Cuando el poder se ejerce con torpeza o con falta de visión, las consecuencias terminan manifestándose en todos los planos. No es la “naturaleza” la que castiga, sino la acumulación de decisiones equivocadas en un contexto ya de por sí frágil.
Ecuador es un país altamente vulnerable, expuesto tanto a factores internos como externos, que vive en un equilibrio precario. En el ámbito energético, por ejemplo, la dependencia de las lluvias revela una debilidad estructural que no ha sido corregida. Tras 28 meses de gobierno —alrededor de 840 días— no se ha incorporado un solo kilovatio-hora adicional al sistema eléctrico nacional. Por el contrario, dos proyectos termoeléctricos fallidos (PROGEN y Austral Technical Management) han generado pérdidas cercanas a los 120 millones de dólares, sin ofrecer soluciones reales a la crisis.
A esto se suma el deterioro de las relaciones diplomáticas con Colombia, lo que ha cerrado una vía importante para mitigar contingencias energéticas. En el frente externo, el previsible incremento de los precios del petróleo amenaza con encarecer los combustibles, lo que, a su vez, podría desencadenar una escalada inflacionaria y una crisis de seguridad alimentaria.
En materia de seguridad, la situación tampoco muestra mejoras sustanciales. A pesar de medidas excepcionales como el toque de queda en cuatro provincias durante 15 días, la percepción ciudadana en uno de los países más violentos de la región permanece prácticamente inalterada.
En el plano social y político, el panorama es igualmente preocupante. Tres estallidos sociales recientes no han sido canalizados mediante procesos de diálogo efectivos, dejando en suspenso las demandas del movimiento indígena y de amplios sectores de la población. Paralelamente, se evidencian tensiones internas en la Policía y las Fuerzas Armadas, así como una falta de cohesión entre las élites económicas.
Cuando las instituciones se debilitan y la democracia pierde capacidad de respuesta, la presión social se acumula sin mecanismos de desahogo. En ese contexto, el país parece encaminarse hacia una “tormenta perfecta”, en la que múltiples crisis convergen simultáneamente.
Así, incluso previo a las elecciones seccionales anticipadas (29 de noviembre de 2026), el futuro y la estabilidad del gobierno de Daniel Noboa, permanecen en una situación de alta incertidumbre.