Un país empieza a perderse cuando aprender a vivir encerrado. Parece un precio razonable por sentirse un poco menos inseguro.
Desde la noche del 3 de mayo, Ecuador vive un nuevo toque de queda nocturno entre las 23:00 y las 05:00, durante 15 días, en nueve provincias y cuatro cantones, bajo el Decreto Ejecutivo 370. No se trata solo de una medida de seguridad; es la instalación silenciosa de una nueva normalidad donde la libertad de movimiento queda subordinada a una promesa de orden que nunca termina de cumplirse.
El problema de fondo no es que el Estado recurra a mecanismos excepcionales frente a una crisis real —el crimen organizado lo es (es tan real como la delincuencia política)—, sino que esas medidas se vuelvan el libreto estándar de gobierno. Este toque de queda no llega solo: se articula con cambios de gabinete, anuncios de alivio en tarifas eléctricas y un discurso que mezcla seguridad con costo de vida como si se tratara de un paquete promocional. El mensaje político es claro: un gobierno que “protege” y “ayuda” mientras pide que la ciudadanía se quede en casa, que desmovilice su malestar y que delegue completamente en el Ejecutivo la administración del miedo y del futuro.
Encerrar a la gente de noche o regalar feriados ampliados, no es únicamente una respuesta táctica frente a la delincuencia. Es también una forma de disciplinamiento social: menos calles, menos plazas, menos protesta, menos contacto entre cuerpos que comparten la misma precariedad. La ciudad se transforma en escenario controlado, donde la irrupción espontánea de la política —la marcha imprevista, el plantón incómodo, el cacerolazo que crece— queda cuidadosamente contenida bajo el argumento técnico de la seguridad. La ecuación es perversa: cada nuevo estado de excepción y cada toque de queda reprograma un poco más los reflejos democráticos, y se alienta como si se tratara de un sacrificio patriótico.
En el laboratorio de la política contemporánea, los estados de excepción y los toques de queda funcionan como la campana de Pavlov. Al principio, la sociedad los percibe como lo que dicen ser: medidas extraordinarias frente a amenazas extraordinarias. El «perro» —la ciudadanía— reacciona con alerta, con debate, incluso con resistencia. Pero el experimento empieza cuando el poder decide repetir el estímulo una y otra vez, hasta que el reflejo deja de ser consciente y se vuelve automático.
Encerrar a la gente de noche o regalar feriados ampliados, no es únicamente una respuesta táctica frente a la delincuencia. Es también una forma de disciplinamiento social.
En el experimento original, Pavlov asociaba el sonido de una campana con la entrega de comida, hasta que el perro comenzaba a salivar solo al oír la campana, aunque no hubiera alimento. En la versión política, un gobierno asocia de manera sistemática la aparición de una crisis —real o magnificada— con la declaración de un estado de excepción o toque de queda. Crisis = decreto. Delincuencia = toque de queda. Protesta = militarización. El mensaje se repite tanto que, con el tiempo, basta pronunciar la palabra “seguridad” para que una parte importante de la sociedad acepte restricciones masivas de derechos sin hacer demasiadas preguntas.
La “salivación” política es la aceptación reflejo: miedo, repliegue, justificación automática. El ciudadano ya no se pregunta si las medidas son eficaces, proporcionales o constitucionales; solo siente que, si hay una amenaza, “algo duro” debe hacerse, aunque ese “algo” haya fracasado una y otra vez. Lo que en un inicio era excepcional se convierte en respuesta estándar y la población empieza a anticipar el decreto casi como un ritual: hay un hecho violento, se espera el anuncio presidencial, se aplaude el despliegue de fuerza, se naturaliza el encierro.
En esa lógica pavloviana, el estado de excepción deja de ser un instrumento y se transforma en un reflejo condicionado del poder. Y aún más inquietante: la gente, acostumbrada al sonido de la “campana” gubernamental, termina asociando libertad con peligro y restricción con protección. El experimento corona su éxito cuando un gobierno ya no necesita justificar demasiado; basta activar la señal para que una parte de la sociedad espere más controles, más militares, más toques de queda, incluso en ausencia de una amenaza proporcional.
Así, la normalización no es solo jurídica ni institucional; es psicológica. El condicionamiento pavloviano en política se consuma cuando el ciudadano deja de reaccionar como sujeto crítico y actúa como organismo entrenado: oye “seguridad” y acepta “excepción”, oye “orden” y tolera “encierro”. A partir de allí, revertir ese reflejo requiere algo más que reformas legales: exige un proceso consciente de desacondicionamiento democrático, donde la sociedad reaprenda a asociar seguridad con derechos y no con la suspensión permanente de libertades -por su propio bien-.
Transportistas y una ciudad tomada como rehén
Sin embargo, sobre todo en Quito, no sería el estado de excepción el que marque la agenda informativa, sino la acción de hecho de los transportistas urbanos de pasajeros. El 4 y 5 de mayo de 2026, los gremios de transporte urbano de Quito redujeron drásticamente su operación, prestando servicio únicamente entre las 08:00 y las 19:00, lo que dejó a más de 1,8 millones de personas sin buses en las primeras horas de la mañana y en la noche. La paralización parcial generó caos en terminales, paradas y puntos de trasbordo, con usuarios aglomerados, retrasos masivos y un aumento inmediato del uso de transporte informal y plataformas privadas con precios abusivos «de oportunidad». La presión surtió efecto: tras negociaciones con el alcalde Pabel Muñoz, los transportistas levantaron la medida el 5 de mayo por la noche y anunciaron el retorno a la “normalidad” desde el 6 de mayo, condicionado a la instalación de mesas de diálogo desde el 13 de mayo.
El gobierno trasladó la bronca al alcalde de Quito y ganó el relato eludiendo su parte de responsabilidad y eligiendo el enemigo perfecto; hábilmente puso contra la espada y la pared a Muñoz en medio de un escenario preelectoral polarizado; se hizo el quite —si ya no hay para subsidiar el incremento por la subida del precio del diésel y la liberalización del precio de la gasolina, es oportuno minar al candidato del correismo y bajo ningúna circunstancia enemistarse con el FMI—, luego enfiló los discursos de sus voceros contra el alcalde (lo vienen haciendo desde hace meses, ojo, no es por coincidencia) y lo obligaron a bancarse el impacto de la paralización que afectó, al menos, a 1 millon 800 mil personas, trabajadores, emprendimientos, funcionarios, jovenes, niños y personas de la tercera edad que dependen de la movilización. Una jorga política se regodea mientras se agrede a la capital. No se le ganó una partida al alcalde Muñoz: se le dio una nueva bofetada a Quito y su derecho a vivir dignamente.
El paro no surgió en un vacío coyuntural. Quito vive una falta de liderazgo y una conflictividad que crece en una capital de la república devastada por alcaldes de nivel barrio marginal, que llegaron desde el 2009.
Las demandas: quién paga la factura del ajuste
El paro respondió a un punto estructural: el fin de las compensaciones económicas que recibía el sector por la eliminación del subsidio al diésel, decisión del Gobierno central en el marco de compromisos con el FMI en 2025. Ante el aumento de costos operativos, el gremio planteó dos salidas: o el Municipio aporta una subvención de al menos diez centavos por pasajero o autoriza el alza del pasaje, trasladando la carga directamente a los usuarios. Es decir, el conflicto no era solo entre transportistas y Municipio, sino sobre quién absorbe el ajuste: el presupuesto local, ya presionado por seguridad, deuda y un presupuesto metro-dependiente, o los sectores populares que dependen del bus como único medio de movilidad cotidiana.
El paro no surgió en un vacío coyuntural. Quito vive una falta de liderazgo y una conflictividad que crece en una capital nacional devastada por alcaldes de nivel barrio marginal, que llegaron desde el 2009.
En el actual escenario, desde finales de 2025 el Municipio de Quito avanzó en restricciones a la circulación del transporte pesado por la Simón Bolívar y la Ruta Viva, obligando a los operadores a tramitar salvoconductos y a invertir en GPS, capacitación y requisitos técnicos más estrictos. Paralelamente, el fin de las compensaciones por diésel y el incremento generalizado de costos (repuestos, seguros, mano de obra) erosionó la ya precaria ecuación financiera del transporte urbano, que desde hace años funciona con tarifas congeladas y acuerdos compensatorios inestables. En este contexto, el paro fue la expresión acumulada de una conflictividad larvada: un sistema que subsidia de facto a los operadores mediante baja regulación efectiva, servicios deficientes y externalización de costos a los usuarios, frente a un Municipio que apuesta por controles, restricciones y ajustes, pero sin una reforma integral del modelo de transporte.
Polarización política y disputa de relatos
El paro estalla en una ciudad ya tensionada por el toque de queda nocturno decretado por el presidente Daniel Noboa, que condicionó horarios y movilidad y desplazó parte del debate público hacia la narrativa de “orden y seguridad”. En ese escenario, el gremio de transportistas se movió con habilidad: presentó su protesta como reacción a decisiones del Gobierno central (fin del subsidio, FMI), mientras presionaba al Municipio, lo que le permitió interpelar simultáneamente al Ejecutivo y a la administración local. En X y otras redes, el episodio se leyó en clave de polarización: de un lado, discursos que acusaban a los transportistas de “chantaje” y “secuestrar la ciudad”; del otro, narrativas que los convertían en víctimas de un “ajuste neoliberal” decidido entre Carondelet y los organismos multilaterales. La alcaldía, por su parte, evitó confrontar abiertamente al Gobierno central y concentró su mensaje en la búsqueda de acuerdos técnicos y la promesa de mesas de diálogo, una estrategia comunicacional defensiva que dejó el relato político más amplio en manos de gremios y opinadores polarizados.
Más de 1,8 millones de quiteños quedaron, en la práctica, excluidos de su derecho a la ciudad durante buena parte de la jornada laboral, en un contexto ya marcado por toques de queda, militarización y riesgo de violencia urbana.
La gente no interesa: solo es un medio para forzar acuerdos de grupos de presión
El dato más brutal del paro es que más de 1,8 millones de quiteños quedaron, en la práctica, excluidos de su derecho a la ciudad durante buena parte de la jornada laboral, en un contexto ya marcado por toques de queda, militarización y riesgo de violencia urbana. Paradójicamente, la protesta se inscribe en nombre de la “sostenibilidad del servicio”, pero refuerza una normalización peligrosa: frente a un conflicto entre élites políticas y corporativas (Estado central, Municipio, gremios), la respuesta estratégica es cortar servicios básicos a la población hasta forzar un acuerdo.
Mientras tanto, el gobierno encuentra una manera ingeniosa de descargar responsabilidades: obliga a los GAD a “hacer obra”. La reciente reforma al COOTAD, aprobada por la mayoría legislativa oficialista, no es un detalle técnico, sino un movimiento de fuerza política e institucional. Al priorizar legalmente la inversión en obra e infraestructura, el Ejecutivo interviene en la orientación del gasto municipal y provincial, como si los recursos locales fueran una caja extensiva del proyecto nacional de turno. Eso choca con dos principios básicos: primero, la autonomía que la propia Constitución reconoce a los GAD sobre el manejo de sus recursos; segundo, la noción de que el concepto de “inversión social” no puede quedar secuestrado por la mirada del gobierno central.
La maniobra tiene al menos tres efectos perversos. Uno: estira al límite las competencias legislativas y bordea la inconstitucionalidad, porque reconfigura de facto la autonomía financiera de los gobiernos seccionales. Dos: subordina el direccionamiento del gasto local a los criterios del Ejecutivo, que decidirá qué es “obra” y qué no, qué cuenta como inversión y qué es considerado gasto superfluo. Tres: desplaza recursos desde servicios y programas socialmente relevantes, pero poco vistosos, hacia obras que “lucen” mejor en la foto y en la pauta publicitaria. Lo que no genera rédito comunicacional tiende a quedar rezagado.
Este comportamiento es coherente con el ethos del régimen: un gobierno sin empatía visible, que no se asume como garante de derechos sino como administrador de negocios. No hay una política pública integral en salud, educación, energía o seguridad social; hay, en cambio, decisiones fragmentadas que se evalúan con criterios de rendimiento financiero para determinados grupos económicos, nacionales y extranjeros.
La situación en el sector energético es emblemática: en lugar de fortalecer la capacidad pública, se profundiza el deterioro de empresas estratégicas como Petroecuador y se entregan activos neurálgicos a operadores externos bajo condiciones opacas. Convenios de administración de hidroeléctricas clave, como el de Coca-Codo Sinclair, en plazos y montos que comprometen miles de millones, se negocian como si se tratara de una empresa privada que terceriza un activo, no como un Estado que gestiona bienes estratégicos bajo mandato constitucional de soberanía y control público.
El levantamiento del paro y el anuncio de mesas de diálogo no tocan el núcleo del problema: el modelo de financiamiento del transporte urbano y quién paga el ajuste possubsidios. El servicio se restablece, pero bajo la amenaza latente de nuevas paralizaciones si no aparece un mecanismo estable de compensación o un alza de tarifas políticamente digerible. Si el Municipio cede en la subvención por pasajero, estalla el debate sobre prioridades presupuestarias en una ciudad que ya destina recursos extraordinarios a seguridad y a una movilidad cada vez más controlada; si opta por subir el pasaje, la conflictividad se trasladará desde los operadores hacia los usuarios y las organizaciones sociales.
Seguimos trabajando, seguimos votando, seguimos hablando de “ajuste” y “responsabilidad fiscal”, mientras callamos sobre el hecho de que el Estado niega, sin decirlo, el derecho a seguir queriendo vivos y sanos a hijos, a padres, a hermanos.
Dejar hacer, dejar pasar, dejar morir
En Ecuador la crisis de la salud pública dejó de ser un dato técnico para convertirse en tragedia cotidiana: niños esperando una quimioterapia que no llega, ancianos recorriendo hospitales públicos para encontrar una cama, jefes de hogar obligados a elegir entre medicamentos o comida. No son “casos”, son biografías interrumpidas por una maquinaria estatal incapaz de responder a lo más elemental: cuidar la vida.
La escena se repite con una crueldad que debería avergonzarnos como país; detrás de cada “no hay insumos” hay un niño que preguntará por qué la mamá llora, un paciente que siente que su vida vale menos porque no puede pagar una clínica. La deshumanización no empieza cuando alguien muere; empieza cuando el Estado mira hacia otro lado mientras la enfermedad avanza.
Lo más hiriente es que esto no ocurre en guerra ni tras un terremoto, sino en un país donde sí hay recursos para campañas publicitarias, contratos opacos y acuerdos ventajosos. Se repite que “no alcanza” para hospitales, pero sí alcanza para un modelo de gasto que privilegia la imagen sobre la vida. Esa elección es política: alguien decidió que la salud de miles era sacrificable.
Normalizar esto es, en el fondo, una forma de barbarie edulcorada con publicidad: seguimos trabajando, seguimos votando, seguimos hablando de “ajuste” y “responsabilidad fiscal”, mientras callamos sobre el hecho de que el Estado niega, sin decirlo, el derecho a seguir queriendo vivos y sanos a hijos, a padres, a hermanos. Un país que permite eso sin exigir cuentas, sin poner nombres y responsables, ha perdido más que su sistema de salud.
Lo ocurrido en Quito en el marco del conflicto con los transportistas es pedagogía pura para quien sepa entender: no solo es perseguir y anular a los alcaldes (Cuenca, Guayaquil y Quito son solo el comienzo), es controlar a las ciudades, a su gente, a su prensa independiente, a sus movimientos sociales, a sus emprendedores. Ya lo advirtieron luego de que Cuenca se movilizó para detener la inversión minera del proyecto Loma Larga-Quimsacocha: los municipios deberán hacerse cargo de sus ínfulas autonómicas.
Van por todos.