Desfachatez, descaro, insolencia, vulgaridad, desparpajo, cinismo… Escoja el lector el adjetivo que mejor se le acomode para calificar el desarrollo de la política en estos tiempos. Cualquiera de los mencionados, además de otros que se quedan en el diccionario de sinónimos, sirven para ese propósito.
Cuando Donald Trump anuncia que la guerra con Irán terminará en dos o tres semanas, o cuando él lo decida, actúa como charlatán de feria. Banaliza la realidad. El problema, y no menor, es que Trump es el presidente de la primera potencia militar del planeta. Tiene a su disposición un botón nuclear.
En unas declaraciones recientes admitió, muy suelto de huesos, que él puede desdecirse cinco segundos después de hacer una declaración que, en la práctica, deja en pindingas a medio planeta. El precio del petróleo sube y baja como en ascensor; el mundo financiero enloquece; sociedades enteras entran en angustia frente a la incertidumbre inmediata y futura. Y el presidente gringo sigue con su verborrea irresponsable. Como si nada.
Y esto, justamente, marca los nuevos tiempos de la política: decir un exabrupto, tomar una decisión irracional, mentir descaradamente… a ver si pasa. Y si no pasa, se intentará encontrar un nuevo atajo.
La última declaración de Diana Atamaint se enmarca en esta lógica de la informalidad total. Diferenciar una votación de una elección es como diferenciar a un hombre de un ser humano. Pura prestidigitación semántica disfrazada de arrogancia institucional. Ahora resulta que, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), los ecuatorianos acudimos a las urnas únicamente para que nos den el certificado de votación. Porque la elección de autoridades se define después, durante lo que comúnmente se conoce como escrutinio. Cuando votamos no elegimos; eligen quienes cuentan los votos.
El país entero, o al menos el país político, está perplejo. Que una persona con esa idea del sistema electoral lo presida no puede considerarse sino como un atentado a la democracia, un torpedo a la línea de flotación de los derechos electorales de 13 millones de ciudadanos. Peor aún tratándose de una autoridad ilícitamente auto-prorrogada.
En medio del descalabro institucional que vive el país, la apuesta de Diana Atamaint está librada a la suerte de la arbitrariedad. Si las fuerzas políticas y los intereses de facto operan adecuadamente, esta versión improvisada del sistema electoral puede terminar consagrada. Y los ecuatorianos quedaremos comiendo yuca.
Adelantar el proceso electoral, tal como lo aprobó el CNE, es una absoluta inconstitucionalidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de esta decisión aparentemente incoherente y absurda? Al parecer, el gobierno necesita asegurar las mejores condiciones para evitar un revés en las próximas elecciones seccionales. Y, para ello, no ha dudado en echar mano de sus consejeros electorales de bolsillo.
Sin embargo, hay algo más de fondo. Diana no apunta al centro del sistema electoral. Su blanco es la democracia.