En política, inducir al espanto o a la conmoción no solo sirve para manipular el ánimo colectivo, sino para soslayar los problemas de fondo. Nos escandalizamos por los discursos y perdemos de vista la importancia de los hechos.
En los últimos días se han producido dos noticias que han alborotado el avispero político nacional. La primera, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de declarar a Rafael Correa y a Jorge Glas como personas inadmisibles para ingresar a ese país. Nada de lo cual debería sorprendernos, porque las alarmas venían activades desde hace muchos años. Como alguno habíamos advertido, solo faltaba el detonante del juicio contra Carlos Pólit para que la bomba de la corrupción institucionalizada estallara.
El problema es que el debate político alrededor de este episodio está centrado únicamente en las eventualidaes del caso. De lado y lado. Los detractores de los exjerarcas verde-flex concluyen que se acaba de confirmar que durante los diez años de correato se montó una compleja estructura de corrupción en el seno de la administración pública. Como si antes no hubiera habido suficientes evidencias. Adicionalmente, insisten en las catastróficas consecuencias que esta decisión tendría en el futuro inmediato del expresidente.
Los defensores de Correa, por su parte, reiteran en la vieja cantaleta de la persecución política, ahora internacional. Como si el expresidente tuviera una importancia relevante para los gringos. Ocupados como están en la guerra de Ucrania, en la escalada bélica del conflicto en Oriente Medio y en el áspero pulseo estratégico con China, difícilmente tienen tiempo para preocuparse por nimiedades. Correa es uno más de los tantos personajes del mundo político, empresariales, deportivo o criminal que engrosan la lista de sancionados con el retiro o la denegación de una visa.
Una información tan delicada no debe servir como insumo para los juegos de poder de los gringos. Acostumbrados como están a imponer su hegemonía policial y militar en el mundo, suelen manejar la información reservada o secreta en función de sus intereses puntuales.
Lo verdaderamente importante, en este caso, es la información con que cuenta el gobierno de los Estados Unidos para haber tomado esa decisión. No solo el Estado ecuatoriano, sino toda la ciudadanía, debe exigir el acceso a esa información, porque se trata de delitos cometidos en el país, con recursos nuestros y en perjuicio de la fe pública. En concreto, qué, cuánto y cómo saquearon al erario nacional. Es nuestro derecho saberlo.
Una información tan delicada no debe servir como insumo para los juegos de poder de los gringos. Acostumbrados como están a imponer su hegemonía policial y militar en el mundo, suelen manejar la información reservada o secreta en función de sus intereses puntuales. La utilizan para chantajear, presionar o negociar en determinados momentos y contextos. Y el Ecuador no debe aceptar que hechos tan dolorosos para la conciencia nacional permanezcan en la opacidad de los chanchullos políticos y diplomáticos de una potencia extranjera.
La segunda noticia se refiere a la declaración del presidente Noboa respecto de la existencia de dos mil hectárea de cultivos de coca en el territorio ecuatoriano. Ya saldrán las aterradas voces de los fervorosos creyentes en el mito de la isla de paz a anunciar la hecatombe nacional. Como si, en este caso también, no existieran antecedentes para concluir que el desenlace era inevitable.
Desde hace más de cuatro décadas el territorio del Ecuador, particularmente en la zona fronteriza con Colombia, ha sido utilizado para los sembríos de coca. La expansión de esta actividad ilícita era tan previsible como inevitable, por la sencilla razón de que los narcotraficantes no son pericos ligeros ajenos a las dinámicas empresariales y a los negocios. Que ahora nos confirmen algo que era obvio no debería provocar tantos sobresaltos.
Lo realmente dramático, entonces, es que el circuito del narcotráfico en el Ecuador terminó de cerrarse. De país de tránsito nos hemos convertido en país productor. Y eso sí tiene efectos demoledores.