Con motivo de la reciente Resolución No. 23 del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de las Galápagos, del 10 de diciembre del año pasado, existen voces que acusan al Gobierno Nacional de autorizar el establecimiento de una base militar estadounidense en las Islas Galápagos.
Nada más falso. No habrá presencia permanente alguna de personal militar de los Estados Unidos en las Galápagos. La citada Resolución —enmarcada en varios convenios multilaterales de los que el Ecuador es parte entre otros países: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención sobre el Derecho del Mar, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como en la legislación interna— únicamente tiene como propósito brindar facilidades puntuales y por muy breves períodos a los buques guardacostas y aeronaves estadounidenses de vigilancia naval, así como a sus tripulaciones, para que se reabastezcan de combustible y provisiones en las Islas, en el marco de los Convenios y programas combinados con las Fuerzas Armadas del Ecuador para combatir el tráfico ilícito de narcóticos, armas, combustible, y a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que ponen en peligro la paz social y el sensible ecosistema de las Islas Galápagos.
Los buques guardacostas y aeronaves de los Estados Unidos que cooperan en la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador operan principalmente desde el puerto de Manta y aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, para su reabastecimiento, y muy excepcionalmente lo harán desde Galápagos. La Resolución del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de las Galápagos, por la particularidad de las Islas, contiene exigentes disposiciones de tipo sanitario para evitar el ingreso o introducción de especies y organismos exógenos que podrían alterar el ecosistema de las Islas.
Estados Unidos ha suscrito acuerdos similares con más de 100 países en el mundo, que responden a la necesidad de regular el régimen jurídico de sus fuerzas militares en territorio extranjero.
Hay quienes han criticado el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas con los Estados Unidos (SOFA, por sus siglas en inglés) pero ese punto de vista no considera cómo, en el marco del derecho internacional y la legislación nacional, ese acuerdo facilita que los Estados Unidos coopere con el Ecuador contra la delincuencia organizada transnacional. Para su información, valga anotar que los Estados Unidos ha suscrito acuerdos similares con más de 100 países en el mundo, que responden a la necesidad de regular el régimen jurídico de sus fuerzas militares en territorio extranjero.
En suma, la verdadera amenaza a la soberanía nacional no es la presencia ocasional y por breves periodos de efectivos de defensa de los Estados Unidos para brindar a nuestras Fuerzas Armadas asistencia en equipos, información de inteligencia y entrenamiento, sino la de las agrupaciones criminales narcotraficantes que con su poder económico, armamento e intimidación buscan asumir el control territorial y de la población para desarrollar sin impedimento sus acciones delictivas. Sin duda, también grave riesgo a la conservación del ecosistema de las Islas es la presencia de una gran flota pesquera de aguas distantes de China, que captura especies marinas, sin mayor control, en la vecindad de los espacios marítimos nacionales que circundan a las Islas.
El prestigioso periódico The Washington Post, en su edición impresa del 18 de enero del 2024, destacaba cómo los traficantes de drogas han convertido a las Islas Galápagos en la gasolinera del Pacífico, al convertirse éstas en fuente de aprovisionamiento de combustible para las embarcaciones y lanchas rápidas que transportan droga al norte del continente. Citan los autores de la nota periodística que de las entrevistas que mantuvieron con docenas de líderes locales, oficiales de inteligencia, residentes, activistas y pescadores se revela un archipiélago cada vez más cautivo del narcotráfico.
Desde esta perspectiva, las principales actividades económicas en las Islas, el turismo y la pesca artesanal, se hallan amenazadas si no se toman rápidas y eficaces acciones preventivas para evitar que la violencia y la corrupción se arraiguen en las Galápagos, por la disputa entre los grupos de delincuencia organizada transnacional del territorio y de una de las principales rutas para traficar cocaína hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos.
Dos rutas son empleadas por los narcotraficantes en las Galápagos: la norte y la del suroeste. La primera se dirige a las costas de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Cubre una distancia de cerca de 1.000 millas náuticas, toma entre 5 y 6 días de navegación y usualmente requiere reabastecimiento de combustible cada 300 millas.
Para la Armada nacional es muy difícil tener, por la carencia de medios y recursos, el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, que ascienden a algo más de 1’200.000 kilómetros cuadrados.
La segunda, ruta del suroeste, también conocida como la “ruta desértica” es empleada para transportar droga desde Colombia hasta México y los Estados Unidos. Esta ruta es favorecida porque la Corriente de Humboldt facilita el movimiento de embarcaciones desde Perú. La vigilancia de esta ruta es muy difícil por la distancia y aislamiento de las Islas Galápagos. La distancia por esta ruta hasta el destino final es de aproximadamente 2.000 millas náuticas, un tiempo de navegación de entre 10 y 15 días; y, reabastecimiento entre las 350 millas y 400 millas náuticas de navegación, es decir, entre cuatro y cinco veces.
Para la Armada nacional es muy difícil, si no imposible, por la carencia de medios y recursos, el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, que ascienden a algo más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Por ello es absolutamente necesaria la cooperación internacional, porque este apoyo no solo proviene de los Estados Unidos sino también de organismos internacionales y países amigos, especialmente de Europa y de otras latitudes, tal el caso de la República de Corea que donó recientemente a la Armada nacional el más moderno buque guardacostas con el que cuenta.
No es casualidad que durante el año 2024, Ecuador haya incautado más de 302 toneladas de cocaína, 30% más que el año pasado y la cifra más alta registrada en los últimos años y capturado a 11 altos mandos y 144 mandos medios de organizaciones criminales, lo que pone en evidencia el empeño del Gobierno actual y de la cooperación internacional de combatir a la delincuencia organizada transnacional.
Por lo demás, Estados Unidos ha dado a conocer públicamente que no tiene interés alguno en establecer una base militar en el Ecuador continental y peor en el territorio insular de las Galápagos. Entonces, ¿de que “Base Militar de los Estados Unidos” hablan los que critican? Reforzar o aumentar la cooperación marítima no implica base militar, lo cual no está siendo contemplado por los Estados Unidos —la cooperación y asistencia técnica— sí.
Ha hecho bien el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos al aprobar una Resolución, que lejos de atentar contra la soberanía, tiene por finalidad preservar la paz, la seguridad y bienestar de los isleños y la conservación de un Patrimonio Natural de la Humanidad frente a las amenazas externas, principalmente del crimen transnacional organizado.
** El embajador Gonzalo Salvador Holguín fue vicecanciller del Ecuador.