Una hora antes del partido de fútbol Ecuador-Argentina, la Presidencia presentó nueve siete preguntas para la consulta popular prevista, de acuerdo con el calendario oficial, para el 30 de noviembre.
El espíritu de muchas de ellas apunta a una reformulación de los textos del primer temario de siete preguntas, presentado a inicios de agosto, los cuales fueron revisados por la Corte Constitucional para definir su viabilidad, según determinan los arts. 441 y 442 de la Carta Magna. De hecho, solo dos preguntas recibieron el dictamen favorable para el mecanismo de enmienda.
El nuevo temario incluye también otros ámbitos, de carácter político, judicial y económico. Sin embargo, trasciende el objetivo de acotar los alcances del máximo tribunal constitucional. Así las preguntas 2 y 6 del nuevo temario apuntan a moldear la misión de la entidad a las necesidades políticas del gobierno de turno.
La pregunta 2, por ejemplo, habla sobre la posibilidad de que la Corte declare la inconstitucional de leyes presentadas por la Presidencia solo cuando seis de los nueve jueces estén de acuerdo.
La pregunta 6, en cambio, va de frente: busca una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Aquí está el nuevo temario propuesto por la Presidencia.
Preguntas para referendo
¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?
¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces están de acuerdo, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?
¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCC e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?
Preguntas para consulta popular
¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?
¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?
¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?
Reacciones
Entre varios juristas y políticos trasciende la idea de que varios de los nuevos temas que el Presidente propone para la consulta pueden ser tratados como iniciativas de ley.
Jorge Peñafiel, abogado y exasambleísta por Pichincha, expresa en sus redes que del nuevo temario cuatro preguntas pueden ser viabilizadas mediante una iniciativa de ley del Presidente, como colegislador, o como reforma parcial. Alude específicamente a las preguntas sobre uso de imagen de delincuentes, nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mayoría calificada para determinar inconstitucionalidad de leyes del Ejecutivo y aquella sobre procedimientos especiales para secuestradores. “Nuevamente, otro error del equipo jurídico de la Presidencia”, concluye Peñafiel.
El constitucionalista André Benavidez coincide en que la pregunta sobre mayoría calificada en la Corte Constitucional requiere el camino no de enmienda sino de reforma parcial. Y pregunta en sus redes: “¿Acaso vale más una ley enviada por el primer mandatario que una que sea presentada por los asambleístas, ciudadanos u otra Función del Estado?”.
José Chalco, constitucionalista y catedrático universitario, escribe que la pregunta para enmienda en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Consejo Participación repite la fórmula propuesta por el expresidente Guillermo Lasso en su consulta de 2023.
Sobre el registro delincuentes, el jurista reitera que no cumple requisitos precedentes. Acerca de la mayoría especial en la Corte Constitucional piensa que se refuerza el hiperpresidencialismo.
Frente al procedimiento especial para delitos como secuestro y extorsión es institucionalmente más viable reformar el COIP.
Chalco, a la par, indica que la pregunta sobre casinos se reformula y simplifica. La que alude al uso de imagen de sentenciados en campaña (pérdida de derechos políticos), es un tema que ya está normado en las leyes vigentes y que si se busca un cambio lo más idóneo sería presentar un proyecto reformatorio de dichas normas.
Sobre la intención del Gobierno de conseguir una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el constitucionalista dice que el planteamiento oficial no dice qué ni para qué.