Durante décadas, el modelo energético en Ecuador se ha construido sobre una idea que casi nunca se discute, y es que producir más electricidad equivale automáticamente a producir más desarrollo. Pero hoy esta idea empieza a mostrar grietas. La crisis climática, la vulnerabilidad hídrica, la degradación de ecosistemas, los conflictos socioambientales, y un sistema ineficiente de producción y trasporte centralizado de la energía, debería llevarnos a preguntarnos como sociedad: ¿Cómo se produce la energía, para quién se busca producir, para qué modelo de país se busca producir más energía, y a que escala se produce? ¿Es a escala humana o escala del poder político y económico?
El sistema energético ecuatoriano sigue basado en una lógica del siglo XX: grandes hidroeléctricas, grandes redes de transmisión y grandes centros industriales de consumo. Un modelo pensado para un planeta estable, con lluvias predecibles y sin presión extractiva global extrema. Hoy el planeta ya no funciona así. Sequías más largas, lluvias más violentas y cambios en los ciclos hidrológicos están poniendo en evidencia la fragilidad de un sistema altamente dependiente de mega infraestructuras hidroeléctricas. A pesar de eso, el Plan Maestro de Electricidad 2023–2032 plantea la incorporación de más de 7.400 megavatios adicionales, principalmente a través de proyectos hidroeléctricos en ríos como el Santiago, en la cuenca del Guayllabamba, en el Yanuncay, en Toachi Pilatón y en proyectos como San Jacinto en el río Saloya, con impactos inimaginables a nivel de conectividad de los ecosistemas hidrológicos.
El problema no es solo técnico. Es ecológico, territorial y político. La ciencia ha demostrado durante décadas que los ríos son sistemas vivos, no canales de transporte de agua. Transportan sedimentos, nutrientes, organismos y energía ecológica. Cuando ese flujo se interrumpe, se rompe la funcionalidad del ecosistema completo. La fragmentación de ríos reduce biodiversidad y altera procesos ecológicos fundamentales (Nilsson et al., 2005). Y hoy sabemos que los ríos libres son determinantes para la estabilidad ecológica a escala continental (Grill et al., 2019).
Los ríos de Quito, ubicados en la cuenca del Pacífico, reciben aguas importadas de la cuenca amazónica, que los quiteños contaminan y desechan a estas quebradas, provocando la conocida contaminación de los ríos.
Pero en Ecuador esta discusión ya no es solo científica. Es territorial. El río Saloya, tributario del río Blanco, en el noroccidente de Quito y en el territorio de Mindo, está en el centro de este debate. El proyecto hidroeléctrico propuesto plantea desviar agua mediante túneles hacia otra cuenca para mover turbinas. En términos técnicos, podría ser una solución eficiente a pesar de los costos económicos, pero en términos ecológicos, es potencialmente devastador, porque los caudales mínimos están supeditados al pago de los intereses que genera una deuda con entidades financieras, que fondean esté tipo de obras megalómanas.
Reducir el caudal de un río tropical genera impactos inmediatos: aumento de temperatura del agua, reducción de oxígeno disuelto, desaparición de macroinvertebrados acuáticos, pérdida de peces y reducción de la capacidad natural del río para procesar contaminantes. Este proceso se desencadena impactos en cadena sobre bosques, suelos, biodiversidad y economía local.
Los bosques tropicales y subtropicales del noroccidente de Quito dependen directamente de la estabilidad hídrica. Estos bosques no solo sostienen biodiversidad. Regulan lluvias, estabilizan suelos, capturan carbono y sostienen economías basadas en turismo y producción sostenible, por lo que es imprescindible su cuidado y manejo estratégico para que perduren en el tiempo, y sostengan la vida de los seres humanos en la ciudad de Quito, que dicho sea de paso es la ciudad más densamente poblada del Ecuador. En el otro lado, el aumento del caudal por aguas importadas, produce cambios geomorfológicos importantes que generan colapso de los bancos riparios, socavan el canal del río y ponen en riesgo la infraestructura río abajo, como puentes y caminos. Los ríos de Quito, ubicados en la cuenca del Pacífico reciben aguas importadas de la cuenca amazónica, que los quiteños contaminan y desechan a estas quebradas, provocando la conocida contaminación de los ríos, pero también el colapso de barrios e infraestructura debido al socavamiento de las quebradas por estas aguas importadas.
El caso de Manduriacu muestra otra dimensión del problema: los pasivos ambientales acumulativos del modelo hidroeléctrico. Manduriacu fue construida en la cuenca del río Guayllabamba, una de las más sedimentadas del país. Esta cuenca nace en el volcán Cotopaxi, cruza zonas agrícolas, industriales y urbanas, y recibe una parte significativa de las aguas servidas del área metropolitana de Quito. Cuando sedimentos, materia orgánica y contaminantes se acumulan en embalses tropicales, se generan condiciones que favorecen la producción de metano y dejan de ser “energía limpia”. La evidencia científica muestra que los embalses tropicales pueden convertirse en fuentes importantes de gases de efecto invernadero (Deemer et al., 2016). Además, las descargas periódicas de estos embalses pueden transportar sedimentos finos, materia orgánica en descomposición y contaminantes río abajo, afectando ecosistemas completos. En el caso ecuatoriano, esto impacta directamente en la cuenca del río Esmeraldas, un territorio históricamente expuesto a la degradación ambiental desproporcionada.
Un sistema energético centralizado concentra poder económico, político y territorial. También concentra riesgos. Esta concentración no es un accidente histórico, sino una característica del modelo energético construido durante la industrialización.
Aquí aparece la dimensión política del modelo energético. Durante la última crisis energética en Ecuador, comparaciones tarifarias evidenciaron desigualdades estructurales. Históricamente, la mina Mirador pagaba electricidad entre 5 y 7 centavos por kWh, mientras muchos hogares pagaban entre 9 y 10.5 centavos. Actualmente, las tarifas para grandes mineras se ubican cerca de 9.7 centavos por kWh (Primicias, 2024).
Esto implica que los territorios asumen impactos ecológicos masivos para sostener energía destinada a sectores extractivos que históricamente han tenido acceso a tarifas subsidiadas o preferenciales. La discusión energética, entonces, no es solo técnica. Es una discusión sobre modelo económico, distribución del poder y justicia territorial.
Ecuador, además, tiene un marco jurídico singular. La Constitución reconoce que la naturaleza tiene derecho a mantener sus ciclos vitales (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). La jurisprudencia ecuatoriana ha reforzado este principio, como en el caso del río Alambí, donde se reconoció el derecho del río a mantener sus procesos ecológicos.
El problema hoy no es jurídico, es estructural
Un sistema energético centralizado concentra poder económico, poder político y control territorial. Y también concentra riesgos. Esta concentración no es un accidente histórico, sino una característica del modelo energético construido durante la industrialización. El economista Jeremy Rifkin ha señalado que los sistemas eléctricos del siglo XX fueron diseñados para funcionar con grandes infraestructuras centralizadas que concentran producción, capital y control territorial. Sin embargo, en un contexto de crisis climática y creciente inestabilidad ecológica, ese modelo empieza a mostrar su fragilidad.
La resiliencia energética, requiere de la capacidad de un sistema para seguir funcionando frente a perturbaciones, depende cada vez más de estructuras distribuidas, descentralizadas y diversificadas. Esta idea plantea que una de las grandes transformaciones del siglo XXI será precisamente abandonar infraestructuras que sacrifican ecosistemas enteros para sostener sistemas económicos intensivos en energía.
La transición energética, desde esta perspectiva, no consiste simplemente en producir más electricidad con tecnologías distintas, sino en reorganizar la relación entre energía, territorio y naturaleza. En países megadiversos como Ecuador, esta discusión adquiere una dimensión aún más crítica: insistir en modelos centralizados que dependen de la intervención masiva de ríos y cuencas puede significar trasladar los costos ecológicos de la transición energética a los territorios que sostienen la biodiversidad y la seguridad hídrica del país. Un evento climático extremo, una sequía prolongada o un problema estructural en una mega infraestructura puede afectar todo el sistema nacional, como es el caso de un posible colapso de la represa Coca Codo Sinclair, con la erosión regresiva del río Coca, tras el colapso de la cascada de San Rafael.
Los bosques tropicales y subtropicales del noroccidente de Quito y de las estibaciones en general del Ecuador, muestran que proteger ríos, bosques y suelos también protege economía loca.
Aquí es donde la descentralización energética deja de ser una idea ecologista y se convierte en una estrategia de seguridad nacional. Los sistemas descentralizados, eficientes como micro-hidroeléctricas sin embalses, solar distribuido, eólica local, sistemas energéticos comunitarios, y otras alternativas, reducen presión sobre grandes cuencas hidrográficas, reducen vulnerabilidad climática y distribuyen riesgos. Además, transforman la relación entre sociedad y energía. Permiten que familias, comunidades, municipios y territorios participen directamente en la producción energética. Esto fortalece autonomía territorial, resiliencia económica y gestión sostenible de bienes comunes como agua, sol y viento.
Los sistemas descentralizados funcionan de forma similar a los ecosistemas naturales: diversos, redundantes y resilientes. Cuando un componente falla, el sistema completo no colapsa (Walker & Salt, 2006). En un contexto de cambio climático acelerado, esta característica puede ser determinante para la estabilidad del país. Los bosques tropicales y subtropicales del noroccidente de Quito y de las estibaciones en general del Ecuador, muestran que proteger ríos, bosques y suelos también protege economía local, agua potable y estabilidad climática regional. Los bosques funcionales cumplen un rol clave en la regulación del ciclo hidrológico y la reducción de vulnerabilidad climática (Ellison et al., 2017).
La transición energética en Ecuador no puede limitarse a reemplazar combustibles fósiles por electricidad. Tiene que redefinir la relación entre energía, territorio, ecosistemas y sociedad. Porque sin ríos funcionales no hay seguridad hídrica. Sin seguridad hídrica no hay estabilidad económica. Sin estabilidad económica no hay estabilidad social. Y sin ecosistemas funcionales no hay resiliencia climática.
La discusión energética que Ecuador tiene pendiente no es solo tecnológica. Es una discusión sobre qué modelo de país quiere construir. Se requiere voluntad política, planificación y entender desde todos los sectores que la vocación del Ecuador es su mega biodiversidad, y que podemos producir energía de forma eficiente, respetando los ecosistemas, apoyando a las economías locales, las comunidades rurales y a las familias, apegándonos a los derechos de la naturaleza como se ratifica en nuestra constitución.