La semana pasada, en Santiago de Chile, se llevó a cabo la reunión en la que el presidente chileno José Antonio Kast, junto con cancilleres y ministros de Seguridad e Interior de la región, firmaron el «Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional». En el encuentro estuvieron presentes altos funcionarios de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, con el objetivo de integrar estrategias que permitan combatir la criminalidad organizada en un contexto en el que los esfuerzos nacionales han demostrado ser insuficientes frente a la delincuencia transfronteriza.
Cuatro ejes principales del acuerdo
Intercambio de información. Las autoridades y fuerzas del orden podrán acceder a datos de primera mano sobre actividades delictivas, movimientos migratorios y requisitorias, con el fin de identificar y neutralizar bandas criminales antes de que operen en los países firmantes.
Control fronterizo. Una de las debilidades estructurales de los países de la región es la gestión de sus fronteras. En el caso de la frontera Ecuador-Perú, según informes del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), el tránsito de personas oscila entre 130.000 y 140.000 personas por trimestre. En el corredor Bolivia-Perú-Chile, uno de los más transitados de la región, la ausencia de registros sistemáticos por parte de las autoridades peruanas dificulta una medición precisa del flujo.
Inteligencia financiera. El acuerdo contempla el mapeo y seguimiento de flujos de dinero ilegal que se filtran hacia las economías formales. Según estimaciones, entre el 3% y el 5% del PBI de los países andinos proviene de actividades ilícitas, lo que convierte el rastreo de rutas financieras en una herramienta central para desarticular redes criminales.
Control de insumos químicos. Este es uno de los puntos más críticos del acuerdo. La falta de control sobre estos insumos facilita su desvío hacia la minería ilegal y el narcotráfico. En el Perú, según un informe de Ojo Público, la SUNAT y la PNP incautaron en 2022 más de 37.000 toneladas de insumos químicos ilegales, lo que representó un aumento de más de 168% respecto a las 13.903 toneladas neutralizadas en 2019.
180 días para demostrar resultados
Tras la reunión del 28 de mayo de 2026, los cinco países acordaron conformar un grupo de trabajo integrado por entidades competentes de cada Estado para implementar los compromisos asumidos. En un plazo de 180 días, las cancillerías y ministerios de seguridad se reunirán para revisar el estado de avance de lo acordado.
Este es el momento para que la integración sudamericana demuestre que puede estar a la altura de los tiempos. Quedaremos atentos a las acciones concretas que ejecute este grupo de trabajo.