Venezuela se está desangrando. Una dolorosa realidad que debería rebasar nuestras concepciones ideológicas y las creencias en los gobiernos de turno. Se trata de reconocer una realidad latente y lacerante: millones de venezolanos y venezolanas están huyendo de su propio país.
Y lo hacen cada vez, en peores condiciones económicas, físicas, psicológicas, emocionales. Las imágenes no mienten (aunque provengan de canales alineados al gobierno de Venezuela o contrarias a este). Diariamente se observan: hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad que han llegado transbordando buses e incluso caminando a cualquier país. La imagen es recurrente en Cúcuta (Colombia), Moraima (Brasil), Aguas Verdes (Perú) y por supuesto en Rumichaca o San Miguel (Ecuador).
Para quien viene desde Venezuela, él camino, se convierte en un calvario interminable. Sacar documentos de viaje en su país, es tarea imposible (los elevados costos y los intencionales retrasos gubernamentales son en esencia una grave complicación). Pero aquellos que lo han logrado obtener (o incluso se arriesgan a un viaje sin documentos), deben afrontar vicisitudes en el camino: dormir poco, hambre, inseguridad, presencia de grupos delincuenciales, gente inescrupulosa que en el camino aumenta los costos de insumos básicos, acciones de discriminación. En fin, tantas cosas que suceden en el camino de un desplazado y que para una sociedad que la vivió en carne propia (como el caso ecuatoriano), no debería ser desconocida.
Pero al llegar al Ecuador, la situación se complica más.
Por un lado, la inconstitucional Ley de Movilidad Humana, ha impuesto condiciones que son imposibles de conseguir para lograr la regularización. Los altos costos de una visa en Ecuador (la más económica se encuentra en USD 250 por persona), la exagerada solicitud de documentación apostillada (que es imposible en Venezuela) y una serie de requerimientos adicionales que se los puede conseguir solo en ciudades como Quito y Guayaquil; generan una mayor irregularidad.
La actitud ambigua del gobierno del Ecuador (principalmente de la Cancillería) sobre el problema que vive Venezuela ha significado que no se asuma la recomendación de la OEA, CIDH, ACNUR y de varias organizaciones sociales; en cuanto otorgar refugio a las personas que llegan de dicho país, incluso utilizando mecanismos colectivos de reconocimiento.
Al parecer, el gobierno ecuatoriano aún no ha superado la antigua alianza con su par de Venezuela y no toma una posición firme y frontal pensando en toda la población que se enfrenta cotidianamente a una lucha por la supervivencia. El recientemente posesionado Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, (José Valencia) abrió una puerta de esperanza cuando habló de la posibilidad de aplicar la “Carta de Conducta” de Jaime Roldós para abordar el tema en Venezuela. Pero de esta declaración pública a la fecha, no existen acciones en concreto.
En dicho documento, se plantea con claridad la supremacía del ejercicio de los derechos humanos, incluso por cualquier otra condición interna de los países. Este mismo concepto se lo vuelve a repetir en la Constitución del Ecuador y en muchos instrumentos internacionales, particularmente la Declaración de Cartagena que reconoce como causal de refugio, el haber salido de su país por violación masiva a los derechos humanos.
Entonces, si está claro el hecho de que la población venezolana debería acceder con facilidad al refugio en Ecuador, ¿cuál es el problema?. La respuesta, aunque cueste aceptarlo, está en la ceguera con la que ha actuado la diplomacia ecuatoriana en los últimos años. Su falta de enfoque integral de derechos humanos. El haber privilegiado posicionamientos personalistas y egocéntricos, en los que no se observaban las condiciones en las que se estaban desarrollando el conflicto en Venezuela. La ausencia de capacidad para entender los acontecimientos y visualizar soluciones en su debido momento. En fin, podría enumerar muchas más.
Me sumo al llamado realizado hace pocos días por organizaciones como la Misión Scalabriniana al gobierno de Ecuador, y en particular al Canciller: declaremos la emergencia migratoria; establezcamos un proceso de acceso al refugio que pueda sustentarse en la protección de derechos para la población, y generemos diálogos entre Estado y sociedad civil para asumir acciones desde cada una de nuestras competencias y roles.
Por otro lado, no olvidemos los miles de compatriotas ecuatorianos que están atrapados en Venezuela sin poder salir. Familias venezolano – ecuatorianas, fruto de la migración de las décadas de los años 70 y 80, en donde miles de familias, fueron acogidas y se radicaron permanentemente en Venezuela; las que ahora no pueden obtener su documentación (por los mismos problemas que los venezolanos e incluso porque las tasas consulares ecuatorianas no se ajustan a su realidad económica). Hagamos posible que estas familias y sus descendencias que por Constitución tienen el derecho de la nacionalidad ecuatoriana, vuelvan al país y puedan ejercer sus derechos.
Este llamado lo hago pensando en los centenares de miles de familias: por aquellos que están durmiendo en terminales en varias ciudades, por aquellos que están desesperados por volver a abrazarse con sus familias en cualquier ciudad del mundo, por aquellos que quieren volver a mirar con esperanza la posibilidad de retornar a su tierra. Convoco a pensar en todos los rostros de cada uno de ellos y de ellas. A sentir el grito desesperado. A quitarnos la venda de los ojos y admirar la posibilidad de construir una sociedad desde la riqueza que implica la diversidad.