Según la Constitución, hay dos procesos de consulta especiales para pueblos y nacionalidades. El uno es la consulta pre legislativa, que se regula previo a la aprobación de cualquier norma en el Poder Legislativo que pueda afectar sus derechos, y la consulta previa, libre e informada, que debe realizarse en cada fase de un proyecto extractivo.
También existen otros procesos de participación, cómo la consulta ambiental o la consulta popular que atañen a la ciudadanía en general y no solamente a proyectos extractivos.
Sin embargo, si de los procesos de consulta deriva una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada por el Estado. A pesar de que hacer la consulta es obligatorio, como se dice en derecho, no es vinculante.
Actualmente, el Estado está impulsando una serie de consultas en distintas concesiones en donde se ha encontrado con la resistencia de las comunidades. Pero el Manual para la Operativización de la Consulta Previa, Libre e Informada, emitido por el ministerio de Energía, intensificó el conflicto y la resistencia de las comunidades.
Representantes indígenas de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Junta Administradora de Agua Potable del Portete y Tarqui, la comunidad San Pedro de Escaleras y de la Unión de Defensores del Agua (UNAGUA) presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial relativo a la creación del manual.
Los demandantes aseguran que toda norma, como el Acuerdo Ministerial, debe insertarse dentro del ordenamiento jurídico del Estado, “no puede ser vulnerado con normas de inferior categoría”, dicen. Aseguran que no se permitió su participación previamente para la aprobación del Acuerdo.
Otro argumento de los accionantes es que se debe cumplir con la sentencia dictada por la Corte Constitucional de dictar una Ley orgánica que regule la consulta Previa Libre e Informada y no suplirla con un acuerdo ministerial, que es lo que ha hecho el Gobierno. La Corte dictaminó en 2010 que la ley se debe emitir y la Asamblea aún no lo tramita.
“Para dictar el Acuerdo Ministerial, las comunidades, no hemos sido invitadas a un proceso de consulta pre legislativa, quedamos al margen de la participación, ninguna autoridad, delegado del ministerio de Energía y Minas, no se ha invitado peor consultado”, consta en la demanda.
Los reclamos van sobre varios contenidos del Acuerdo: qué temas debe contemplar la consulta previa, libre e informada o cómo debe actuar las comunidades en esta norma normativa, sobre los tiempos, plazos sobre las decisiones y el consentimiento previo.
“¿Cómo que la consulta no es vinculante? ¿para qué sirve entonces?, no se burlen de los ecuatorianos. Se viene una conflictividad en la que el único responsable de lo que pase será el presidente Noboa”, YAKU Pérez.
Sobre éste último punto, los demandantes aseguran que la consulta, cuando se trata de proyectos extractivos en territorios ancestrales, tiene el deber de obtener el consentimiento de la comunidad, “y si no hay el consentimiento de la comunidad no se puede ejecutar un proyecto que vaya afectar los elementos económicos, culturales, ambientales, la salud”. Sin embargo, el Acuerdo afirma que de no obtenerse el consentimiento el Estado sí podrá ejecutar los proyectos si logra justificarlo, pues se ampara en el criterio de que la titularidad de los recursos naturales es del Estado del Ecuador y su administración.
Los demandantes exigen como medida cautelar que se disponga la suspensión del contenido del cuerpo legal impugnado y se declare inconstitucional el Acuerdo. Las autoridades demandadas son: Andrea Arrobo Peña, ministra de Energía y Minas; Ramiro David Díaz Castro, ministro de Energía y Minas subrogante; y Juan Carlos Larrea Valencia, en calidad de Procurador General del Estado.
El ex candidato presidencial Yaku Perez, quien es el abogado de la causa, dio una rueda de prensa en las afueras de la Corte Constitucional, en donde grupos ambientalistas hicieron un plantón. “Noboa llegó a acuerdos en su viaje a Canadá para agilizar los procesos de consulta previa y consulta ambiental”, advirtió Pérez.
El Ministerio de Ambiente se instaló en Palo Quemado, una comunidad de unas 1000 personas, para realizar la consulta ambiental en medio de un fuerte resguardo policial. Los comuneros reportaron que fueron reprimidos con balas de goma por la fuerza policial. Fotos: Wambra Medio Comunitario
“¿Cómo que la consulta no es vinculante? ¿para qué sirve entonces?, no se burlen de los ecuatorianos. Se viene una conflictividad en la que el único responsable de lo que pase será el presidente Noboa. No queremos que se repita lo sucedido en Colombia en los años ochenta, en que las empresas extractivistas contrataban paramilitares”, enfatizó Pérez.
El ex candidato presidencial en las últimas elecciones, en donde no obtuvo una votación significativa,denunció que se está criminalizando a los defensores de la naturaleza en distintos puntos del país. Se refirió al caso de seis comuneros en Bolívar, en Las Naves y Echandía, que fueron sentenciados por asociación ilícita, luego de una demanda de la minera Curimining, subsidiaria de la canadiense Adventus Mining. Según Pérez “la tía de Daniel Noboa tiene acciones» en dicha concesión, denunció. El ex candidato a la presidencia aseguró que él mismo enfrenta procesos en la Justicia relacionados con la lucha antiminera.
Los enfrentamientos en Palo Quemado
Mientras este proceso legal avanza, recientes denuncias del Movimiento Indígena en Cotopaxi sobre represión y la militarización de la comunidad Palo Alto, donde está ubicada la concesión La Plata se relacionan con abusos del Ejército y la Policía en el conflicto en la comunidad. La CONAIE denunció que la Fiscalía inició un proceso por terrorismo contra 70 comuneros de Palo Alto y Las Pampas. Los enfrentamientos se dieron a raíz de un nuevo intento de realizar un proceso de consulta.
La CONAIE publicó fotos sobre la munición encontrada en Palo Quemado. Fotos: Conaie
Al respecto, conversamos con Juan Carlos Carvajal, uno de los comuneros criminalizados que visitó Quito en el Encuentro Anti Minero Nacional organizado por la CONAIE y el Frente Anti Minero. “Hay más de 700 efectivos, aspiran a llegar a más de 1000 esta semana. Palo Quemado solo tiene 700 habitantes. Vienen a reprimir y a favorecer a la empresa”, dijo Carvajal, acusando al Ejército y la Policía de favorecer a la empresa canadiense que tiene la concesión en el sector.
Juan Carlos Carvajal visitó el encuentro anti minero en Quito luego de días de protesta en su comunidad en Palo Quemado. Foto: Manuel Novik
El comunero dijo que hay más de 20 heridos, cinco de ellos de gravedad a raíz de los enfrentamientos con la fuerza pública. “Están utilizando gas, balines de goma y encontramos casquillos de balas, tenemos las evidencias”, afirma.
La Gobernación de Cotopaxi emitió un comunicado desmintiendo que se haya hecho uso de armamento letal y que únicamente se ha utilizado material disuasivo. “El grupo organizado que pretendía romper con el orden público utiliza artefactos explosivos improvisados, como tubos con voladores; y armas cortopunzantes”, afirmó la Gobernación. Según la entidad, los heridos se produjeron por la manipulación de armamento letal artesanal.
“En tres días no se puede hacer una consulta, solo el resumen de los documentos entregados tiene más de 100 páginas. Eso no se puede explicar a los campesinos y a los comuneros en el tiempo que exigen”, sostiene.
Luego de días de enfrentamientos, el Estado continuaba intentando realizar la consulta ambiental, fuertemente resguardados de la Fuerza Pública e impidiendo el acceso de comuneros que estaban en contra del proceso. Según la Policía, no permitían que esos ciudadanos paralicen el proceso. Pero la consulta se suspendió luego de que surtiera efecto una acción de protección puesta por el GAD de Sigchos y en donde el juez reconoció que la consulta no estaba incluyendo a todos los afectados.
La CONAIE organiza a las comunidades y advierte de levantamientos
Organizaciones de todos los territorios donde hay concesiones acudieron a un Encuentro Anti Minero convocado por la CONAIE y el Frente Nacional Anti Minero. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, rechazó la violencia en Palo Quemado, Las Naves, Azuay, Buenos Aires y otras zonas.
Leonidas Iza lideró un encuento antiminero que congregó a más de 70 organizaciones en zonas de influencia minera. Foto: Conaie
La CONAIE organizó una asamblea comunitaria de donde salieron resoluciones frente a la política minera del Gobierno. Foto: Manuel Novik
Iza se refirió a los hechos en Palo Quemado, Cotopaxi, y dijo que la empresa canadiense Atic tiene más de 2000 hectáreas de una concesión en tres parroquias de la zona. “Al presidente le pesan más sus intereses. Ahora sacan este nuevo manual. Esto ha llevado a una población dividida. El Gobierno toma a las Fuerzas Armadas y a paramilitares para favorecer a las mineras”, denunció el dirigente indígena.
Iza indicó que invitaron al encuentro a representantes de las juntas campesinas, cuyos nombres, afirma, se han tomado diversos grupos para defender a las empresas mineras. El líder indígena declaró que sobre las denuncias de quema de vehículos en Palo Quemado, “la empresa estaba transportando a la Policía en sus vehículos privados”.
El presidente de la CONAIE también dijo que sobre la Consulta Popular, la organización decidió hacer campaña para el “No” en todas las preguntas. Se opuso principalmente a la pregunta respectiva a la flexibilización laboral. También rechazó la incursión del arbitraje internacional para la mediación de conflictos entre empresas y concesiones con el Estado, y aseguró que el presidente Daniel Noboa tiene intereses al ser familiar de grupos con acciones en la industria.
El encuentro antiminero tuvo lugar en la sede de la CONAIE en Conocoto. El evento inició con una seremonia espiritual. Fotos: Manuel Novik
“Los indígenas tenemos que sufrir esta arremetida. Hemos convocado a esta asamblea donde coordinamos organizaciones de nuestras bases y otras para trabajar en mesas temáticas”, dijo el líder indígena.
Las mesas temáticas trataron sobre seis puntos: la producción y la soberanía alimentaria, la estrategia de defensa jurídica, el relato comunicacional contra la narrativa de medios tradicionales que, aseguran, los retratan como terroristas; el alcance del Frente Anti Minero Nacional, una línea de acción y articulación anti minera internacional, y los mecanismos para nuevas formas de actividad económica en territorios amenazados por el extractivismo.
Iza declaró que durante el encuentro se tomará la decisión de hacer movilizaciones en protesta al accionar del Gobierno. “El levantamiento será en una primera instancia en los territorios, si venimos a Quito es porque no entienden o no hacen caso”, dijo, dejando entrever que un nuevo levantamiento nacional no está descartado.
En un encuentro que reunió a 77 organizaciones en resistencia contra la minería, la CONAIE y el Frente Anti Minero llegaron a 14 resoluciones luego de una asamblea que duró toda la jornada.
Pero antes pidieron a los medios de comunicación que se retiraran para poder deliberar en privado. Leonidas Iza dijo además por los altoparlantes que sabían que había agentes encubiertos de la Policía e hizo un llamado a todos los asistentes a estar atentos.
Entre las resoluciones, destacaron integrar un frente jurídico para iniciar la defensa de ciudadanos que enfrentan procesos judiciales, exigir a la Justicia que se abstenga de procesar, bajo el delito de terrorismo, a quienes se resisten a la minería y exigir la desmilitarización de sus territorios, así como fortalecer las guardias comunitarias.
Otra de las medidas planteadas en la reunión fue emitir alertas a las comunidades para un posible levantamiento nacional. La asamblea hizo especial énfasis en proteger a las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, en donde actualmente se producen enfrentamientos.
Cámara de Minería sobre el conflicto minero: “El Manual es una recopilación de estándares que ya existen”
En un foro organizado por la Cámara de Minería del Ecuador se expusieron las perspectivas del empresariado minero en torno a las distintas consultas vigentes en el país. María Isabel Ayllon, abogada y asesora minera, explicó por qué el decreto 754, que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, sigue vigente.
La Cámara de Minería del Ecuador organizó un foro para expresar su postura sobre la dinámica de las consultas en proyectos mineros. Foto: Cámara de Minería Ecuador
“Luego de la decisión de la Corte se suspendieron más de 300 concesiones, no solo en la industria minera, que venían siendo tramitadas bajo el 745. Pero la Corte levantó la suspensión a pesar de declarar la inconstitucionalidad del decreto, la condiciona hasta que se apruebe la Ley de Consulta”, explicó, sobre los alcances de la medida.
María Alban, consultora experta en medio ambiente, expuso que la razón de que las consultas no sean vinculantes es que el Estado no puede fraccionar su “jurisdicción unitaria”, y lo comparó con Estados federados en donde cada provincia sí tiene mayores competencias sobre los recursos naturales, mientras que el Estado del Ecuador es un estado unitario
Según Albán, “hay un abuso de las garantías en la Justicia para favorecer a una ideología que usa a la naturaleza para paralizar toda inversión de capitales”. Según la abogada, hay un sector “radical” en Ecuador al que encasilla como “neo marxista”.
El embajador de Canadá, Stephen Potter, quien se pronunció sobre el conflicto en el programa Plan Político, con Fermín Vaca, también participó del foro. “Hay una tendencia a romantizar a los pueblos indígenas, que reciben apoyo económico de organizaciones del norte. También se cree que tienen opiniones monolíticas, pero hay un desconocimiento de la vida rural”, dijo.
El Frente Nacional Antiminero y la CONAIE organizaron un plantón en las afueras de la Embajada de Canadá en la avenida Amazonas contra las inversiones mineras de ese país en Ecuador.
También intervino el abogado Juan Francisco Guerrero, quien declaró que desde la Constitución del 2008, los derechos no pueden estar supeditados a la existencia de una norma. Por lo mismo, el jurista cree que la falta de una Ley de Consulta no es excusa para aplicar los procesos con las normativas existentes.
Guerrero dijo que el nuevo Manual para la consulta previa es solo una recopilación de estándares que ya existen y sentencias de la Corte Constitucional sino que para que la Corte declaré la inconstitucionalidad del Manual se debería ir en contra de sus propios dictámenes.
Este 26 de marzo, la CONAIE organizó un nuevo plantón en las afueras de la Embajada canadiense, al norte de Quito. Leonidas Iza llamó “miserable” al presidente Daniel Noboa y denunció que la represión en Palo Quemado continúa a pesar de la suspensión de la Consulta Ambiental en esa localidad, ubicada en el cantón Sigchos, Cotopaxi.