Hay un enfoque malintencionado con el que se quiere manejar el escándalo que involucra al ex vicepresidente Jorge Glas, y que más bien parece una estrategia perversa para echarle tierra al problema: la supuesta intimidad de los hechos. Esa idea mojigata de que existen límites para hurgar en la vida de los políticos puede servir, tranquilamente, para encubrir conductas reñidas con la ética e incluso con la ley.
El caso que nos ocupa no se refiere a que alguno de los involucrados se rasura el vello púbico, o que practica en la cama el doble carpado de Beethoven. Por las denuncias hechas públicas se presume el cometimiento de varios actos sujetos a judicialización: acoso sexual, chantaje, violencia laboral, extorsión, amenaza. Son delitos tipificados en la legislación ecuatoriana.
En cualquier sociedad medianamente institucionalizada, o en cualquier democracia medianamente decente, la sola denuncia de estos hechos execrables sería suficiente para jubilar políticamente a los implicados e implicadas. Pero en nuestro enclenque sistema político el cinismo se estira como chicle.
Ya saldrán los acuciosos operadores del correísmo obtuso a sostener que todo se trata de un complot de la CIA para afectar la imagen de Rafael Correa y de Jorge Glas, dos conspicuos revolucionarios antiimperialistas.
No es fácil, sin embargo, sepultar el incidente. Hay demasiados antecedentes de misoginia y violencia contra las mujeres en las filas del correísmo. Inclusive, desde antes de que asumiera el poder en 2007. Hoy es inevitable conectar este caso con los desafueros cometidos en el pasado, y establecer una línea de comportamiento sistemático.
La lista es extensa e intensa. El país la conoce, pese a los titánicos esfuerzos que hicieron los publicistas de Alianza PAÍS para minimizarla. El mayor problema, sin embargo, es la indiferencia o la tibieza con la que muchos ecuatorianos procesan estos casos. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres todavía está fuertemente naturalizada en muchos sectores sociales.
Toca hacer un gran esfuerzo para sacar de la inercia estos hechos de violencia de género. Más aún si están relacionados con personajes que, nos guste o no, son referentes para importantes segmentos de la sociedad. Ojalá que las organizaciones feministas dejen de lado sus adscripciones partidarias y asuman el desafío con firmeza y responsabilidad.
No pueden, por ningún motivo, dejar el manejo del incidente en manos de quienes tienen intereses concretos en desvanecer responsabilidades. Que sea la Prefecta de Pichincha quien busca aparecer como adalid de la transparencia interna de los partidos en temas de violencia de género es un pésimo síntoma. Ella dio suficientes muestras de sumisión al patriarca cuando se debatió en la Asamblea Nacional la despenalización del aborto por violación. Renunció olímpicamente a defender los derechos de las mujeres. ¿Qué puede hacer ahora?