El creciente uso de bienes municipales por el alcalde de Quito, en favor de la candidata presidencial del correato, es un recordatorio de cómo esta organización política atropella los recursos públicos, pues los utiliza como si fuesen sus posesiones particulares.
El ejemplo evoca otra característica del correato, reiterada durante más de una década: la arbitrariedad y el descaro cuando alguien de sus filas ostenta el poder político. Ya lo hicieron y nuevamente lo están repitiendo. Esto va acompañado por la práctica correana de juntar simpatizantes, moldeados para aceptar sin chistar las acciones de sus cabecillas, y amedrentar a quienes osen denunciarlos. Felizmente siempre hay valientes.
Una de ellas, la concejala quiteña Sandra Hidalgo. Hidalgo fue la primera edil en denunciar el “pronunciamiento abiertamente proselitista” del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, emitido a través de plataformas de difusión municipales, en favor de la postulante del correísmo.
Precisó que esos espacios son pagados con los impuestos de los quiteños y lamentó que su cuestionamiento no hubiera sino examinado en la sesión del Concejo de Quito, del 3 de octubre.
También me sorprende oír al Alcalde hacer un pronunciamiento proselitista en su espacio de rendición de cuentas transmitido por frecuencias y plataformas municipales, cuyo manejo es pagado con impuestos de los quiteños. Lamento que no se haya incluido el tema en la sesión de hoy. pic.twitter.com/ssfSm7V5KG
— Sandra Hidalgo E. (@SandraHidalgoEC) October 3, 2023
En su intervención la concejala también declaró como “inaceptable” la emisión de un video de apoyo a la candidata presidencial del correísmo, por parte de la secretaria de Coordinación Territorial del municipio de Quito, Carina Vance, ex ministra del correato, por haber sido grabado en instalaciones del cabildo
@carinavanceec Por el bien de todos, por la salud pública.
La concejala demandó a Muñoz no utilizar los bienes municipales para “amplificar un mensaje electoral” de una organización política.
La inquietud de la dignataria no fue tratada en el Concejo de Quito, pues la moción para debatir sobre el uso de los bienes de la ciudad en favor de la candidatura del correato no obtuvo la aprobación de la mayoría de los concejales. Esta es su práctica cuando tienen mayoría en un cuerpo colegiado: ignorar toda norma que pudiera impedir que aquello que ya lo hicieron lo vuelvan a repetir.
Sorprende aún que sus simpatizantes defiendan con desparpajo estos desafueros como si fueran acciones positivas ceñidas a la ley y no atropellos autoritarios, por ser de facto, que no corresponden con el ejercicio representativo de la democracia.
Este uso y abuso de los espacios y posesiones públicos es lo que Martín Pallares conceptualizó como otro modo de privatizar lo público, pues es una práctica de ejercicio del poder en beneficio de intereses particulares, cuando no personales. Y la peculiaridad es que lo hacen desde la ideología dieciochesca de la lucha de clases, según la cual todo empresario es un explotador, cuya única pretensión es la de administrar el estado como si fuera su compañía. Aunque, curiosamente, quienes lo afirman, son quienes ya se apropiaron de lo público como si fuera su feudo privado, y lo quieren nuevamente reiterar.