El 10 de febrero de 2026, la fiscalía general del Estado aprehendió al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del denominado caso Goleada, por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. La medida incluyó allanamientos y detenciones adicionales a su entorno político y familiar. Desde entonces, el proceso —denunciado por su defensa técnica— ha derivado en prisión preventiva, una muy controvertida y coincidente actuación de los operadores de justicia con los intereses del poder, y en una crisis institucional local, con efectos que trascienden lo judicial.
El hecho alteró el equilibrio político en la principal plaza electoral del país. Álvarez no es un actor menor: es alcalde de Guayaquil desde 2023 y figura relevante del correísmo, lo que lo convirtió en un adversario directo del gobierno de Daniel Noboa. Su salida de facto de la alcaldía guayaquileña genera un vacío que debilita a la oposición territorial y reconfigura el control simbólico y administrativo de la ciudad, ahora en manos del gobierno de Noboa.
Recientemente se activó una dimensión prospectiva: la eventual proyección de Anabella Azín hacia la Alcaldía, por declaraciones públicas del entorno presidencial que sugieren esa posibilidad, aunque no hay evidencia formal de candidatura ni proceso electoral en curso que la confirme de manera institucional.
De hecho, la condición legal de Aquiles Álvarez, allana el camino para cualquier pretensión de reemplazarlo en las elecciones de 2026.
El anuncio de la posible candidatura de la madre del primer mandatario, coincide con el movimiento de información sobre la inseguridad en esa ciudad que la propaganda del régimen ha tratado de instalar desde hace dos semanas en la opinión pública. La narrativa sobre una reducción de violencia o mejoras en indicadores de seguridad —sea o no cierta— tras la detención del alcalde Álvarez, revela una estrategia que no solo incumbe a Guayaquil, sino a todos los municipios ecuatorianos; detrás de ella hay varias pistas:
La eliminación de la Revolución ciudadana del padrón electoral de cara a las elecciones seccionales del 2027, impacta decisivamente en la configuración del tablero electoral. Con el correísmo limitado a participar mediante alianzas, y con una de sus figuras políticas más relevantes en la cárcel, se facilita la campaña de la ADN oficialista.
La salida de facto del alcalde de Guayaquil genera un vacío que debilita a la oposición territorial y reconfigura el control simbólico y administrativo de la ciudad, ahora en manos del gobierno de Noboa.
Las argumentaciones polarizadoras que vinculan la captura de Álvarez con mejoras en seguridad, no exhiben, hasta el momento, evidencia consolidada, independiente y metodológicamente robusta que establezca causalidad directa. Este tipo de correlaciones suele responder más a encuadres comunicacionales (cómo se estructuran y presentan las informaciones que se difunden), que a verificaciones empíricas rigurosas; en palabras sencillas: publicidad y pauta, retórica oficial en gira de medios controlados y viralización polarizadora en redes anticipan lo que será la campaña de las elecciones seccionales del 2027. Posible objetivo político: fortalecer la imagen de control sobre la inseguridad en una ciudad clave, sostiene la promesa de que pronto así será en todas las ciudades del país.
Es evidente que hay un solo candidato oficial, un solo jefe de campaña de ADN que maneja la agenda preelectoral y un conglomerado político – institucional que se batirá con los demás aspirantes a las alcaldías, en febrero de 2027.
El peso de la presencia del gobierno en Guayaquil atendiendo directamente los temas de seguridad y la política, nuevamente muestra que Quito, no es la capital política de la hacienda. Preocupante la falta de liderazgo en la que fue la capital de todos los ecuatorianos, erosionada desde la administración de Augusto Barrera y los sucesivos alcaldes.
La fragmentación política y ciudadana que hoy atraviesa a la otrora “Luz de América” anticipa un escenario de degradación del debate público y proliferación de candidaturas personalistas. Con más de una docena de aspirantes compitiendo como es previsible, la mayoría se moverá en rangos marginales -entre 1 %, 2 % o 3-5% de votación-, dispersando el electorado y allanando el camino para un eventual triunfo del oficialismo por efecto de la fragmentación.
El dilema para la ciudad es evidente: bancarse ese karma, o repetir un escenario de alta fragmentación que ya en 2019 permitió que la Alcaldía se definiera con apenas el 21,35% de los votos, y en el 2023 con el 25,18%, resultados precarios y de ilegitimidad en términos de representatividad y calidad democrática.
En Quito —y probablemente en otros municipios— las candidaturas más opcionadas serán las de aspirantes no alineados con partidos o movimientos, y sí más identificados con sus territorios. Aún falta tiempo y siempre ocurrirán novedades en el camino. En Reporte Global realizamos desde esta semana una investigación periódica de la carrera por las alcaldías, cuyos resultados serán compartidos oportunamente a quienes estén interesados.
La situación en Guayaquil evidencia cómo una acción judicial con efectos políticos puede reconfigurar el equilibrio de poder y abrir un escenario de disputa por el control institucional y simbólico de la ciudad.
Hay indicadores de que la inseguridad en Quito ha empeorado.
En el primer bimestre de 2026, los homicidios en Ecuador bajaron 7,9% a escala nacional, pero Quito reportó un alza de 33%, según un reporte publicado el 21 de marzo de 2026. Ese mismo balance sugiere una “mutación” territorial del crimen.
Ya antes de los operativos más recientes en Guayaquil había indicios de deterioro en Quito. En enero de 2026, Pichincha registró 29 homicidios, mientras Guayas tuvo 331; es decir, la escala seguía siendo muchísimo mayor en Guayas, aunque Pichincha ya estaba dentro del mapa de provincias bajo presión criminal. En paralelo, medios y autoridades venían reportando un incremento de homicidios y hechos más violentos en Quito desde inicios de año, incluso antes del toque de queda focalizado anunciado en marzo.
Sobre la conexión con Guayaquil, el Gobierno ha justificado sus medidas de marzo de 2026 diciendo que ciertas provincias forman parte de un “corredor estratégico” que las estructuras criminales buscan controlar, y la Corte Constitucional confirmó que Pichincha seguía incluida en el estado de excepción renovado el 28 de febrero de 2026. Eso muestra que el fenómeno implica una red nacional e interconectada, no como un problema aislado por ciudad. Quito muestra un incremento muy preocupante, compatible con una expansión o redistribución territorial de economías criminales.
La situación en Guayaquil evidencia cómo una acción judicial con efectos políticos puede reconfigurar el equilibrio de poder y abrir un escenario de disputa por el control institucional y simbólico de la ciudad. La presunción de una estrategia planificada de captura política no es suficiente para la defensa del alcalde. El riesgo de fondo es que la institucionalidad local quede subordinada a dinámicas de poder central, erosionando la autonomía política de la ciudad.
El incremento de la violencia en Quito, a su vez, confirma una expansión territorial del fenómeno criminal. La evidencia disponible apunta a una reconfiguración de las economías ilegales a escala nacional, donde nuevas ciudades entran en dinámicas de disputa. En este contexto, el problema trasciende lo local: responde a redes interconectadas que se adaptan a la presión estatal. Urgen políticas integrales que aborden la seguridad y el declive de la paz en todo el país.