La gran telenovela nacional a propósito del colapso del sistema de salud puede asumirse desde distintos abordajes. Uno técnico, otro financiero, otro administrativo. Sin embargo, hay uno al que hay que prestarle particular atención: el político. Más específicamente, el de la relación entre el primer mandatario y la vicepresidenta de la República.
Que Daniel Noboa le haya encargado a María José Pinto manejar el sector de la salud puede interpretarse como un desafío o como una condena. En el primer caso, porque si logra resolver los problemas más urgentes que aquejan a la salud pública, podría potenciar positivamente su imagen. Como dicen en la escuela, podría lucirse.
El problema es que se trata del sector más complejo de la administración pública: un presupuesto enorme, decenas de miles de funcionarios y empleados, una nutrida infraestructura repartida por todo el país. Si a estos factores le añadimos una corrupción estructural que data varias décadas atrás, el reto luce complicadísimo.
Precisamente por esto el encargo puede ser visto como una condena. Algo así como entregarle a alguien una casa sin decirle que hay un cadáver enterrado en el jardín. Ahora, a la vicepresidenta le toca exhumar los dos cadáveres escondidos en los sótanos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La pestilencia es insoportable, y las soluciones parecen lejanas. María José Pinto puede quemarse con la velocidad de un suspiro.
El encargo puede ser visto como una condena. Algo así como entregarle a alguien una casa sin decirle que hay un cadáver enterrado en el jardín.
Por ahora ya no puede hacerse el quite. La rectificación púbica que acaba de formular, luego del desaire con el que respondió su despacho a la solicitud de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), le obliga a responder con acciones concretas a los casos de corrupción presentados en el expediente. Más aún cuando, a los ojos de la población, su reacción inicial pudo ser leída como un intento por minimizar olímpicamente el problema. Consta un antecedente desfavorable: la descalificación con la que el jefe de Estado se refirió a la CNA hace unos meses. La vicepresidenta tendrá que poner una distancia prudencial con esta posición de Noboa.
La tarea encomendada, sin embargo, sigue siendo ambigua y difusa. No se sabe exactamente lo que María José Pinto tiene que corregir, ni cuánta libertad de acción tiene. Tampoco se ha hecho público el escenario con el que se ha encontrado que, por lo que se sospecha, debe ser escalofriante. ¿Va a destapar la caja de Pandora o simplemente se limitará a barrer la basura bajo la alfombra? ¿Resistirá a los intereses y presiones que actúan desde la sombra de los gigantescos negociados que se producen en el sector de la salud?
La vicepresidenta tendrá que desplazarse entre la lealtad y la ética, una balanza cuyo equilibrio resulta casi imposible en el mundo de la política.