La Superintendencia de Compañías tiene desde el pasado 19 de febrero una oficina en diario Expreso. Esto después de que esa entidad interviniera el medio por pedido de otra institución pública: Inmobiliar. Esta última alega que Granasa, la casa editora de Expreso y Extra, no le ha entregado la información que solicitó porque desde enero pasado pasó a ser parte de los accionistas minoritarios de la empresa periodística. Granasa, en cambio, sostiene que esa información es sensible.
Pero esto solo es el último episodio de lo que Expreso ha llamado como un “hostigamiento” en su contra. El rotativo guayaquileño enfrenta desde septiembre pasado una serie de acusaciones sobre presunta evasión tributaria y lavado de activos, además de intentos por intervenir en su composición accionaria. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el grave precedente que el gobierno de Daniel Noboa está dejando en libertad de expresión. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo consideró como “un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente, al generar un clima de temor”. El medio ha dicho que mantendrá su línea editorial.
Plan V hace un recuento de este caso a través de la participación de las autoridades de entidades públicas y de control, la mayoría de ellas cercanas al presidente Daniel Nboa, que han protagonizado las presiones a Expreso.
Damián Alberto Larco Guamán. Fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 23 de noviembre de 2023 al 23 de septiembre de 2025. Dos semanas antes de dejar su cargo, el SRI inició una auditoría a 15 canillitas (personas dedicadas a la venta de periódicos al por mayor, entre ellos el diario Expreso) tras identificar presuntas “inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. La institución, bajo la administración de Larco, informó sobre estas auditorías un día después de que La Posta (comprada por Luis Alvarado Campi, asambleísta de ADN) publicara un video sobre esa misma acusación. En ese boletín, Larco adelantó que en este caso habría un presunto “delito de defraudación tributaria”.
Granasa, la casa editora de los diarios Extra y Expreso, denunció no haber sido notificada de ninguna investigación y sostuvo que la información de La Posta tenía cifras alteradas. Hasta el momento, ese informe no ha sido notificado a Granasa, según relató el pasado viernes su procurador judicial, Eduardo Carmigniani.
Larco Guamán es un economista guayaquileño cercano al presidente Daniel Noboa, quien le dio su primer cargo en el sector público. Larco se estrenó como director del SRI durante el primer mandato de Noboa, hasta que fue electo vocal del Consejo de Judicatura y posesionado en la Asamblea el 24 de septiembre pasado. Larco fue parte de la terna que Noboa envió, en julio de 2025, al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de su delegado en ese organismo. Durante su gestión en el SRI, la deuda del Grupo Noboa, de la familia del Mandatario, pasó de USD 94,6 millones a USD 6,1 millones el 26 de septiembre, registró diario Expreso. Esto es dos días después de que Larco dejara el cargo. Y cuatro días después, el 1 de octubre, la deuda quedó en 0.
Larco, sin experiencia en el ámbito judicial, se convirtió en presidente de la Judicatura después de una polémica designación en la madrugada del 18 de febrero pasado.
José Julio Neira Hanze. Es considerado uno de los hombres más poderosos y de mayor confianza de Noboa, pues ha acumulado 12 cargos clave en el Ejecutivo. Entre ellos está el de Secretario General de Integridad Pública y director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Después de la activación del SRI, Neira fue la primera autoridad que habló públicamente sobre el caso de Expreso. El 17 de septiembre pasado, el funcionario apareció en un video de tres minutos titulado “Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos”. Aunque Neira no es una autoridad tributaria, habló de un “patrón sospechoso” y de diferencias entre las compras y ventas realizadas por estos canillitas y proveedores del medio. En el texto de su publicación, el funcionario intentó relacionar este caso con el de Synohidro e involucrar al abogado de Expreso. La versión de Neira fue ampliada al siguiente día en un comunicado de la Presidencia y replicado en medios oficialistas. Granasa, en un comunicado, consideró a las declaraciones de Neira como un intento de intimidación.
⚠️ El caso de Synohidro destapó un esquema de corrupción de gran escala que significó más de 76 millones de dólares en perjuicio para el Ecuador.
Ese mismo esquema sospechoso de lavado de activos se evidencia en casos similares en el país. Por ejemplo: uno en el que se ha… pic.twitter.com/R7PWS9kecu
— José Julio Neira (@JoseJulioNeira) September 17, 2025
La empresa ha informado que en la Fiscalía General está en curso una investigación previa en su contra por un presunto delito de lavado de activos, que inició con una parte de un cabo de la policía que informó que encontró en redes sociales una denuncia contra Granasa por posible defraudación tributaria. Carmigniani explicó que al día siguiente de ese parte policial, la UAFE envió un reporte donde se “inventa el asunto del supuesto lavado de activos de los canillitas”.
El abogado sostuvo que ese expediente ha quedado “desinflado” porque contrataron una firma internacional para revisar las ventas a sus distribuidores mayoristas y las guías de remisión. Este reporte sostiene, dijo Carmigniani, que no hay irregularidades.
Luis Alberto Cabezas-Klaere. Después del SRI y de la UAFE, la Superintendencia de Compañías entró a escena. El 12 de enero pasado, Cabezas acudió de manera sorpresiva a la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista, para explicar los controles que ha estado realizando a Granasa.
El 30 de diciembre, la empresa periodística denunció que la Superintendencia estaba tratando de controlar el 40% de sus acciones para doblegar su línea editorial. Según Granasa, la Superintendencia afirma que no existe la trazabilidad del traspaso de ese paquete accionario de la empresa Veranera a Ingrid Martínez, hermana de Galo Martínez Leisker, representante legal de Granasa. Esa transferencia se realizó en 2020. Ahora, la Superintendencia pretende que ese 40% regrese a Veranera, que se encuentra en la actualidad en liquidación y para lo cual la institución de control ha nombrado una nueva liquidadora.
Pero el día de su comparecencia, Cabezas negó que se esté usando la Superintendencia para que el “Estado se apropie de las acciones” de Granasa. “Eso está alejado de la verdad”, agregó el funcionario, quien dijo que se han mezclado dos casos: el de Veranera y el de Inmobiliar. Cabezas reveló en ese espacio que el Estado “ya era accionista” de Granasa, a través de Inmobiliar, institución que se activó después contra Granasa. Cabezas inició su intervención con un pedido a la prensa: “No atiendan ese eventual falso espíritu de cuerpo”.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, publicó un comunicado con un resumen de la comparecencia de Cabezas para “aclarar que no hay persecución a ningún medio de comunicación”. La Asamblea, de mayoría oficialista, también emitió un comunicado que inicia con una mención a una supuesta “ilegalidad” en la transferencia de acciones.
El pasado 19 de febrero, la Superintendencia finalmente intervino Granasa, por un pedido de Inmobiliar.
Además de ser Superintendente de Compañías, Cabezas fue gerente general del Banco del IESS (BIESS) entre febrero y octubre de 2024 durante el gobierno de Noboa. En este último cargo fue denunciado por presunto conflicto de intereses.
Inmobiliar. Esta institución se sumó a las presiones contra Granasa desde que pasó a formar parte de los accionistas de esa empresa periodística. ¿Cómo sucedió esto? El periodista Roberto Aguilar, en su artículo de este domingo, explicó que los hermanos Isaías eran parte de los accionistas minoritarios de Granasa. En 2008, el gobierno de Rafael Correa les incautó sus bienes, entre ellos ese 2,56% de acciones. De esta manera, esas acciones pasaron a manos del Estado, específicamente a Inmobiliar. En 2022, un juez resolvió la devolución de los bienes a los Isaías, resolución que fue impugnada por la Procuraduría ante la Corte Constitucional (CC). Mientras tanto, Carlos Martínez Bruno, nieto del fundador del medio, decidió comprarlas a los Isaías. Pero en 2024, la CC anuló el fallo que devolvió los bienes a los Isaías y estos regresaron a Inmobiliar, incluidas las acciones de Granasa. Pero la casa editora ha explicado que esas acciones aún las está disputando legalmente Martínez.
Debido a un fallo judicial, Granasa fue obligada a inscribir en su libro de acciones y accionistas a Inmobiliar, medida que la cumplió el 23 de enero pasado. Pero en la página de la Superintendencia de Compañías consta que Inmobiliar es accionista desde el 3 de diciembre de 2025. Las presiones de Inmobiliar iniciaron el 8 de enero último cuando envió una queja y más tarde una denuncia a la Superintendencia de Compañías contra Granasa por no entregar información que la compañía ha dicho que es sensible. Finalmente, el 18 de febrero, la Superintendencia intervino Granasa.
¿Quién ha dirigido Inmobiliar en este período? Dos funcionarias cercanas al presidente Noboa han estado al frente de esta institución. La primera es Marissa Péndola, quien fue designada como Secretaria encargada de Inmobiliar el pasado 2 de octubre de 2025. Antes fue Secretaria General Administrativa de la Presidencia. Péndola fue funcionaria de la Presidencia desde el gobierno de Guillermo Lasso.
El 13 de febrero pasado, Noboa ordenó la fusión de Inmobiliar con la Presidencia y que pase a formar parte de la Secretaría General Administrativa, cargo que ocupa Cynthia Natalie Gellibert Mora desde agosto de 2024. Ella es una de las personas que gozan de plena confianza del actual mandatario. Tanto es así que, en enero de 2025, Noboa la designó como su vicepresidenta para que sea su reemplazo durante su campaña en las elecciones de ese año. Gellibert además fue asesora del Presidente cuando este fue asambleísta entre 2021 y 2023.