La imputación el viernes pasado, 13 de febrero, a la presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por encubrir el papel de Irán en el atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA –el peor atentado terrorista en América del Sur, que produjo 85 muertos y centenares de heridos– es la última sorpresa en un misterio que se alarga ya por 20 años y produce otros misterios, como en un nuevo jardín de los senderos que se bifurcan. Ahora, un juez decidirá si el caso irá a juicio.
La acusación fue sorpresiva porque se produjo menos de un mes después de que el 18 de enero el fiscal que inicialmente investigó el caso, Alberto Nisman, fuera encontrado muerto en su apartamento con una sola perforación de bala en la cabeza, pocas horas antes de su prevista comparecencia ante el Congreso argentino. Esa muerte, que Cristina Fernández, luego de un silencio poco habitual en ella, calificara primero de suicidio y luego de asesinato, estremeció a la Argentina y a toda América, por todas las circunstancias macabras (departamento en un piso superior de un edificio de lujo; llave colocada por dentro; cadáver bloqueando la puerta del baño; arma cerca del cadáver; casquillo en el piso) y por mostrar que, en un país donde existe el verbo “suicidar”, podía estar utilizándose otra vez el asesinato premeditado y aleve para callar a la justicia.
Las preguntas quedan aún abiertas. ¿Quién mató a Nisman? ¿Fue Irán? ¿Fue la Mossad para hacer creer que fue Irán? ¿Fue el gobierno? ¿Fue el aparato de inteligencia para hacer creer que fue el gobierno?
Lo sorprendente y revitalizante en ese laberinto de infamias es que el fiscal Gerardo Pollicita no se amedrentó y el viernes 13 acusó a Kirchner, al canciller Héctor Timerman y al diputado Andrés Larroque de tratar de exculpar a los funcionarios iraníes del atentado de 1994 a cambio de preferencias comerciales. La acusación de Pollicita se basa en las conclusiones de Nisman, quien, según se ha encontrado entre sus papeles, tenía listo un escrito de 26 páginas pidiendo el enjuiciamiento de Fernández y su canciller.
El gobierno argentino ha reaccionado indignado ante estas acusaciones, y niega que se haya puesto de acuerdo con Irán para sabotear la investigación. “Este es un golpe de Estado judicial”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Argumentó que no hay pruebas y dijo que todo no es sino “una vulgar mentira”, mientras el portavoz presidencial, Aníbal Fernández, llamó a la acusación “una clara maniobra para desestabilizar la democracia”.
Yo diría que al contrario. Que una muestra de independencia de los fiscales como la que ha dado Pollicita, indica que aún quedan rescoldos de democracia en Argentina, pues la esencia de la democracia es la independencia de poderes, cosa que es algo de lo que nos vamos olvidando en América del Sur.
Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o no de los acusados, hubo quien tomó la posta del fiscal muerto, y no dejó que su larga investigación, que se resume en un informe de 300 páginas que tenía listo y 5.000 horas de escuchas telefónicas, quedara enterrada con su cadáver.
Las consecuencias son difíciles de prever. En todo caso, la población argentina clama por respuestas. No solo las políticas, pues para la mayoría parece estar claro que la única manera de salir de la crisis moral y económica de ese país será elegir en octubre a una administración distinta, que deje atrás la pesadilla de los Kirchner. Sino también, y en especial, las concretas sobre el caso de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un incidente que todavía resuena en los corazones y las mentes de los argentinos. Justamente los sobrevivientes y familiares de las víctimas de AMIA han añadido simbólicamente el nombre de Nisman a la lista de esas víctimas.
Recuérdese que la investigación inicial sobre el ataque fue un desastre, y no llevó a ninguna condena y a pistas escasas. Según fuentes independientes, estuvo plagada de irregularidades, se suprimieron pruebas y corrieron los sobornos. Hay un juez y dos fiscales enjuiciados por entorpecer la investigación. Por eso el nombramiento de Nisman en julio de 2004, a diez años del ataque, por el ex presidente Néstor Kirchner, parecía ser un nuevo comienzo. Pero las conclusiones a las que, tras diez años de investigaciones, llegó este fiscal, de que Irán estuvo involucrado en el atentado, chocaron contra la política exterior argentina, con sus veleidades a favor de Irán, que seguían la línea trazada por el presidente venezolano Hugo Chávez, a la que también plegó el Ecuador.
No se sabe la contundencia de las pruebas que haya tenido Nisman para implicar directamente a la presidente, a su ministro de Relaciones Exteriores y a otros miembros de su administración en el encubrimiento de la responsabilidad iraní en el atentado terrorista y en la cancelación de las alertas rojas internacionales para que fueran capturados ciertos funcionarios iraníes implicados en el atentado. Pero lo que sí se sabe es que su sucesor Pollicita las encontró convincentes, incluso en el detalle del acuerdo de canje de petróleo por granos.
Serán los jueces los que prueben la solidez de las conclusiones de Nisman y Pollicita. Una figura tan notable como Horacio Verbitsky, defensor de algunas de las víctimas de AMIA y miembro del directorio de Human Rights Watch, las considera “débiles”, como expresó en una columna en el New York Times el 28 de enero pasado. Pero aunque el 68 por ciento de los argentinos temen que nunca se llegue a saber exactamente qué pasó con Nisman, su país y América Latina, necesitan respuestas, sobre cada uno de los misterios de este macabro y laberíntico caso.