El paro sigue, las nuevas heridas no podrán cerrarse en mucho tiempo
El 15 de octubre, John Reimberg, ministro del Interior, y dirigentes indígenas locales anunciaron en Otavalo el levantamiento del paro en Imbabura tras una mesa de diálogo. Allí se pactaron, según los registros, la apertura de mesas técnicas territoriales, el traslado de detenidos a Ibarra y el compromiso de reabastecer vías y territorios aislados.
Sin embargo, el levantamiento anunciado no cuenta con respaldo unánime del movimiento indígena nacional. La CONAIE emitió un comunicado el 16 de octubre indicando que no fue parte de esa mesa de diálogo y que su paro sigue activo. Adicionalmente, hay críticas de sectores locales que estiman que el acuerdo se habría firmado sin garantías firmes de cumplimiento, y denuncian que partes esenciales de sus demandas —como la derogación del decreto o la liberación total de los presos— aún no tienen respuestas claras. El domingo 19, el pueblo Kichua-Karanki se declaró anunció en resistencia continua hasta que se derogue el decreto 126.
🔴 [COMUNICADO] Llamado a la unidad del Movimiento Indígena
Nuestro llamado fraterno a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades a actuar con unidad, disciplina y respeto a nuestras estructuras organizativas.𝐀𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞… pic.twitter.com/BVPqwnT8x0
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 16, 2025
En este contexto, el anuncio del Gobierno y los dirigentes locales en Imbabura puede interpretarse como un gesto estratégico de descongestión provincial que busca normalizar la situación en una de las zonas más conflictivas, mientras simultáneamente se reserva la negociación de fondo para los niveles nacionales. Pero este cálculo también conlleva riesgos: por un lado, puede debilitar la cohesión de la movilización indígena al generar divisiones entre bases que aceptan acuerdos locales versus quienes exigen continuidad hasta lograr la agenda nacional completa. Por otro, el Gobierno se expone a la crítica de que pretende dar por cerrado un conflicto sin haber cumplido plenamente con los compromisos planteados, lo que podría revivir la protesta si no hay avances concretos.
¿En qué medida el Gobierno nacional está usando negociaciones parciales provinciales para aislar territorios de la movilización, y qué efectos puede tener a mediano plazo en la gobernabilidad? La ausencia de la CONAIE en la reunión, es un dato importante; desconocer su condición de interlocutor legítimo entre el gobierno y esa organización que es la que convocó al paro nacional, puede ser interpretado como un desaire al movimiento indígena en su conjunto, y un desplante a las movilizaciones sociales. Asumir que la estrategia de represión-división-ayudas focalizadas ha sido suficiente para desactivar el descontento social es iluso.
El paro expone la fragilidad del equilibrio político en Ecuador: un gobierno decidido a mantener su modelo económico pese a su costo social, una dirigencia indígena fragmentada, pero bases y movimientos sociales reactivados, y una ciudadanía exhausta entre la incertidumbre económica y la inaudita violencia que parece venir de todas partes.
Atentado con coche bomba en Guayaquil
El martes 14 de octubre se registró una explosión de un coche bomba en el centro financiero de Guayaquil, que dejó un fallecido y 26 heridos, dos de ellos de gravedad. Al amanecer del miércoles, una explosión en el puente Mollepongo —vía que une Guayaquil con Cuenca— dañó varios autobuses y provocó pánico, aunque sin víctimas mortales. Poco después, otro artefacto detonó en el puente Churute, a unos 120 kilómetros.
En menos de un día, tres atentados consecutivos confirmaron que una de las ciudades más peligrosas de la región sigue en manos del crimen organizado. El sentimiento de vulnerabilidad recorre todo el país.
Fuentes oficiales, los hechos apuntaron hacia el GDO Los Lobos como responsables, en represalia por acciones del gobierno contra la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires (también conocida como La Merced de Buenos Aires), ubicada está en la provincia de Imbabura, dentro del cantón Urcuquí, en el norte del Ecuador.
La escalada de violencia profundiza la evidente dificultad del gobierno para controlarla, y enfrentar con éxito a la delincuencia que en lo que va de este año supera las estadísticas de los años precedentes. Concentrar el volumen de la logística de seguridad contra los indígenas y movimientos sociales que se activaron en el paro, no es un tema que pasó de largo en el sentido común de la ciudadanía, consciente de que la delincuencia no cesó durante estas semanas.
Resulta inquietante que en redes sociales hayan emergido casi de inmediato al atentado en Guayaquil, ataques directos y acusaciones contra la Corte Constitucional, atribuyéndole responsabilidad en el hecho.
Sin embargo, los atentados han estimulado en varios sectores la sospecha de un entramado complejo, donde violencia política y delincuencia organizada se cruzan agravando la inestabilidad nacional: las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre la liberación del detenido vinculado al atentado en La Bahía el 3 de junio de 2025 y posteriormente liberado, revelan detalles muy difíciles de soslayar, que alimentan tales conjeturas. La difusión de ese video no puede entenderse solo como un reclamo local: en medio del paro y la crisis política, actúa como detonante de una narrativa de impunidad estructural.
La desconfianza ciudadana, alimentada por años de corrupción y judicialización selectiva, se agrava cuando todo hecho es visto como parte de una trama mayor.
Asimismo, resulta inquietante que en redes sociales hayan emergido casi de inmediato al atentado en Guayaquil, ataques directos y acusaciones contra la Corte Constitucional, atribuyéndole responsabilidad en el hecho, debido a su dictamen que vetó artículos de la Ley Orgánica de Inteligencia. Esa reacción no ocurre en el vacío: se despliega cuando dicha ley —impugnada por ampliar el poder del Ejecutivo sin controles judiciales ni legislativos— motivó una fuerte reacción del gobierno en contra de la Corte.
Hoy, en Ecuador, un efecto de la polarización alimentada por la manipulación informativa, es que cada hecho —por mínimo que parezca— se codifica como señal de alianzas ocultas, complicidades institucionales y conspiraciones en un país donde parece que nadie está libre de sospecha.
No solo los GDO disputan el control de territorios. En esencia, los intereses sobre los recursos procedentes de la extracción minera, del sector energético, del medioambiente y demás sectores estratégicos también explican la crisis ecuatoriana.
La necesidad urgente de una tercera vía
Luego de una década política anclada a la lucha entre correísmo y anticorreísmo, en Ecuador, los únicos que han salido ganado de esa bipolaridad son los líderes de ambas tendencias y los intereses que los mueven y que los reciclan.
La multitudinaria movilización de Cuenca por la defensa de su medioambiente, y las protestas en el marco del paro declarado por la CONAIE, demuestran que existen diversidades, visiones políticas y necesidades sociales partícipes de una historia que no se escribe con la letra chueca del fanatismo que tensa la polarización nacional. Son campesinos, profesionales, hombres y mujeres empresarios, comerciantes, agricultores, emprendedores, ambientalistas, comunidades, jóvenes, servidores públicos, académicos, artistas, personas de la tercera edad, que han luchado y aún lo hacen, por condiciones de vida digna para ellos, y para el futuro de sus hijos.
La crisis expresada en el paro nacional y la resistencia de Cuenca revelan la fragilidad del equilibrio y la gobernabilidad, así como la complejidad de las tensiones que configuran el futuro inmediato del país, pero también invitan a mirar una luz al final del túnel. Una sociedad expuesta a estrategias deshumanizadas para el control social y para habilitar la rapiña de sus recursos estratégicos, alerta sobre el deterioro profundo de la confianza en las vías institucionales de diálogo, pero también obliga a impulsar un acuerdo social para construir una tercera vía que encamine a Ecuador hacia un presente y un futuro dignos.
Libre de esa lacerante y manipuladora antípoda del correísmo-anticorreísmo, el país podría empezar a cambiar.
La multitudinaria movilización de Cuenca, por la defensa de su medioambiente, demuestra que existen diversidades, visiones políticas y necesidades sociales partícipes de una historia que no se escribe con la letra chueca del fanatismo.
¿Está listo Ecuador para al menos dos años consecutivos más de campaña política?
El nuevo proceso plebiscitario viene desde un escenario donde reinan antagonismos irreconciliables y la desconfianza profunda que permea la sociedad ecuatoriana. De aprobarse el llamado a una Constituyente, todo el país estará atrapado al menos 2 años consecutivos, en varias campañas consecutivas.
¿Está Ecuador para soportar semejante desgaste luego de haber pasado desde la muerte cruzada atascado en campañas electorales? ¿Está la economía nacional lista para dos años más sin inversión pública, y al menos 2 años más de inestabilidad política? ¿Sin reglas claras para atraer inversión foránea, y peor para la inversión nacional? ¿No es mejor utilizar los millones de U$ que se gastarán en la aprobación del referendo, la elección de constituyentes, la aprobación o rechazo de la nueva Constitución —y, si se aprueba— una elección de nuevos parlamentarios? Ello sin contar con las elecciones seccionales previstas para el 2026. ¿Podemos poner en manos del mismo Consejo Nacional Electoral ya autoprorrogado, más de dos años de campañas políticas consecutivas?
Luego ¿Podremos creer en la transparencia de los resultados? ¿Los mismos jueces electorales ineficaces o sesgados para sancionar la competencia electoral anticipada o desleal, en la que se utilizan recursos públicos indispensables en otras áreas como salud, recuperar, educación, economía social… serán suficientes para sustentar la legitimidad del proceso? ¿Qué tanto podemos confiar en la garantía de inviolabilidad de actas electorales? (y NO nos referimos a la pamplina de la “tinta invisible”) sino a pruebas de inobjetable transparencia sobre el uso y custodia de dichas actas?
Además, aplicar el método de asignación de escaños propuesto, ya predice cómo se beneficiarán las 2 tiendas políticas más fuertes a nivel nacional. No es difícil asumir que hay una hoja de ruta marcada con anticipación. En política no hay coincidencias totales.