El 12 de agosto de 2025, en Quito, el poder Ejecutivo convocó y encabezó una marcha contra la Corte Constitucional tras la suspensión cautelar de 17 artículos incluidos en tres leyes de seguridad. La movilización utilizó un encuadre polarizante —“pueblo” vs. “jueces”— con carteles que expusieron nombres y rostros de magistrados, un recurso de hostigamiento que organismos internacionales cuestionaron por amenazar la independencia judicial.
Aunque se presentó como “ciudadana”, hubo señales de logística estatal: el Municipio de Quito registró la entrada de centenares de buses para concentrar contingentes; se ocuparon vías principales para ubicar infraestructura propagandística. ¿Quiénes autorizaron la ocupación de vías y áreas públicas? Dudas razonables e inconsistencias en respuestas oficiales refuerzan la sospecha y la necesidad de auditar el financiamiento y el uso de recursos públicos.
El contraste ético es severo: en medio de una crisis sanitaria con recortes presupuestarios y hospitales sin insumos —e incluso con muertes neonatales que expusieron fallas sistémicas—, resultaría inadmisible cualquier desvío de fondos o uso del aparato estatal para fines de presión política.
Como parte del proceso constitucional establecido, el alto tribunal estableció plazos para que Ejecutivo y Legislativo justifiquen la validez constitucional de estas normas impugnadas por 38 actos sustentados legalmente desde diversas organizaciones y personas jurídicas en pleno ejercicio de sus derechos.
En perspectiva, el recurso oficialista de marchas y contramarchas —visible con Lucio Gutiérrez, recurrente con Rafael Correa y reactivado ahora— reproduce una estrategia de polarización funcional al control social: deslegitima contrapesos, disciplina a la justicia, desplaza la agenda mediática y distrae a la esfera pública. En este caso, es más grave aún el hecho de haber estigmatizado, acusado, desafiado e interpelado públicamente como en una plaza pública medioeval a 9 magistrados y a la Corte Constitucional; haber orquestado una reacción política virulenta, avivando una hoguera bárbara 4.0 en un país retaceado por la polarización y la división provocadas por un populismo manipulador.
Como parte del proceso constitucional establecido, la Corte estableció plazos para que Ejecutivo y Legislativo justifiquen la validez constitucional de estas normas impugnadas por 38 actos sustentados legalmente.
El montaje fue el encuadre de una amenaza encubierta a la democracia. El libreto pegado con la humedad de argumentos falaces, trató de justificar la intemperancia política, la ignorancia de normativas constitucionales, la intimidación a los jueces, el desacato a la Corte y el exhorto, atrincherado en la masa movilizada, para vulnerar la democracia.
Hay que subrayar cuantas veces sean necesarias: la Corte Constitucional del Ecuador resolvió suspender provisionalmente los 17 artículos de la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional, remitidas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas con mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. La decisión, adoptada el 4 de agosto de 2025 por dos Salas de Admisión, respondió a la constatación de “efectos concretos, inminentes y graves” que implicaría la aplicación inmediata de varias disposiciones cuestionadas.
En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte advirtió riesgos para la independencia judicial, el principio de legalidad, los derechos de víctimas y familiares, así como para el acceso a la justicia. Entre los artículos suspendidos consta la definición de “grupos armados organizados” y “objetivos militares”, por su posible impacto en la población civil, así como la figura de indulto anticipado, señalada como un mecanismo que podría favorecer la impunidad en violaciones de derechos humanos.
Respecto a la Ley de Inteligencia, fueron bloqueadas normas que habilitaban prácticas como vigilancia sin orden judicial, operaciones encubiertas sin regulación, acceso irrestricto a bases de datos personales y la eliminación de evidencias a través de gastos especiales. Según la Corte, tales medidas implican un riesgo inmediato e irreversible para derechos como la intimidad, la protección de datos y la inviolabilidad de la correspondencia.
Las decisiones de la Corte corresponden al proceso de admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, y no constituyen un pronunciamiento de fondo, aún. La Constitución, en su artículo 436, le asigna la competencia de conocer y resolver demandas contra normas de carácter general, garantizando la supremacía constitucional.
Hay quienes esperan una investigación fiscal, auditoría independiente y transparencia para esclarecer quiénes, con qué financiamiento y bajo que recaudos o protección desplegaron esa marcha, acto que no puede ser pasado por alto, dadas sus graves implicaciones.
En modelos políticos autoritarios esa expectativa suena bastante ilusoria, pero es fundamental para preservar la paz, la racionalidad y el bien común en democracia, ponerle un alto, antes de que sea demasiado tarde.
Lo que viene ocurriendo es un macabro déjà vu: El nuevo Ecuador volviendo al pasado.
Las tensiones institucionales en la antesala de una consulta popular no van a cesar en el corto plazo. La polarización ya no es un efecto de una mala gestión política, es la estrategia para agenciar la política, lo cual es altamente riesgoso.
Identikit del populismo autoritario
En la política populista, la puesta en escena es crucial para conectar con los ciudadanos, sea en campañas electorales o plebiscitarias, o durante el ejercicio de un gobierno. El populismo, en la práctica política, no se limita a un discurso: se trata de una estrategia de comunicación y poder. El líder populista se coloca como un vocero directo del pueblo, alguien que “dice las cosas como son” y evita tecnicismos para llegar con un lenguaje claro a todos los sectores. Esta forma de hablar no es casual: busca generar identificación inmediata y transmitir la sensación de que el gobernante entiende mejor que nadie lo que viven los ciudadanos comunes; pero al mismo tiempo le permite evadir espacios no controlados en los que el debate razonado y a argumentación democrática puedan aplicarse con libertad.
La apelación a las emociones es central. Se moviliza la indignación frente a enemigos reales o interpelados como objetivo de la estrategia discursiva, para potenciar narrativas y argumentos cargados de antagonismos, con la finalidad de dividir a la sociedad, y cohesionar un capital político funcional.
La retórica populista establece un contraste tajante entre el pueblo —presentado como honesto, trabajador y víctima— y las élites e instituciones del estado, vistas como corruptas y desconectadas. Pero —y eso es lo que lo distingue frente a sus antecesores— el populismo contemporáneo da una vuelta de tuerca al libreto: sus líderes no vienen del “pueblo”, por el contrario, provienen de élites económicas, empresariales y políticas. Milei, Bukele y Trump son prototipos de esa lesiva pedagogía sobre cómo gestionar la política.
Los símbolos e imágenes refuerzan el relato: banderas, himnos, vestimenta sencilla y actos de masas motivadas desde cuentas multitudinarios que crean la ilusión de cercanía y unidad.
Para difuminarse entre la gente no disimulan ni niegan su origen, por el contrario, lo ventilan como estandarte del aspiracional colectivo. Adheridos a las bisagras del desencanto y la incertidumbre de distintas generaciones, apostillan su mesianismo amplificando su deriva autoritaria mediante al uso de plataformas digitales y redes sociales.
En este marco, los símbolos e imágenes refuerzan el relato: banderas, himnos, vestimenta sencilla y actos de masas motivadas desde cuentas multitudinarios que crean la ilusión de cercanía y unidad. A esto se suman el control de los medios tradicionales y la utilización discrecional del aparato estatal para repotenciar su imagen pública.
Los nuevos populistas en el poder usan sus cuentas personales para difundir mensajes —ya no es indispensable que sean sorprendentes oradores—. Sus actuaciones están armadas para esquivar filtros y conectarse socialmente. La puesta en escena populista contemporánea es una operación comunicacional estratégicamente definida y mercadeada, con la finalidad de apuntalar su conducta antidemocrática.
Los populistas 4.0 florecen con la calma chicha que precede al autoritarismo. Un país secuestrado por la violencia, la corrupción, la falta de empleo, la falta de recursos financieros, el colapso del sistema público de salud, la desinversión pública, la falta de inversión extranjera, la improvisación en el manejo de sus sectores estratégicos, la ausencia de liderazgos nacionales, la falta de credibilidad ciudadana en sus instituciones, y en la democracia, la polarización, la manipulación informativa, no es un país: es un estado de sitio.