Mientras se siga manejando a Galápagos como una mera fuente de recursos y no como un ser vivo, habrá dos tipos de preguntas para los ecuatorianos. La primera: ¿son capaces de cuidar un bien natural que pertenece a la humanidad? La segunda, ¿tienes alguien, dentro del Parque Nacional Galápagos, que me permita operar sin permiso ambiental?
Datos oficiales del Parque Nacional Galápagos revelan que, al mes de abril del 2026, de 297 establecimientos de alojamiento turístico revisados en toda la provincia, 31 operan sin regulación ambiental. Trece ni siquiera han iniciado el trámite. Y frente a ese universo, ésta institución activó en este año un solo procedimiento sancionador. Es decir, que el control de estas actividades solo depende de la respuesta positiva a la segunda pregunta. Sí, tengo compadre.
En el Ecuador continental, la discrecionalidad administrativa también es grotesca, pero en Galápagos es más evidente y no destinada a la eventual lógica administrativa de la autoridad que busca el bien común, sino a perjudicar o beneficiar a alguien. La benevolencia o la severidad son selectivas. Cuando de 31 establecimientos que operan sin permiso uno solo enfrenta sanción, no hay gobernanza ni democracia sino arbitrariedad pura y dura. Y, desde mi perspectiva, tal arbitrariedad en las islas tiene una connotación que responde a la primera pregunta con un no rotundo. El hotel que opera sin licencia ambiental en cualquiera de las islas no es solo un infractor administrativo: es un agente de presión no cuantificada sobre acuíferos, sobre capacidad de carga, sobre la cadena trófica de un ecosistema que no tiene equivalente en el planeta. La iguana marina que anida a doscientos metros de una construcción irregular no sabe que su agresor aún está «en proceso de regularización». Los ecosistemas no distinguen entre ilegalidad sancionada e ilegalidad tolerada. Solo registran el daño.
Mientras escribo estas líneas, el Ecuador debate a gritos el desempeño de la Tri en el Mundial 2026. Las redes sociales arden con una pregunta que, en el fondo, es la misma que la de los permisos hoteleros en Galápagos: ¿bajo qué criterio se toman las decisiones que nos afectan a todos por parte de las autoridades ?
Al final, lo que Galápagos necesita no es un operador con buena relación con quien extiende los permisos: necesita hoteleros que entiendan que operar en las islas es una concesión que la naturaleza otorga bajo condición de respeto absoluto. Así como la selección no necesita un técnico amigo del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni jugadores simpáticos sino que metan goles y defiendan con alma la camiseta de todos.
Darwin lo entendió en 1835, mejor que muchos funcionarios en 2026: en Galápagos sobrevive quien mejor se adapta al entorno. No quien mejor se adapta al compadre. ¡Cuánta buena y urgente gobernanza se requiere!
El turismo y la creación de hoteles y hospedajes no es el problema. Nunca lo ha sido. Lo que hace daño a Galápagos no es la presencia de visitantes sino la ausencia de criterio: la pobreza moral de un sistema que exige tener un socio galapagueño con el 51% del capital —como si la participación accionaria fuera garantía de amor por la naturaleza— pero no exige que ese socio, ni el operador que lo acompaña, demuestren verdadera conciencia de conservación. La Resolución No. 04-CI-21-I-2008 del inexistente INGALA, que obliga a toda inversión extra galapagueña a asociarse con un residente permanente, pudo haber sido una barrera protectora. En la práctica, aunque jurídicamente no existe, se convirtió en el mejor reglamento que el compadrazgo ha tenido jamás: basta encontrar al compadre preciso, darle su porcentaje en papel y operar sin permiso ambiental con la más absoluta tranquilidad.
Lo que Galápagos merece —y lo que la Constitución en realidad manda— son empresarios con conciencia y autoridades independientes y profesionales.
@milcastillo331