Era un desenlace previsible: bonanza, despilfarro y corrupción, crisis económica y, al final, caos político. Las salidas, como siempre, oscilan entre la perpetuación del desorden y el salvataje jurídico. En otras palabras, entre la sucesión de gobiernos y la convocatoria a una nueva asamblea constituyente. A eso, al menos, apuntan los remanentes del correísmo obtuso, hoy acorralados por la justicia y aminorados por el descrédito general.
La diferencia radica en que, a pesar de la inclinación de muchos protagonistas a reeditar el guión, las circunstancias han variado. Por un lado, tenemos una concentración de la riqueza inédita en la historia nacional. El manejo de la producción y la economía en pocas manos se traduce en la imposición de una estabilidad política a cualquier costo. Si los gigantescos monopolios nacionales y transnacionales sostuvieron a Correa durante diez años fue porque les garantizó una fluida acumulación de capital. Lo último que desean es alterar esa tendencia.
Por otro lado, tenemos una economía subterránea cada vez más difundida. A las mafias del multitráfico (narcóticos, armas, personas) y del contrabando tampoco les conviene el desorden político. Su objetivo siempre será la institucionalización de la informalidad. Sobre ella hacen sus pingües negocios.
Y, en medio de estas grandes estructuras, tenemos unas Fuerzas Armadas que jamás perdieron su condición de garantes del orden y la estabilidad. Siguen siendo el pilar más sólido del sistema.
Ninguno de los poderes mencionados permitirá una alteración del régimen; es decir, del esquema de relaciones de poder que determinan tanto el funcionamiento de la economía como el control de la sociedad. Puede cambiar el gobierno, pero no el régimen. Pueden abandonar a Moreno, pero manteniendo líneas estratégicas como la megaminería, los acuerdos comerciales o las actividades ilícitas.
Ninguno de los poderes mencionados permitirá una alteración del régimen; es decir, del esquema de relaciones de poder que determinan tanto el funcionamiento de la economía como el control de la sociedad. Puede cambiar el Gobierno, pero no el régimen.
Por eso, la principal amenaza contra la democracia y los derechos colectivos no son los correístas, hoy interesados en pescar a río revuelto pese a ser corresponsables del paquetazo. Están reducidos a una minoría alharaquienta.
La principal amenaza radica en la ofensiva de una derecha estructural que busca articular un proyecto estratégico desde el control del aparato del Estado. Quiere juntar en un mismo paquete economía y política. En ese sentido, el paro de los transportistas no es ni una casualidad ni una simple reivindicación gremial. Ellos siempre han impuesto una agenda reaccionaria acorde con las orientaciones de los grupos de poder tradicionales.
En tales condiciones, el desafío no está en el terreno de un Gobierno debilitado y errático, sino en el campo de la sociedad y de los sectores democráticos del país. Mal que bien, los movimientos sociales son una reserva de civismo y conciencia pública con capacidad para defender los derechos y las libertades ciudadanas. Eso sí, tienen que evitar que el correísmo corrupto o la derecha recalcitrante se encaramen en sus luchas con el pretexto de combatir al Gobierno.