Cuando sus eficientes colegas le quitaron sus hijas a la jueza chilena Karen Atala, escandalizados esos sabios juristas porque la magistrada se declaró lesbiana, ella, como buena abogada, los demandó en instancias internacionales.
Chile pasó la vergüenza de perder ese litigio -en ese supuesto «tribunal del mal» que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos- y tuvo que reconocer el abuso de sus operadores de justicia contra Atala. Se tuvo que disculpar, públicamente, y la indemnizó con USD 72 000. A propósito de ello, la jueza lesbiana les recordó a sus compatriotas que, en un Estado laico, ni las leyes ni las decisiones judiciales pueden ser justificadas con criterios religiosos. Ni con moralina pequeño burguesa, como esa que bien describió en su momento Nietzsche en El Anticristo.
¿Hay Estado laico en el Ecuador? Los autoproclamados alfaristas dirán que sí, que en su perfecta Constitución pusieron que van a promover la «ética laica».
Pero le queda a uno la duda cuando las leyes se redactan con moralina, y los argumentos no son jurídicos ni propios de una sociedad secular, sino eminentemente religiosos.
La única ideología -si así cabe llamarla- de la clase política emergente es su moralina. La moralina fue el pegamento con el que se unificaron ciertos colaboradores de León Febres Cordero y los más talentosos líderes de las «izquierdas» en el actual experimento político.
La moralina fue el referente de quienes promovieron la inestabilidad política desde el derrocamiento de Bucaram, pasando por el de Mahuad y terminando en la revuelta pequeño burguesa que acabó con Gutiérrez. Se percibia su tufo en frases como aquellas de las «manos limpias», el «buen vivir» y en el tópico de la «prensa corrupta», que de ser una desafortunada ocurrencia de un señor al que no le gustó la nota en un periódico sobre la trágica muerte de su sobrino, pasó a convertirse en doctrina del Estado.
Moralina, cuando en la Constitución «garantista» ellos y sus abogados, tan astutos, se adelantaron a los debates del resto del mundo civilizado para prohibir el matrimonio igualitario de la forma más rotunda, ganándole la carrera a cualquier senador republicano de Estados Unidos que aún no logra ponerlo en la Constitución de su país.
Moralina, cuando con sus socios del ecologismo más fanático -a los que luego desbancaron del poder cuando se volvieron incómodos- nos vendieron el cuento panteísta (una manera burda de encubrir sentimientos religiosos) de que la naturaleza tiene derechos, pero ciertas personas no.
Moralina, como de la aquellos ecologistas «de la verdadera izquierda» que suscriben el mito del buen salvaje y condenan con furor de pastor protestante que la gente pobre de la Amazonía tenga celular, vehículos a motor, transite por carreteras, tome cerveza o vaya al médico, porque supuestamente su mundo mágico-mítico tiene soluciones «ancestrales» para casi todo.
Moralina, como cuando amenazan con el colapso del Estado y el fin de la República si se aprueba el aborto, cosa tan opuesta a sus profundas creencias religiosas.
Moralina, como cuando bajaron la edad para votar a 16 años pero subieron la edad del consentimiento sexual, cerrando los ojos, pudibundamente, a la realidad del sexo adolescente.
Moralina, como cada vez que se esgrime alguna razón abierta o disimuladamente religiosa para legislar, socavando el Estado laico y comprometiendo la formación de ciudadanos sin condicionamientos religiosos, amenazando la libertad de conciencia que, curiosamente, también ocupa unas largas parrafadas de la Constitución «garantista».
En ese periodo sombrío llamado la teocracia garciana, aquella que Eloy Alfaro combatió siempre (lo que, a la postre, le llevó a la muerte de «hereje» que le dieron), se legisló con la Biblia en la mano, con los teólogos de asesores y los confesores jesuitas preocupados por el alma inmortal del pueblo ecuatoriano y su salvación en el reino que no es de este mundo. Hubiera sido impensable que en ese Gobierno se legitimara un «pecado» como el aborto.
No en vano, Leopoldo Benítez Vinueza, en Ecuador, drama y paradoja, definió esos tiempos oscuros con esta frase: «su justificación aparente: la tecnificación del país y el programa de obras públicas, a cambio de la libertad».
Pero han pasado ya casi 150 años de la Constitución garciana, y resulta que seguimos en las mismas: es de buen gusto declararse más o menos curuchupa y seguir usando como en los países islámicos argumentos religiosos o seudo religiosos y, por ello, irracionales, parciales y mágicos, para justificar las leyes de una República supuestamente secular. El eterno retorno de todas las cosas, que diría Nietzsche.