I. Vamos por la 21: Los “trajes a medida” que se cosen en las nuevas Constituciones
El ministro de Gobierno, José De La Gasca, anunció la intención del Ejecutivo de impulsar una nueva Constitución, argumentando que la de 2008 fue «un traje a la medida del gobernante» y no responde a la realidad actual del país. Desde su independencia en 1830, Ecuador ha promulgado 20 constituciones, reflejando una historia marcada por la inestabilidad política y la búsqueda constante de legitimidad por parte de los gobiernos de turno.
Cada nueva carta magna ha sido, en muchos casos, un reflejo de las aspiraciones y necesidades del poder ejecutivo vigente, conflictos con los parlamentos, golpes de Estado o ingobernabilidad; adaptándose a contextos sociopolíticos y económicos específicos. En Ecuador, esa realidad ha generado un ciclo de reformas constitucionales que, lejos de consolidar un marco institucional sólido, han contribuido a la percepción de que la Constitución es una herramienta al servicio de intereses particulares, más que un pacto social duradero.
El presidente Daniel Noboa ha planteado la necesidad de una nueva Constitución como parte de su agenda política. Su propuesta busca «refundar» el país, argumentando que la actual Constitución de 2008 no responde a las realidades y desafíos contemporáneos. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que temen que se repita el patrón histórico de reformas constitucionales impulsadas desde el poder ejecutivo sin una participación ciudadana amplia y equitativa.
II. Influencia mediática y redes sociales: un desafío para la equidad en el debate constitucional
En el contexto actual, la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la opinión pública es innegable. El presidente Noboa ha demostrado habilidad en el uso de estas plataformas para comunicar su agenda y consolidar su imagen política. Esta capacidad de influir en la narrativa pública plantea desafíos significativos para la equidad en el debate constitucional. Las voces disidentes o críticas pueden verse marginadas o deslegitimadas en un entorno mediático dominado por el discurso oficial, lo que limita la diversidad de perspectivas y la deliberación democrática.
La historia constitucional de Ecuador evidencia la necesidad de superar la práctica de reformas impulsadas desde el poder ejecutivo sin un consenso amplio y participativo. Una nueva Constitución debería ser el resultado de un proceso inclusivo, transparente y deliberativo, que incorpore las voces de todos los sectores de la sociedad y refleje un verdadero pacto social. Solo mediante este enfoque se podrá construir una Constitución que no solo responda a las necesidades del traje a medida de la élite dirigente, sino que también establezca las bases para una estabilidad institucional duradera y una democracia fortalecida.
La inestabilidad política que remienda la Constitución como una colcha de retazos políticos, es un elemento de entre muchos, que sirve para contrastar la calidad de democracias más maduras con las que se vive en Ecuador. Por ejemplo, mientras que en EE.UU. la Constitución ha sido enmendada 27 veces en más de dos siglos, en América Latina es común la adopción de nuevas constituciones, a menudo en respuesta a crisis políticas o cambios de régimen.
Una nueva Constitución debería ser el resultado de un proceso inclusivo, transparente y deliberativo, que incorpore a todos los sectores sociales y refleje un verdadero pacto social.
La número 21 que propone el gobierno de Daniel Noboa, debería generar un debate nacional sobre la necesidad y el alcance de una nueva Constitución, así como sobre el mecanismo para su elaboración (Asamblea Constituyente o reforma parcial). Aunque Ecuador ha reemplazado por completo su Constitución 20 veces, también ha tenido procesos de reformas parciales que se consideran «reformas constitucionales» en sentido técnico. Por ejemplo: Durante períodos de relativa estabilidad constitucional (como entre 1945 y 1967, o entre 1978 y 1997), se realizaron reformas parciales mediante mecanismos previstos en la propia carta magna vigente. Lo mismo ocurrió con la Constitución de 2008, bajo Rafael Correa, que ha sido reformada parcialmente al menos en tres ocasiones (2011, 2015, 2018), aunque se cuente todo el período como parte del mismo ciclo constitucional.
No es que Ecuador haya hecho exactamente una reforma por cada nueva constitución, sino que los conteos más difundidos agrupan todas las reformas constitucionales aprobadas entre ciclos constituyentes y las igualan a los 20 reemplazos totales, generando una cifra simbólicamente equivalente. La coincidencia numérica de 20 Constituciones y reformas constitucionales no responde a una regularidad jurídica, sino a una lógica política inestable, donde casi cada generación ha preferido refundar la república en lugar de reformarla gradualmente. Esto revela una cultura política de ruptura, más que de reforma institucional. Ecuador es un país parido por la inestabilidad y al parecer, esa condición, es su matriz política y su karma.
La propuesta de una nueva Constitución y las reformas en debate podrían redefinir el sistema político ecuatoriano. Sin embargo, su implementación dependerá del consenso político y del respaldo ciudadano.
III. Bases extranjeras en Ecuador: una puntada con hilo militar
La Asamblea Nacional retomó el debate sobre una reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Noboa, que busca eliminar la prohibición expresa de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Esta propuesta, que modificaría el artículo 5 de la Constitución de Montecristi, ya superó el primer debate y cuenta con informe favorable para su segundo tratamiento legislativo, previsto tras la instalación de la nueva Asamblea en mayo de 2025.
Más allá de su dimensión jurídica, el tema ha reabierto una disputa política profunda sobre la soberanía nacional, la militarización de la seguridad interna y el alineamiento geopolítico del país. El oficialismo —apoyado por el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Construye— sostiene que la presencia de fuerzas extranjeras, especialmente de Estados Unidos, permitiría enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado. Argumentan que Ecuador carece de las capacidades técnicas y de inteligencia para combatir amenazas transnacionales como el narcotráfico. En cambio, la oposición —con la Revolución Ciudadana al frente— alerta sobre el riesgo de convertir al país en un enclave estratégico para potencias extranjeras, debilitando el principio de autodeterminación consagrado en la actual Carta Magna.
En términos de gobernabilidad, esta reforma revela dos elementos clave: primero, el uso de reformas constitucionales como herramientas de legitimación política frente a una Asamblea fragmentada; segundo, la creciente tendencia del Ejecutivo a reconfigurar el marco institucional por vías excepcionales, como consultas populares, para consolidar su modelo de seguridad. Si se aprueba la reforma, el cambio deberá ser sometido a referéndum, introduciendo un nuevo frente de disputa pública en un contexto nacional marcado por la inseguridad, la polarización y la fragilidad institucional. Implicaciones: La aprobación de esta reforma podría tener repercusiones en la política exterior de Ecuador y en su relación con países vecinos y organizaciones internacionales.
El tema de las bases militares ha reabierto una disputa política profunda sobre la soberanía nacional, la militarización de la seguridad interna y el alineamiento geopolítico del país.
IV. El Caso de los «Cuatro de Guayaquil»
El 8 de diciembre de 2024, cuatro menores de edad fueron detenidos por militares en Guayaquil y posteriormente encontrados sin vida, con signos de tortura e incineración. Dieciséis militares han sido procesados por desaparición forzada, un delito imprescriptible en Ecuador. La investigación inicial se retrasó a pesar de la existencia de videos que mostraban la detención de los menores; mensajes erráticos y hasta contradictorios marcaron las primeras declaraciones oficiales, incluyendo la amenaza directa y pública de un ministro a la jueza a cargo del proceso. Cuatro de los 16 militares procesados admitieron haber golpeado y amenazado a los cuatro niños antes de su asesinato en diciembre de 2024. Las confesiones se dieron durante una reconstrucción de los hechos en Taura, Guayas. Implicaciones: Este caso podría tener repercusiones en la percepción pública sobre las Fuerzas Armadas y en la política de derechos humanos del país. Además, podría abrir la puerta a investigaciones internacionales si el Estado no garantiza una reparación integral. La reacción pública ha sido de indignación, pero también ha evidenciado una preocupante inmovilidad social ante un hecho tan grave. Este caso también refleja la falta de una estrategia de seguridad coherente y respetuosa de los derechos humanos, en la que la política y la publicidad han preferido sembrar árboles para ocultar el espinoso bosque. La militarización sin controles adecuados ha llevado a abusos y ha socavado la confianza en las instituciones, en todos los países que han seguido ese camino.
A nuestro criterio, el terrible asesinato de los cuatro menores detenidos en diciembre del año pasado y luego encontrados torturados y muertos, no debería tratarse como un tema de seguridad, judicial, y peor aún, de crónica roja. Es, a estas alturas, un hecho político, producido desde la política y protegido políticamente. Elegimos el framing mencionado porque las víctimas merecen una mirada más integral. Sin embargo, validamos democráticamente el hecho de que cada lector puede asumir su postura y evaluar lo sucedido, desde su propio encuadre. El asesinato a los “cuatro de Guayaquil” es abominable. Una sociedad que permite esos crímenes mirando hacia otro lado, renuncia a su conciencia y camina a la barbarie.
Casos como el de los cuatro niños en Guayaquil podrían llevar a una revisión de las políticas de seguridad y de los protocolos de actuación de las fuerzas armadas y policiales.
V. Economía, el déficit y la tentación minera
El Gobierno enfrenta un déficit presupuestario y necesita casi USD 7.900 millones en financiamiento para 2025, debido a la caída de los precios del petróleo y un mayor gasto en la campaña electoral.
La necesidad de financiamiento podría llevar al Gobierno a buscar préstamos internacionales o a implementar medidas de ajuste fiscal, con posibles impactos en la economía y en la población. ¿Las inversiones en minería son parte de la respuesta a esta necesidad? ¿A qué costos? Ahora, Ecuador busca atraer inversiones en el sector minero, destacando el proyecto cuprífero Cascabel, que cuenta con una inversión prevista de alrededor de USD 4.200 millones en la provincia de Imbabura.
El megaproyecto minero Cascabel, ubicado en la parroquia de Lita, provincia de Imbabura, es liderado por la empresa SolGold, con sede en Brisbane, Australia. Esta compañía opera en Ecuador a través de su filial Exploraciones Novomining S.A. (ENSA), que posee el derecho de exploración y desarrollo del yacimiento.
Estructura accionaria y poder corporativo:
• El mayor accionista estratégico de SolGold ha sido BHP, el gigante angloaustraliano con sede en Melbourne y Londres.
• También tuvo participación relevante la minera Newcrest Mining, otra australiana, que fue adquirida por Newmont Corporation, con sede en Estados Unidos.
• Esto evidencia que, aunque la empresa operadora es australiana, el proyecto Cascabel está dominado por capital transnacional, especialmente del eje anglosajón.
Se estima que Cascabel podría generar exportaciones por más de USD 35.000 millones durante su vida útil. La inversión inicial anunciada ronda los USD 4.200 millones. El depósito contiene grandes reservas de cobre, oro y plata, convirtiéndolo en uno de los yacimientos más relevantes a escala mundial.
Pese a la magnitud del proyecto, el Estado ecuatoriano no ha articulado una estrategia clara, integral ni soberana respecto a la gestión de sus recursos mineros. Las decisiones sobre concesiones, beneficios fiscales, consulta previa y participación estatal en la renta minera siguen estando marcadas por la improvisación normativa, la opacidad contractual, la fragmentación institucional entre ministerios, gobiernos seccionales y comunidades. Y una visión extractivista de corto plazo, subordinada a la atracción de inversión extranjera como mecanismo urgente de liquidez.
Las decisiones sobre concesiones, beneficios fiscales, consulta previa y participación estatal en la renta minera siguen estando marcadas por la improvisación normativa.
Esta situación reproduce una matriz de dependencia histórica, en la que los sectores estratégicos —minería, petróleo, energía— son entregados a capitales internacionales, sin una política de fortalecimiento del aparato productivo nacional ni garantía de sostenibilidad ambiental y social.
Esto trae varios riesgos estructurales y sociales:
El debilitamiento de la soberanía económica: El control del subsuelo nacional, que constitucionalmente pertenece al Estado, termina siendo delegado sin condiciones soberanas.
Conflictos socioambientales latentes: La ausencia de procesos de consulta previa, libre e informada ha sido denunciada por comunidades indígenas y organizaciones locales.
Riesgo ecológico: El proyecto Cascabel se ubica en una zona de alta biodiversidad, lo cual genera preocupaciones ambientales en torno al agua, el suelo y las comunidades cercanas. En lugar de proyectar al sector minero como una palanca soberana de desarrollo nacional, la política minera ecuatoriana ha estado marcada por la lógica del “recurso urgente”, en función de las necesidades fiscales del momento.
Esto impide:
• Planificar a largo plazo.
• Fortalecer la capacidad tecnológica e industrial nacional.
• Articular cadenas de valor alrededor de la extracción.
• Garantizar beneficios equitativos para las poblaciones locales.
Ecuador necesita transitar de la concesión discrecional hacia una política de Estado minera, que combine:
• Inversión pública estratégica sin corrupción ni favoritismos.
• Fortalecimiento de emprendedores, agricultores e industriales locales.
• Defensa del medio ambiente como bien público no negociable.
• Transparencia contractual y rendición de cuentas.
La necesidad de financiamiento y la búsqueda de inversiones en sectores estratégicos como la minería son claves que, de lograse, pueden ser vitales para la recuperación económica del país; no obstante, será fundamental equilibrar el desarrollo económico con la justicia social, la sostenibilidad ambiental; precautelar la soberanía nacional sobre sus recursos estratégicos, fortalecer el aparato productivo nacional, y garantizar la auditoría ciudadana y la rendición de cuentas, para evitar la colusión y el manejo corrupto de los acuerdos económicos. La falta de una política minera clara y sostenible ha llevado a improvisaciones y conflictos sociales. El libreto es el mismo, históricamente: países poderosos y sus inversionistas llegan a un país tercermundista y subdesarrollado; se bancan con todo lo que pueden de los recursos estratégicos del país; los impactos ambientales y sociales son irrefutables, y el entreguismo de las élites políticas de turno, también. Primero USA, luego China, recientemente Canadá y posiblemente ahora, un eje anglosajón.
No se trata de encerrar al Ecuador y aislarlo; se trata de utilizar sus recursos para fortalecerlo, volverlo más competitivo, más próspero para todos sus ciudadanos, más seguro para sus industriales, comerciantes, agricultores, emprendedores. Ningún proyecto de un nuevo y mejor Ecuador será viable sin la voluntad colectiva debidamente informada y forjada responsablemente para hacerse cargo del futuro.