Hace pocos días inició su segundo período de gobierno Daniel Noboa y entre sus primeras comunicaciones mostró una lista con los ministros de Estado que se quedan y con esos que se van o que se reubican. El cambio de una autoridad de la talla del presidente de la República es determinante, sin duda, porque él puede decidir acerca del rumbo de la policía pública en materia económica, en inversión social o en seguridad, perjudicando con sus decisiones a ciertos segmentos y favoreciendo a otros. Pero: ¿Importa mucho el cambio de ministros, si es que ya se sabe cuál ministerio tiene algunos, pocos o ínfimos recursos para su trabajo? Los que creen que sí, dirán que hay variables importantes, como el conocimiento que el secretario de Estado tenga del ramo, su capacidad de gestión de recursos o de relacionarse con los diversos actores que inciden en esa cartera. Otros pueden decir que poco importan los ministros, más bien voceros e imagen pública particular, pero que importan sus asesores, quiénes le enseñan o les ayudaran a mirar “por donde le entra el agua al coco”, en esa cartera de Estado.
Puede que ciertos temas mejoren desde la voluntad, de las ganas y del interés que una autoridad tenga en ello y que trascienda el cauce de los procesos, sobre todo burocráticos ya establecidos. No son pocos los temas que se han desarrollado gracias a la voluntad del ministro y que luego han decaído con el siguiente. Esas autoridades del Estado cambian, pero los procesos no lo hacen, estas pueden generar incluso innovadoras propuestas pequeñas o eventuales en alguna minúscula área o ser de impacto mediático, pero los procesos importantes, los procesos de largo aliento, no cambian. Los procesos están diseñados con un estilo particular y hegemónico, por lo que es mejor no atreverse a cambiarlos so pena de ganarse problemas de diversa índole, en el cual el despido del cargo es el mal menor y que van desde correr riesgos administrativos y de control, acciones judiciales, o el fin de las aspiraciones políticas.
Desde esa estructura de modelos establecidos y normados, los cambios de autoridad no inciden mucho, la esencia institucional particular y el ejercicio de los diversos sistemas o dispositivos particulares dentro de la institución continúan. Todo el mundo sabe que al interior de las instituciones públicas el buen ánimo de un funcionario y la pasión para creación proyectos, propuestas y hasta la misma articulación de ideas que pueden concretarse pasan por tres departamentos que se encargan de “cortar las alas” a la iniciativa y hacer lenta cualquier tarea. El departamento financiero, el administrativo y el jurídico son los encargados de poner las ideas dentro del ritmo quelonio de la burocracia. Eso sin tomar en cuenta el departamento de planificación que pone las cotas con antelación y con el cual hay que coordinar previamente.
Las consideraciones jurídicas y sus lentas aprobaciones de considerandos son el primer paso. Luego viene el presupuesto, que, en caso de haber dinero genera otros trámites para autorizar el uso de los recursos, para arribar a los procesos administrativos que cruzan por la firma de tal director, luego por otro cuadro medio de carácter técnico hasta saltar de piso en piso recibiendo las distintas aprobaciones. Superar esos obstáculos significa tiempo considerable y mientras esta ha pasado, la realidad ha cambiado y la razón de ser del proyecto debe modificarse, iniciando nuevamente el circuito descrito, cual Sísifo del siglo XXI.
Por otra parte, la estructura jerárquica estatal hace pensar que hay cargos directivos de diversa gradación cuyo fin responde netamente a las necesidades institucionales de control. Foucault ya advierte sobre ellos, siendo necesarios, no por el valor agregado técnico o procedimental que proporcionan, sino porque aseguran la vigilancia, el disciplinamiento y de ser necesario el castigo de aquellos subalternos que tienen a su cargo, estos sí, técnicos.
Esa estructura de procesos y burocracia establecidas, ese engranaje preciso, lento y difícil de cambiar, se torna más peligroso para el manejo del Estado si es que se une con las características propias del presidente actual, tales como su desconocimiento de aspectos generales de gobernanza, su uso y abuso de los límites y alcances constitucionales desde su estilo autoritario. Si a ello se suma la incapacidad e indolencia de sus ministros y la inexperiencia de su bloque de asambleístas, se tienen todas las condiciones para regresen los apagones y desastres ambientales, se incrementen las tasas de desempleo y los porcentajes de muertes violentas. Es muy posible que sigan desertando del sistema educativo más jóvenes y adolescentes y se vinculen a los GDOs.
Todo ello, sin vincular esa premisa desde la cual el típico presidente de un país tercermundista es un empleado que sigue órdenes del Departamento de Estado norteamericano y de las multinacionales.