La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha acusado a la Corte Constitucional de «darle la espalda a la ciudadanía” y de “empoderar a grupos criminales”. Lo dice en medio de una ofensiva institucional que busca someter a juicio político a los jueces constitucionales, tras la suspensión de artículos de leyes urgentes que vulneraban derechos fundamentales. “La democracia necesita una virtud: la confianza” –escribió la filósofa Victoria Camps–, y esta confianza se construye respetando la independencia judicial y la separación de poderes.
Pero si de espaldas hablamos, permítame recordarle algo, ministra. Cuando usted fue Defensora del Pueblo Nacional, coincidió que me removió del cargo de Defensor del Pueblo en Galápagos casualmente dos días después de que se dictara una sentencia contra un policía que traficó 185 tortugas, aquellas que fueron encontradas embaladas en una maleta en el aeropuerto de Baltra. Esa sentencia ordenaba investigar al resto de la banda de traficantes que Fiscalía y el Parque Nacional Galápagos omitieron vincular dentro del proceso pero que, ante mi intervención, se logró visibilizar y el juez así lo reconoció. Luego de mi remoción del cargo, a nadie —ni a la fiscal a la cual ordenó el juez investigue, ni a usted— le importó seguir investigando a la banda.
Y si hablamos de espaldas, también recuerdo al entonces ministro de Turismo, hoy presidente de la Asamblea Nacional, quien ante el naufragio de la lancha Angie en Galápagos, donde murieron ahogados varios turistas que aún no han sido reivindicados, ni sancionados todos los responsables, nunca emitió un mensaje de solidaridad institucional, ni una palabra de consuelo para las familias. Fui abogado de las víctimas y me consta.
Una democracia que sacrifica sus principios constitucionales en nombre de la seguridad termina ofreciendo solo la ilusión de protección mientras la criminalidad se fortalece desde las instituciones debilitadas. En esta encrucijada, la elección es clara: solo manteniendo la coherencia entre nuestros valores democráticos y nuestras acciones podremos construir la seguridad duradera que proteja a todos los sujetos de derechos.
Cuando la Corte Constitucional suspende leyes que vulneran derechos fundamentales, no «empodera» a las bandas criminales; hace exactamente lo que debió hacerse con las 185 tortugas traficadas y con la justicia tardía y negada a los familiares de los ahogados en el naufragio: profundizar la institucionalidad y hacerla útil contra las amenazas a la paz y seguridad de todos, porque solo desde la coherencia se construye un futuro mejor.