Quienes piensan que el correato demolió las instituciones se quedan cortos. La cámara oculta en el despacho presidencial demuestra que asistimos a una descomposición general de la institucionalidad. Únicamente una trama mafiosa puede hacer posible ese hecho vergonzoso, insólito, impensable.
Como todo proyecto autoritario, el correato se sostuvo sobre un siniestro esquema de complicidades basado en las conveniencias personales. Cargos bien remunerados, prebendas, canonjías burocráticas y pequeñas cuotas de autoridad (no de poder) apuntalaron este andamiaje informal e irregular. Quienes no eran parte del engranaje, simplemente se hacían de la vista gorda. Miraban hacia otro lado.
Solo así se explica que durante diez años se hayan mantenido ocultos tantos hechos de corrupción, de abuso de poder y de tráfico de influencias. Y ahora, de espionaje ilegal. Es imposible suponer que personas tan cercanas a las altas esferas del poder político no se hayan percatado de lo que sucedía. Callaron por miedo o por conveniencia… pero callaron.
¿Cuántas cámaras ocultas restan en los laberintos de la administración pública? La encontrada en el ombligo de Carondelet solamente simboliza los cientos de ojos y oídos que el correato dejó instalados en el aparato del Estado. Son operadores al servicio de oscuros intereses. Porque mantener funcionando ese pequeño dispositivo de espionaje requiere de la complicidad de alguien (o de álguienes, como se dice en el barrio) adentro. No se trata de una película de 007 o de Misión Imposible, donde los expertos se dan forma para penetrar las seguridades enemigas; aquí hablamos de puro y simple sapeo. A la criolla.
Viéndolo desde el lado positivo (si puede haber alguno), el episodio de la cámara da al presidente Moreno una gran oportunidad: extirpar de raíz el sistema de control y vigilancia instalado por su antecesor. Sin medicaciones burocráticas del sistema judicial, porque estamos frente a un delito flagrante en contra de la seguridad del Estado. No se trata de una anécdota, como pueril y simplonamente lo ha insinuado la asambleísta Buendía. No es fisgoneo ni voyerismo: es espionaje al más alto nivel.
El caso ofrece una auténtica mesa servida para Moreno: hoy puede sancionar severamente a los responsables de este delito y, de paso, ponerle un tatequieto a Correa y a sus subalternos más incondicionales. Porque los involucrados en el escándalo podrían terminar con sus huesos en la cárcel. Por acción u omisión.
Salir de las cloacas institucionalizadas que nos heredó el correato no será tarea fácil. Sobre todo, porque gran parte del armazón subsiste. Y Moreno no da señales de querer sanearlo (o a lo mejor no tiene condiciones). Pero al menos podría empezar por el aparado de seguridad del Estado. Razones le sobran.