, lo que debe hacer por mandato constitucional el Legislativo.
Lo resuelto por la mayoría oficialista dentro de la Comisión de Fiscalización, lo que provoca es repulsión y una mayor indignación en el pueblo. Deberían saber los legisladores, el oficialismo, jueces y fiscales, que la gente no comulga con ruedas de molino. Es probable que, circunstancialmente, el campeonato mundial de fútbol juegue a favor de la opacidad, como instrumento temporal de distracción social. Pero la verdad en este caso que involucra un escándalo de proporciones, tiene que salir a flote. Sépase que subestimar la inteligencia del pueblo implica asumir los costes de esa arrogancia.
@giovannicarrion