Un juez de Quito acogió una acción de protección de la legisladora del oficialismo, Ines Alarcón, de ADN, y revocó el archivo de los juicios políticos en contra de los ex ministros de Guillermo Lasso. Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena. Alarcón, de hecho, impulsa el proceso político contra Arosemena, exministro de Finanzas, «por sus incumplimientos en contra de los jubilados del IESS (sic)». Con esta decisión judicial, la comisión de Fiscalización de la Asamblea deberá retomar los procesos en contra de estos exfuncionarios —procesos que fueron archivados luego del retiro de las firmas de legisladores para apoyar la acción fiscalizadora— según dictaminó el juez, aún, de manera oral.
El nuevo ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, tuvo sus primeras declaraciones oficiales sobre este tema, en un video difundido en redes sociales. Él dijo, en un estilo frontal, que «es un día triste para el viejo Ecuador, para aquellos acostumbrados a hacer lo que les daba la gana en nuestro país». Félix Wong calificó de «artimaña» el hecho de que se hayan retirado las firmas para los tres juicios políticos. En lo que va del régimen, es la primera vez que un ministro de Gobierno confronta de manera directa contra las actuaciones de sectores políticos representados en la Asamblea.
El 11 de abril del 2024, el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, había admitido a trámite el juicio político contra Sebastián Corral, secretario de la Administración de Lasso, pedido por el correísmo luego hacerse público de un informe de la Contraloría en el cual determinó Corral no podía asumir el cargo por tener un conflicto de intereses al ser gerente y accionista de Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., empresas que mantienen contratos con el Estado ecuatoriano. El caso terminó con un informe con Indicios de Responsabilidad Penal, IRP, y una multa al ex presidente Lasso.
Al exministro de Finanzas, Pablo Arosemena, se le acusaba, además, de retirar recursos a CENEL y CELEC, durante su gestión, lo que habría derivado en la crisis eléctrica que ocasionaron cortes de luz. Sobre Andrea Montalvo, ex secretaria de la Senescyt, pesó la acusación de que no habría destinado recursos a la educación superior. La legisladora Alarcón había pedido el juicio político contra Arosemena por presuntas omisiones e ilegalidades en contra de los jubilados del IESS. En su acción constitucional, la legisladora del oficialista argumentó que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea «incumplió con el debido proceso y vulneró la seguridad jurídica en los procesos de fiscalización de los ex ministros de Lasso».
El juez admitió como verdad que Fiscalización no notificó oportunamente a la legisladora Alarcón el retiro de las firmas de respaldo a su pedido de juicio político, y que tampoco dio paso al documento-alcance que ella ingresó con las nuevas firmas de respaldo para fiscalizar al ex ministro Arosemena. La decisión judicial dejó sin efecto las resoluciones que archivaron los pedidos de juicio a los ex altos funcionarios.
El 1 de julio de este año, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que controla RC5-correísmo, había archivado las solicitudes de interpelación en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; de la exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), Andrea Montalvo; y del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral.
La resolución de la comisión afirmó que en los tres casos no se habían cumplido el requisito de tener 40 firmas de apoyo, aunque ya se había hecho público que algunos legisladores retiraron sus firmas de apoyo a los juicios, con el fin de acelerar la fiscalización a ministras del gobierno de Daniel Noboa, como son Gabriela Sommerfeld, canciller, y Mónica Palencia, ministra del Interior.
Sin embargo, el 8 de agosto último la Asamblea informó que el Pleno, con 76 votos afirmativos, archivó el trámite del juicio político en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, propuesto por la asambleísta Jhajaira Urresta, por presunto incumplimiento de funciones, sobre la base de los informes de posiciones enviados a la Presidencia del Parlamento por los asambleístas César Umajinga, Lenin Barreto y Sofía Espín, integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Dos acusaciones delicadas
Un día antes, el 7 de agosto, la Comisión de Fiscalización había calificado los dos pedidos de juicio político en contra de la ministra Palencia. La primera acusación, hecha por asambleísta interpelante Leonardo Barrezueta —quien no fuera considerado por RC5 en las listas para la nueva Asamblea— es delicada política, judicial y diplomáticamente, pues cuestiona a la ministra sobre la incursión policial en la sede de la embajada de México para capturar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien se hallaba refugiado en la sede diplomática en Quito. Glas tiene dos sentencias ejecutoriadas por delitos de corrupción y una orden de captura de la Corte Nacional de Justicia por otro caso. Tas la incursión, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y acusó al país ante la Corte Internacional de Justicia. El solo hecho de ser enjuiciada por la Asamblea, pondría en duda la motivación del gobierno de Noboa para irrumpir en la embajada mexicana y daría un espaldarazo político, desde la Legislatura ecuatoriana, a la posición de López Obrador, presidente de México.
Un juicio político en medio de una campaña electoral pondría en cuestión la gestión del régimen sobre lo que es el fundamento de la campaña de reelección del presidente Noboa: la oficialmente exitosa campaña militar y policial contra el crimen organizado. Y a la vez daría tribuna a los partidos empeñados en posicionar sus narrativas en medio de la campaña.
La otra acusación contra la ministra Palencia proviene de Paola Cabezas, también legisladora del correísmo, quien ha cuestionado a la ministra por los altos índices de inseguridad y su capacidad para afrontar la guerra interna contra el crimen organizado. Un juicio político en medio de una campaña electoral pondría en cuestión la gestión del régimen sobre lo que es el fundamento de la campaña de reelección del presidente Noboa: la exitosa campaña militar y policial contra el crimen organizado, de acuerdo al relato oficial. Y a la vez daría tribuna a los partidos políticos empeñados en posicionar sus narrativas en medio de la campaña.
Además, de acuerdo al orden en el cronograma de juicios políticos, luego del enjuiciamiento a la ministra Palencia está programado el juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, también pedido por el correísmo. Salazar es una pieza codiciada por el movimiento de Rafael Correa, que ha buscado su destitución por varios medios.
Por eso es que el ministro Félix Wong se ha preguntado en sus declaraciones del 22 de agosto, como reacción a la decisión judicial, si lo que se trata de hacer, por parte del correísmo y demás partidos es «un show político en un contexto electoral». La decisión judicial, de acuerdo con el Ministro, hará «que se respete el orden en el que fueron puestos los juicios políticos». El ministro de Gobierno pidió que el rol fiscalizador no sea «a conveniencia de los viejos políticos». Agregó que estos políticos se van a encontrar «con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pacta, que no se esconde y (…) que no se escapa».
La Asamblea anuncia desacato y se lanza contra el juez
Video: Facebook de la Asamblea Nacional
De su parte, el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, declaró en rueda de prensa desde el recinto legislativo que esta sentencia era «una nueva metida de mano en la justicia, perpetrada por intereses políticos. La sentencia es un nuevo caso de corrupción judicial a través de un juez que ilegal e institucionalmente, inobservando las sentencias de la Corte Constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa». Muñoz calificó a la acción del juez como una «interferencia en la independencia de las funciones del Estado» y una vulneración del Estado de Derecho. Muñoz defendió las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional para sus tareas de fiscalización y legislación. La sentencia es «aberrante, arbitraria y corrupta» no va a ser acatada por «el primer poder del Estado». También anunció acciones contra el juez: una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura, para pedir la destitución inmediata de su cargo, además de una denuncia penal por prevaricato. Anunció, además, que la Asamblea «revisará» las actuaciones de la legisladora Alarcón, sin precisar qué significa eso.
Ella, de su parte, sostuvo que la Asamblea debe acatar la resolución judicial «sin cuestionamiento» y por respeto a la separación de poderes «que es la base de una democracia sólida y saludable». Y remató con una perla: para la legisladora, el desacato anunciado por la Asamblea es una acción «para que se continúe protegiendo ilegalmente a los exministros de Lasso, con el único fin de acelerar los narcojuicios en contra de quienes están combatiendo a las mafias».
En redes, varios usuarios recordaron a la asambleísta Alarcón la sentencia de la Corte Constitucional sobre las acciones de protección durante procesos de fiscalización, la cual en lo esencial indica que la justicia constitucional no puede ser utilizada para dirimir conflictos de materia política.
La asambleísta Valentina Centeno, también oficialista, fue más allá y más bien recordó el Art. 30 de la Ley de la Función Judicial. En su interpretación de los hechos, recuerda que los miembros de la Función Legislativa están obligados a colaborar con la Justicia en el cumplimiento de sus providencias.