En solidaridad con las víctimas del naufragio en la lancha Espóndylus.
He trabajado y vivido dentro de las islas observando la administración pública de Galápagos durante los últimos siete años, con pandemia incluida. He visto pasar gobiernos, reformas cosméticas, discursos verdes y crisis repetidas, con leyes que se hicieron para beneficiar a unos pocos. Los funcionarios de turno, con excepciones, procuran hacer negocios en las islas y se asocian con residentes permanentes. Y como resultado, lo que hoy se evidencia no es una falla aislada: es la consolidación de un sistema político-administrativo sin una gobernanza seria que se parece más al neofeudalismo descrito por Umberto Eco que a una democracia constitucional moderna.
El hundimiento de la lancha de cabotaje Espóndylus en Tortuga Bay, hace unos días, volvió a exhibir la precariedad estructural. No fue solo una emergencia mal gestionada: fue la manifestación de un modelo donde la responsabilidad se diluye y nadie responde políticamente. Antes estuvo el naufragio de la lancha Angie en el 2022: cuatro personas murieron ahogadas. Hasta hoy no existe una sentencia firme contra los responsables y se prescindió de procesar a autoridades, cuya negligencia permitió que esa tragedia ocurriera. Cuatro muertos y ninguna reforma de fondo. Esos accidentes son la vitrina de un sistema que nos negamos a ver. La actividad de cabotaje por ejemplo no está regulada por la normativa turística ni por la LOREG sino por leyes marítimas.
En 2022, 185 tortugas fueron encontradas embaladas en una maleta en el aeropuerto de Baltra. El símbolo mayor del archipiélago convertido en mercancía clandestina. ¿Dónde están las responsabilidades políticas? ¿Dónde está la transformación institucional posterior? El delito evidenció que no hay control estricto en el manejo de las especies; la estructura que lo permitió (y permite eso) sigue intacta.
Eco hablaba de la “nueva Edad Media”: fragmentación del poder, señoríos funcionales, autoridades que no emergen del control democrático directo. Galápagos encarna esa advertencia.
El gran capital turístico opera como poder dominante. La legislación vigente pero obsoleta —la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG)— ha sido utilizada no solo para proteger el ecosistema, sino también para consolidar monopolios, restringir competencia y blindar intereses económicos. La defensa legítima del régimen especial se ha transformado, en muchos casos, en herramienta para excluir, concentrar mercado y maximizar rentabilidad.
La idiosincrasia insular también ha sido instrumentalizada: se repudia al no residente permanente mientras se toleran estructuras económicas que concentran beneficios en pocos grupos. Se invoca identidad para cerrar el mercado, pero no para exigir transparencia o eficiencia administrativa. La residencia se convierte en frontera social; el monopolio, en práctica normalizada.
A ello se suma el papel apabullante de ciertas ONG ambientalistas que influyen transversalmente en todos los gobiernos de turno. Participan en diseño de políticas, direccionan agendas, ejecutan programas estratégicos —como la inserción de tortugas en Floreana— sin auditorías públicas independientes que transparenten nacimientos, mortalidad y trasabilidad real en centros de crianza. Gestionan patrimonio natural emblemático con financiamiento internacional robusto, pero sin someterse a control ciudadano equivalente al que se exige al Estado.
El Galápagos Life Fund profundiza esta fragmentación. La decisión sobre cuánto se invierte y en qué se invierte para proteger las islas se desplaza hacia esquemas financieros internacionales con gobernanza mayoritariamente del dueño del capital, no del Estado (aunque los fondos provengan de la deuda pública). Estructura que no podía implementarse sino era con el beneplácito de residentes permanentes que, en tratándose de dinero del extranjero no lo repudian como al ciudadano llano ecuatoriano no residente que entra a su tierra. La soberanía presupuestaria se reduce y el Estado opera dentro de marcos condicionados por extranjeros.
Entonces tenemos, capital turístico concentrado, ONG con influencia política estructural e intereses en el turismo y fondos internacionales que condicionan prioridades: un triángulo de poder que opera con fiscalización nula. Eso es neofeudalismo contemporáneo.
La LOREG es un brindis al sol. Los hundimientos reiterados, la impunidad en casos con víctimas mortales, el tráfico de fauna y la debilidad en la coordinación interinstitucional -entre otros problemas graves- evidencian que el régimen jurídico ya no responde a la complejidad actual. Ni siquiera responde a la Constitución de la República que considera que la naturaleza es sujeto de derechos. Está hecha para proteger al señor feudal.
Galápagos necesita un código integral que reemplace completamente ese marco normativo y cree una real gobernanza democrática: un cuerpo legal que transparente y regule todo lo que sucede dentro de las islas, que fortalezca la responsabilidad administrativa, imponga auditorías obligatorias a quienes reciben y gestionan dinero invocando conservación para las islas, así como reestructurar cómo está conformado el actual Consejo de Gobierno y fortalezca el sistema judicial interno.
La clase política nacional y local debería avergonzarse respecto de cómo se ha venido tratando a Galápagos. Ha permitido la consolidación de un sistema donde la democracia es formal, pero el poder real se distribuye en feudos económicos, técnicos y financieros. Mientras tanto, la ciudadanía observa hundimientos, tráfico de especies y en general impunidad reiterada. No les comento por espacio la corrupción de los últimos 20 años.
Galápagos no necesita más discursos verdes ni más retórica de excepcionalidad. Necesita soberanía efectiva, transparencia radical y una reforma institucional profunda.
De lo contrario, seguiremos viviendo en un archipiélago donde unos cuantos vasallos y siervos de la gleba les facilitan las islas a una red de señores feudales que deciden todo lo que debe pasar en ese hermoso y noble territorio, donde no tienen sus castillos pero sí sus negocios, y el verdadero soberano, usted, es invisible y podría ser víctima de un naufragio cuando vaya.