Los hechos derivados de la eliminación del subsidio al diésel muestran que la viabilidad para tomar esa decisión no es igual a la viabilidad de su aplicación. En cada una priman distintos recursos escasos. La decisión presidencial requirió poder político. Su operativización, además del recurso poder, necesitó el concurso de recursos organizativos y cognitivos. Eso obedece a que en el momento de su puesta en práctica el gobierno tuvo que litigar con otros jugadores, cuyos intereses se vieron afectados por tal medida. Tales los casos de los transportistas y del movimiento indígena. Con los primeros fue suficiente un plan de compensaciones económicas. Con los indígenas esto fue mucho más complejo. La Conaie es un colectivo con una red de intereses económicos, políticos y culturales. El poder de esta organización étnica está en disputa.
El paro decidido por la Conaie no solo involucró a los manifestantes sino a la población en la que esta acción se focalizó. Imbabura fue el epicentro del paro y éste afectó a agricultores, comerciantes, visitantes turísticos, ciudadanos. Los pueblos indígenas de Imbabura mostraron diferencias con la dirección de la Conaie. La emergencia de un nuevo liderazgo indígena modificó la situación de la protesta social. Marlon Vargas y Leonidas Iza no fueron obedecidos por estos brotes autonomistas de sectores indígenas con otros intereses y perspectivas. No se sabe cuán abierto está este nuevo liderazgo a una interlocución con el resto de la sociedad.
A ello se sumó la presencia de grupos ligados a la minería ilegal que se valieron del paro indígena para darle un contenido violento. También hubo sectores políticos con influencia en los gobiernos seccionales de Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi y Atuntaqui, que actuaron con motivaciones diversas.
No fue suficiente el uso de la fuerza militar y policial para contrarrestar la que procedía de grupos armados terroristas. El terrorismo logró hegemonizar la protesta social y la ciudadanía se dividió en el respaldo a la acción represiva del gobierno y a su censura por los alcances de la represión. La ayuda humanitaria que el gobierno llevó a cabo no fue lo que preponderó en la imagen pública. Los actos terroristas dificultaron el contacto de las autoridades gubernamentales con las comunidades indígenas. La ayuda humanitaria fue bloqueada y los acuerdos alcanzados no fueron estables. La duración del paro afecta no solo la economía local en Imbabura, sino a la economía fiscal por los gastos que el gobierno se ha visto obligado a hacer para socorrer a los habitantes más indefensos.
Pese a que la medida de supresión del subsidio fue técnicamente necesaria, no se previeron los costos de la resistencia impulsada por la Conaie. Sin duda el gobierno mostró una firmeza y voluntad de la que carecieron los gobiernos que le antecedieron. Pero ello no fue suficiente. De ahí la importancia de la viabilidad como concepto teórico y estratégico.
¿Era posible anticipar las dificultades que una decisión crítica como la eliminación del subsidio al diésel traería consigo? Si el gobernante cuenta con una herramienta de planificación estratégica la respuesta es afirmativa. Si carece de ella, el mal cálculo político puede elevar el costo no solo político sino económico. Se necesita una buena estrategia para lidiar con los otros jugadores, sobre todo si entre ellos figura un actor con tanta complejidad como el movimiento indígena. Un jugador, dice Matus, puede tener buenas cartas en un juego de naipes, pero si no sabe jugarlas puede ser derrotado por otro jugador con cartas inferiores pero mejor estrategia de juego. No hay cómo menospreciar a jugadores como Vargas o Iza, total ellos dirigen la Conaie. Hay que explorar distintas estrategias de juego para lograr los resultados esperados.
Cabe, en este momento, analizar las circunstancias de este complejo juego para sopesar la conveniencia de embarcar al país en una asamblea constituyente. Aquí no solo cabe dimensionar los actores que intervendrán en favor o en contra de la constituyente sino de los efectos que este largo proceso tenga en la situación de la economía extremadamente sensible a la incertidumbre.
El gobierno tiene poder político para convocar una consulta popular pero no tiene la certeza de que el Sí obtenga la mayoría. Y en el caso de que la tuviera, la asamblea constituyente será una caja de sorpresas. ¿En qué temas las tesis del gobierno tendrán consenso y en cuáles, no? ¿Son viables los temas conflictivos y tendrá el gobierno la capacidad para derrotar las tesis de sus oponentes?
La experiencia de la larga paralización de la producción y el comercio en Imbabura debe ser debidamente evaluada para no incurrir en otro error de cálculo político. El gobierno enfrenta un difícil panorama de un conflicto interactivo con muchas aristas, que puede comprometer la viabilidad de su proyecto político.