Vestían de azul y movían las caderas al ritmo que Rafael Correa, expresidente y prófugo, marcaba en las piezas de video con las cuales llamaba a votar por Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Vielka Párraga, entre otros, para el Consejo de Participación Ciudadana. Una acción reñida tanto con las leyes electorales como con las de Participación Ciudadana. Entre ellos, sin embargo, empezaron a llamarse la Liga Azul y ese color solo les duró hasta las 19:45 de este viernes 31 de enero.
En la sesión plenaria 017-2025 del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ratificó la destitución de los cuatro consejeros de Participación Ciudadana, afines al correísmo. El Tribunal no acogió sus apelaciones y ratificó la sentencia de septiembre pasado. Hubo cuatro votos a favor del proyecto de resolución del juez Guillermo Ortega (Ivonne Coloma, Joaquín Viteri, Ana Abril y el propio Ortega) y un voto salvado (del juez Richard González).
Con el fallo de este viernes 31 se ratifica la destitución de los funcionarios, la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años y la multa de 60 salarios básicos unificados para Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Vielka Párraga. Verduga, en todo caso, se adelantó y salió del país hacia Pasto, Colombia, vía Rumichaca, la tarde del lunes 27.
En un alto a su viaje por razones turísticas, el exconsejero Verduga dice que esta destitución los hará más fuertes.
Sabíamos que la presión del gobierno terminaría prevaleciendo sobre estos herederos del trujillato. Lo de Coloma y Ortega resulta aún más asqueroso, ya que votaron en contra de sus propias posturas (como en el caso de Alembert Vera, en donde salvaron su voto).
La canalla…
— Augusto Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAugusto) February 1, 2025
La mirada previa
“El TCE, conformado por la doctora Ivonne Coloma y los jueces Guillermo Ortega, Joaquín Viteri, Richard González y Ana Abril tiene la responsabilidad de fallar en derecho, garantizando el debido proceso y la aplicación de la justicia electoral”, sostiene Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano y una de las ciudadanas que presentó una denuncia en contra de la Liga Azul.
“Se espera —dice Jaramillo— que ratifiquen la sentencia de primera instancia emitida por el doctor Fernando Muñoz, que sentenció con la destitución, la suspensión de derechos por cuatro años y una multa pecuniaria de 60 salarios básicos unificados, a los denunciados Augusto Verduga, Yadira Saltos, Franco Loor y Vielka Parraga. El país debe mantenerse vigilante ante el desarrollo de esta causa”.
Al juez Guillermo Ortega corresponde formular el proyecto de resolución en el cual se determinará si se aceptan o se rechazan los recursos de apelación presentados por los consejeros afines al correísmo. Dicho proyecto deberá contar con la aprobación de tres de los cinco jueces electorales.
Puede seguir la sesión plenaria 017-2025 aquí:
Pamela Troya y Santiago Becdach son los otros dos denunciantes de los consejeros aupados por Correa y el movimiento Revolución Ciudadana. “Si aún queda un poco de institucionalidad y decencia, el TCE debe ratificar la sentencia en primera instancia y resolver sancionar en firme por infracción electoral muy grave a la Liga Azul”, escribió Troya en su cuenta de X.
“El país y su institucionalidad valen esta lucha —escribió, en cambio, Becdach, quien es también candidato al Parlamento Andino por el movimiento Construye—. La destitución de la Liga Azul es un paso en favor de la Patria en contra de las mafias que buscan impunidad”.
La sesión del TCE prevista para la noche de este viernes 31 tuvo que sortear algunos troncos caídos en el camino… Se trata de cuatro recusaciones presentadas por los azulados-denunciados en contra de los jueces electorales. La última, el fin de semana pasado, en contra de la jueza Ana Abril, presentada por el consejero Verduga antes de irse de vacaciones a Pasto.
Si la noche de este viernes 31 no se ratifica la sentencia de destitución de los consejeros de la Liga Azul, tales funcionarios afines a Correa aún tienen un capítulo pendiente en la Corte Constitucional por el incumplimiento de la sentencia relacionada con la designación de Roberto Romero como Superintendente de Bancos (la Liga Azul hizo caso omiso y pujó para que se posesione a Raúl González). Sobre este mismo tema, la Fiscalía indaga a dichos consejeros por usurpación de funciones al restituir a González como Superintendente. Por donde se mire, le llegó la noche a la Liga Azul.