Lo que más rápido y eficientemente se les ocurrió a la mayoría de las grandes ONG de Galápagos, luego de la desgracia en Santa Cruz, fue pedir donaciones a la gente y no donar ellos de sus propios recursos, como si los cientos de miles de dólares recibidos durante décadas, recaudados de todo el mundo a nombre de conservación de las islas, hubieran migrado cual tiburón martillo hacia otras aguas, o como si los integrantes de sus directorios, varios de ellos prósperos hoteleros, marcasen distancia de la población.
Pero como si esto fuera poco, luego apareció el comunicado público del 6 de noviembre del 2026, emitido por el Galápagos Life Fund, GLF, el publicitado ejemplo mundial de protección y arquitectura financiera para proteger las islas, en el que se anunció la “activación de un fondo de USD 2 millones” para las islas ante esas desgracias.
Este fondo tiene en sus arcas más de 50 millones de dólares, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les ha dado por conservación y protección de las islas desde el 2023 hasta la fecha para precisamente invertirlos en Galápagos y anuncian “generosamente” que nos darán el 4% de ello.
Esto requiere una explicación. El 29 de mayo de 2023, el subsecretario de Financiamiento Público (E) del MEF, José Mantilla Morán, escribió al Comité de Deuda y Financiamiento, presidido por el ministro de aquel entonces Pablo Arosemena, y al delegado del Comité de Deuda del Presidente de la República (también de aquel entonces), Daniel Lemus, un documento, el Memorando MEF-SFP-2023-0047, con el asunto: «Alcance al informe de Cierre», que sería un importante sustento para la operación de canje de deuda sin precedentes en la historia del mundo mundial, y que nos permite entender el comunicado del GLF.
En tal documento se asevera que los USD 27 millones que el país pagaría entre 2023 y 2024, por concepto de Debt Exchange Linked Conservation Fees (Tasas de conservación vinculadas al canje de deuda), «finalmente se convierten en la donación que se destina al Galápagos Life Fund (GLF)». El documento referido llegó a mis manos entregado por el propio MEF, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública que hice y que usted podrá leer también.
Y efectivamente como donación —pero con más bonitas y técnicas palabras— fue recogido el concepto en los posteriores contratos, convenios y acuerdos celebrados para la operación de canje de deuda por conservación. Si el MEF llama donación a esos pagos admite tres cosas: 1) que el dinero es del Estado; 2) que sale del Presupuesto General y, 3) que su destinatario final es una entidad privada. El propio funcionario, en el documento dijo además que esos recursos «regresan a beneficiar al país».
Regresan, sí, pero no al archipiélago: van a un fondo privado que el Estado no administra, pero que ahora quieren hacer aparecer como una generosa activación de liquidez para afrontar los desastres generados por el fenómeno del Niño.
Lo que dice el documento principal entre el Estado Ecuatoriano y los compradores de la deuda ecuatoriana.
El documento Facility Agreement de Project Darwin, conocido en la lengua de Shakespeare como Executed versión, firmado el 25 de abril de 2023, confirma lo que el memorando de marras deja ver. Según la cláusula 10.1, que se encuentra dentro de la Sección 6 titulada Obligaciones adicionales de pago, en cada fecha de pago el Ministerio, en nombre de la República, se paga religiosamente al prestamista, la sociedad vehículo irlandesa GPS Blue, además de los intereses, las tasas de comisiones de conservación. Como es lógico, no las pagan donantes extranjeros: las paga el fisco, como parte del servicio de la deuda. El contrato las trata como obligaciones generales, directas e incondicionales, respaldadas por la plena fe y crédito de la República; ordena inscribirlo en el Registro de Deuda Pública y califica su ejecución como actos de crédito público. Si el Ecuador no las paga, se activa la garantía que, a su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó para la operación.
Hay que recordar que la médula de la operación de “deuda” por “conservación” —y que distingue esta operación crediticia de cualquiera otra operación ordinaria— consiste en que, en cada fecha de pago de intereses del préstamo de USD 650 millones, que otorgó el GPS Blue al gobierno ecuatoriano, el país debe cancelar también un monto equivalente por concepto de comisiones al prestamista original. Como antecedentes, se debe explicar que la operación principal dice relación a que los inversionistas extranjeros dieron un préstamo al país que se usó para comprar USD 1600 millones en Bonos soberanos de Ecuador (deuda vieja), mientras, por su parte, el GPS Blue emitió los denominados bonos azules (deuda nueva). En consecuencia, en estricto sentido financiero y legal estamos ante una recompra de deuda, no de un canje. De ello puede ver con más detalle:
El dilema del Ministerio
Este dilema de si los fondos que el Ecuador paga al GLF por Debt Exchange Linked Conservation Fees son públicos o privados algún momento se dilucidarán, sobre todo porque, por un lado, el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíbe a las entidades del sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a personas jurídicas de derecho privado, y por otro, los intereses que ahorra el Estado ecuatoriano cuando los inversionistas compraron una deuda de mil ochocientos millones se convierten sus intereses, por arte de birlibirloque, en donación para conservación de las Galápagos.
Si no es una donación, entonces es ¿un costo financiero pagado a un acreedor internacional de deuda pública que luego lo traslada a un tercero privado? En ambas hipótesis el resultado es el mismo: los recursos son públicos y su gestión debe someterse a las reglas de lo público.
En un análisis más amplio aún —y no menos perturbador— habrá que analizar un acuerdo complementario, se denomina: Acuerdo para la Conversión de Deuda Pública por Cooperación Internacional No Reembolsable, que es referido como documento integrante de los compromisos del país en la operación principal. Aquí el Ecuador no recibiría cooperación no reembolsable, la financiaría.
Lo que el Estado ya pagó
En cifras oficiales, el MEF certificó nueve pagos de USD 4,5 millones cada uno, entre agosto de 2023 y agosto de 2025: USD 40,5 millones. Con los cuatro pagos trimestrales posteriores, también efectuados, el total entregado asciende a unos USD 58,5 millones y un nuevo pago vencía el 9 de noviembre de 2026.
Sea cual fuere la calificación jurídica que se dé a esos pagos, el hecho es uno: el Ecuador, a través de su Ministerio de Economía y Finanzas, puso ese dinero en manos del GLF. Las observaciones jurídicas y financieras sobre la supuesta donación no cambian su origen. Por eso, la totalidad de esos recursos debe utilizarse de inmediato, bajo la conducción del Estado ecuatoriano, en la conservación y protección de las Islas Galápagos. El Consejo de Gobierno de Galápagos (que forma parte del directorio del GLF local. Decreto Ejecutivo 735) no debería esperar un día más en exigir que el GLF active mucho más que solo dos millones para las islas.
Galápagos enfrenta los efectos dañinos del fenómeno de El Niño, el cual no sólo ha destruido varios barrios en Santa Cruz, sino que afectando a la biodiversidad matando fauna en lo que va de estos dos últimos meses; por ello es urgente desarrollar ingentes y urgentes proyectos de prevención para disminuir el daño.
Entre la fauna afectada se incluyen pingüinos, aves, arrecifes de coral, peces, iguanas marinas (que vienen siendo también traficadas, sin que la institucionalidad sepa siquiera cómo mantenerlas vivas cuando las han extraído de su hábitat ni invierta en procesos eficientes de control y cuidado).
Quien estudia Galápagos sabe que en la década de los 80 se reportó que las iguanas marinas por ejemplo murieron en un 60% de su población (Laurie 1989). En los 90, de 15000 individuos se redujeron a 900 con tasas de mortalidad de hasta el 90% (Steinfartz et al., 2007). Respecto de los pingüinos los datos reportan una mortandad superior al 60% (Vargas 2005). Ante esos datos y con esa información, es mucho lo que se puede hacer para prevenir y/o mitigar.
A más de esta amenaza real a la biodiversidad, en las últimas décadas los problemas sanitarios de aguas servidas, alcantarillado, agua potable son urgentes y no han tenido solución; hay casos de muerte por dengue (aun en número mayor al siniestro sucedido en los barrios de Santa Cruz); un sistema de salud deficiente; un sistema migratorio y de ingreso de vehículos sin planificación, un sistema de carga monopólico y sin control; un crecimiento no controlado de turismo; una pésima administración de justicia; un sistema educativo que no responde a la realidad de la niñez y juventud galapagueñas; elevados índices de violencia intrafamiliar; corrupción e impunidad como norma de la débil institucionalidad; crisis de gobernanza. Todo esto bien puede ser materia de financiamiento desde el GLF. A la final, en su comunicado dijo que el financiamiento ofrecido para la “conservación y el bienestar de las comunidades de Galápagos” va “hacia acciones urgentes del territorio, como: asistencia técnica; abastecimiento de agua, insumos de salud y control de plagas; gestión de residuos, apoyo a los sectores productivos y asistencia logística a equipos externos”.
Dejando a salvo a organizaciones y personas que han venido actuando con ejemplar decencia, generosidad y solidaridad, en lo macro, Galápagos está cubierto de claras capas de mezquindad, a pesar de que es la más hermosa manifestación de abundancia y resiliencia de nuestro planeta.