Entre enero y febrero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa utilizó una controversia comercial con Colombia como un instrumento político. La decisión de elevar del 30% al 50% el gravamen a las importaciones colombianas anunciada el 26 de febrero por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca —vigente desde el1 de marzo— trasciende su dimensión económica inmediata. Más que una medida arancelaria, se presenta como un gesto de autoridad en un contexto de desgaste político y de caída de la aceptación a la gestión del gobierno, según afirma un reciente estudio de opinión pública. El eje no es el impuesto en sí, sino el relato que lo rodea para convertir seguridad y balanza comercial en pruebas de eficacia gubernamental.
El oficialismo intenta fijar dos asociaciones causales de rápida circulación. La primera: desde la aplicación de la tasa, disminuyeron las muertes violentas en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. La segunda: tras el “castigo” comercial, mejoró la balanza bilateral. Ambas afirmaciones combinan datos reales con inferencias apresuradas. Ese tránsito —de correlación a causalidad— constituye el núcleo de la estrategia retórica del régimen.
En materia de seguridad, los propios cortes disponibles obligan a mayor cautela. El contraste difundido públicamente corresponde al período del 1 al 25 de febrero: 42 muertes violentas en 2025 frente a 28 en 2026 en esas tres provincias, lo que equivale a una reducción cercana al 33%. Sin embargo, se trata de cifras preliminares y parciales, no de meses cerrados ni de series consolidadas que permitan aislar variables. Atribuir esa variación a una medida comercial o fiscal exige demostrar un vínculo causal que no ha sido documentado. En contextos de criminalidad compleja, las oscilaciones pueden obedecer a múltiples factores: reacomodos de estructuras delictivas, operaciones policiales puntuales, cooperación binacional, desplazamientos territoriales o simples ciclos de violencia. Sin evidencia que distinga efecto de coincidencia temporal, la afirmación de esa pretendida eficacia resulta, al menos, anticipada.
Más delicada aún es la narrativa que sugiere que los “grupos irregulares y delincuenciales colombianos” explican el problema en su conjunto. Es cierto que en la frontera norte operan economías ilícitas transnacionales que, desde hace 30 años presionan sobre nuestra frontera; pero externalizar el origen del conflicto simplifica meter bajo la alfombra de una retórica retorcida una realidad que también involucra debilidades internas de Ecuador: vulnerabilidades institucionales, penetración criminal en puertos y economías locales, contaminación judicial. El desplazamiento del foco hacia un antagonista externo pretende reordenar la conversación pública y concentrar el debate reduciendo la complejidad del diagnóstico, pues eso no sirve para la propaganda. Además, echar la culpa a otros, en escenarios políticos críticos es una estrategia que aún funciona para arrastrar marca -utilizando una jerga deportiva- y eludir el declive de la legitimidad propia.
El eje no es el impuesto en sí, sino el relato que lo rodea para convertir seguridad y balanza comercial en pruebas de eficacia gubernamental.
En el ámbito comercial, la discusión tampoco puede agotarse en consignas. El déficit con Colombia en 2025 se ubicó en torno a USD 1.03 mil millones, excluyendo petróleo. Esa cifra describe un desequilibrio, pero no determina por sí sola su significado económico. Los déficits bilaterales pueden responder a diferencias estructurales en la matriz productiva de un país, o a la dependencia de insumos intermedios o a patrones de consumo, o capacidades del aparato productivo. Bajo la lógica maniqueísta, bien puede endilgarse a China, USA, Canadá o a cualquier país que nos supere en estructura y capacidades económicas y de producción, como el “peor socio comercial”, tal como se lo hizo con Colombia. Semejante acusación exige comparaciones sistemáticas con otros socios y con series históricas más amplias. Es evidente que aquí el tema contra Colombia es político.
Asimismo, una eventual mejora mensual posterior al anuncio del arancel no constituye evidencia de reversión del desequilibrio comercial estructural. Las balanzas comerciales son sensibles a estacionalidad, anticipación de compras —como pasó desde enero en que el gobierno ecuatoriano advirtió a Colombia sobre su decisión de subir los aranceles a la importación— ajustes logísticos y volatilidad propia de registros de corto plazo. Convertir una variación coyuntural en señal de éxito estratégico requiere un horizonte temporal más amplio.
Mientras tanto, los efectos económicos son concretos. El incremento del gravamen encarece importaciones relevantes y trasladar costos a cadenas productivas y consumidores, ecuatorianos que han dependido de Colombia para determinados bienes y, en momentos críticos, para suministro energético. Las respuestas adoptadas por Colombia, incluidas restricciones de tránsito y medidas recíprocas, afectan especialmente a las economías fronterizas, donde el comercio binacional sostiene empleo y actividad cotidiana. Allí el impacto no es abstracto: se traduce en precios, márgenes reducidos e incertidumbre empresarial. Son las bajas colaterales del conflicto en el nuevo Ecuador.
En el plano político, el arancel cumple una doble función. Desplaza la agenda hacia un conflicto externo, más fácilmente narrable que los dilemas internos vinculados a violencia nacional o sobre el desgaste del régimen. Al mismo tiempo, busca proyectar la imagen de un liderazgo que es más una aspiración que una realidad. Si la prioridad declarada es la seguridad fronteriza, los instrumentos más directos se encuentran en la cooperación policial e inteligencia compartida, el control coordinado de flujos ilícitos y el fortalecimiento institucional local. Un arancel grava el comercio formal; y su capacidad para incidir de manera directa en redes criminales transnacionales es limitada, su eficacia es, sobre todo, simbólica. Comerciantes, emprendedores, industriales y consumidores ecuatorianos son golpeados directamente por una maniobra política.
En el plano político, el arancel cumple una doble función. Desplaza la agenda hacia un conflicto externo, más fácilmente narrable que los dilemas internos vinculados a violencia nacional o sobre el desgaste del régimen.
La cuestión de fondo no es únicamente la conveniencia del arancel. Lo que está en juego es la construcción de una narrativa que convierte datos parciales en prueba de una estrategia integral. En un contexto de polarización, el encuadre moral tiende a reemplazar la deliberación técnica: si la medida parece “funcionar”, cuestionarla puede interpretarse como alineamiento con el adversario. Sostener el debate en evidencia verificable y comparaciones rigurosas es indispensable para evitar ese desplazamiento.
En perspectiva, la estrategia puede otorgar al gobierno control narrativo en el corto plazo. Pero también implica riesgos: tensiones económicas localizadas, deterioro de cooperación binacional en áreas sensibles y elevación de expectativas que deberán sostenerse con resultados consistentes; así como una nueva señal de inseguridad para inversionistas nacionales y extranjeros. Si las tendencias de seguridad o comercio no consolidan el relato oficial, el capital político invertido en esta operación podría erosionarse con la misma rapidez con la que fue construida la imagen de “liderazgo” de su principal responsable. Son no menos de 30 mil empleos los que en Ecuador dependen de la relación bilateral con Colombia.
En términos prospectivos, una escalada sostenida del conflicto arancelario con Colombia, puede ofrecer al gobierno ganancias narrativas en el corto plazo: cohesión identitaria y control del discurso casa adentro. Pero esos beneficios conviven con tres costos previsibles. Primero, un desgaste económico localizado en frontera y en cadenas de suministro sensibles. Segundo, el deterioro de la cooperación binacional precisamente en ámbitos donde la coordinación es indispensable en seguridad, migración, contrabando y minería ilegal. Tercero, la inflación de expectativas. Si la violencia repunta o la balanza no mejora de forma sostenida, la promesa se vuelve un búmeran y el gesto adquiere el peso de una apuesta cara, en la que incluso Colombia puede llevar el caso a la Comunidad Andina.
Llegado ese punto, el oficialismo enfrentará una disyuntiva conocida: radicalizar el antagonismo externo para explicar el fracaso o desescalar volando bajito, para evitar admitirlo. En ambos escenarios, la política pública corre el riesgo de quedar subordinada a un show, mientras flota en el aire la incómoda sensación de su inoportuna salida en escena, máxime que el presidente Petro, de Colombia, dejará el poder en cinco meses y, sin embargo, fue recibido por Trump en la Casa Blanca (no en el estadio de LDU), a diferencia del líder ecuatoriano.