Uno de los puntos más sensibles de la famosa operación de “Canje de deuda por conservación” es el destino de las comisiones de conservación por servicios ambientales. El contrato de préstamo firmado por el Estado ecuatoriano el 25 de abril de 2023 con la sociedad irlandesa GPS Blue Financing DAC establece en su Sección 6 las Additional Conservation Payment o Debt Exchange Linked Conservation Fees.
La médula de la operación está aquí. Estas consisten en que, en cada fecha de pago de intereses del préstamo de USD 650 millones que otorgó el GPS BLUE al gobierno ecuatoriano, el país debe cancelar también un monto equivalente por concepto de comisiones al prestamista original. Cabe recordar que aquel préstamo se usó para comprar USD 1600 millones en Bonos soberanos de Ecuador (deuda vieja), mientras, por su parte, el GPS BLUE emitió los denominados bonos azules (deuda nueva). En consecuencia, en estricto sentido financiero y legal estamos ante una recompra de deuda, no de un canje.
Según documentos del Ministerio de Finanzas, a los que tuve acceso, la operación de recompra redujo el stock de deuda pública en USD 887,7 millones y el servicio en USD 1.028,8 millones respecto a los bonos recomprados, mejorando el perfil de vencimientos. Sin embargo, según estos documentos, en 2023-2024 el servicio de la deuda aumentó en USD 32 millones, de los cuales USD 27 son las comisiones por servicios ambientales.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, otorgó una garantía al prestamista para reducir la tasa de interés de estos Bonos, con el afán de apoyar al Ecuador en la operación, lo cual derivó también financieramente en generación de ahorros, de donde se constituyen precisamente los Debt Exchange Linked Conservation Fees. He aquí la médula.
La garantía del BID fue por aproximadamente USD 89 millones. Para que éste organismo internacional asumiera este compromiso frente a un beneficiario privado, el Estado ecuatoriano otorgó, a su vez, una contragarantía soberana, comprometiéndose a reembolsar al BID cualquier monto que este deba pagar en ejecución de la garantía.
Técnicamente, y aunque no es fácil comprenderlo, estas comisiones, que nacen del ahorro que la operación de recompra implicó, constituyen también un costo financiero adicional que el país debe cubrir en la cancelación de los bonos antiguos. Este costo se transfiere al GPS Blue Financing DAC y desde allí al fideicomiso privado Galápagos Life Fund (GLF), registrado en Delaware, y que opera en Ecuador por el Decreto 735 que lo creó con 5 instituciones del sector público y 6 privadas y es el que define los proyectos que serán aprobados por el Directorio para recibir los fondos para los proyectos.
La garantía del BID fue por aproximadamente USD 89 millones. Para que éste organismo internacional asumiera este compromiso frente a un beneficiario privado, el Estado ecuatoriano otorgó, a su vez, una contragarantía soberana.
Las Comisiones de las que trata el contrato principal, no solo son aquellas por servicios ambientales sino también aquellas (5MM anuales) que son aportación a un fondo permanente (el endowment patrimonial) para el GLF en las islas, el cual se acumulará a lo largo de 18.5 años.
Según publicaciones de prensa y del GLF en su página web, USD 3 millones de estas comisiones por servicios ambientales han regresado a las islas en estos dos años como proyectos de conservación. La realidad es que lo invertido por el prestamista en Galápagos en esta operación calificada como «sin precedentes en América Latina», es irrisorio y ajeno a la realidad urgente.
La gobernanza ambiental en las islas es tan deficiente que durante todo el proceso de recompra de deuda y luego en esta definición del destino de las Comisiones por Servicios Ambientales, nunca se solicitó formalmente al Consejo de Gobierno de Galápagos —institución competente en estos temas— su opinión o su liderazgo. No es más que un convidado más en la mesa del GLF.
El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, que recibió en 2023 una denuncia de mi parte junto con organizaciones civiles contra el GLF por falta de transparencia, señaló en su “informe de elegibilidad” sobre la denuncia que, aunque la garantía viabilizó la operación, el BID decidió no aplicar su propio Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), pues no se trataba de un proyecto bajo su control operativo directo, sino de decisiones soberanas del Estado ecuatoriano sin capacidad material de corrección. Y que es necesario hacer un seguimiento al tema.
El BID, ante la denuncia, entre otros argumentos e invocando protocolos internacionales para el manejo de fideicomisos para conservación, respondió que «la operación permitió al Ecuador generar ahorros totales por USD 1,45 mil millones, de los cuales USD 323 millones serán destinados para conservación mediante aportaciones anuales de aproximadamente USD 12 millones […]».
Aunque el MICI afirma carecer de competencias sobre los aspectos técnicos de la recompra, tiene la obligación de verificar que la operación respete escrupulosamente la legislación ecuatoriana. La garantía otorgada por el BID a un ente privado (el GPS BLUE de Irlanda) y la contragarantía dada por el país al BID estarían prohibidas por la Constitución (Art. 290.8) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Arts. 129, 146). Además, la soberanía del Ecuador en la operación sigue estando en entredicho.
En lo principal, es imposible mirar hacia otro lado con los reales problemas de las islas. Cuando se creó el GLF (2023), los problemas más graves de conservación quedaron fuera del radar del BID. Se privilegió lo que algún empresario turístico sugirió como óptimo y se vendió «exitosamente» la protección de los 60.000 km² de la Reserva Marina Hermandad. Lo que vemos es que no hay inversión en seguridad —o en aspectos minúsculos— pese a ser conocida la ruta Galápagos–Isla Cocos en Costa Rica (hasta donde va la reserva Hermandad), como la más usada por el narcotráfico.
Cuando se creó el GLF (2023), los problemas más graves de conservación quedaron fuera del radar del BID. Se privilegió lo que algún empresario turístico sugirió como óptimo y se vendió «exitosamente» la protección de los 60.000 km² de la Reserva Marina Hermandad.
En 2022, junto al periodista Franklin Vega, presentamos una acción de protección para controlar el tráfico de iguanas y tortugas ante la debilidad institucional de las islas. La sentencia favorable se cristalizó en la COP20 del CITES en Kazajistán (diciembre 2025), donde Ecuador logró que las iguanas de Galápagos del género Conolophus —incluidas las marinas— obtuvieran el máximo nivel de protección mundial, decisión aprobada internacionalmente. Este es un tema de conservación, entre otros, muy importante para las islas que no forma parte de la agenda de protección del GLF sino desde los ciudadanos no alineados a quienes normalmente vienen manejando las Islas.
Entre las prioridades urgentes están: patrullaje marítimo de la Reserva Marina, plantas de tratamiento de aguas residuales en las tres islas pobladas, manejo de residuos, creación de un cuerpo de leyes que reemplace la obsoleta LOREG y mejore la gobernanza, repatriación de las iguanas rosadas robadas de Isabela, erradicación de la mosca vampiro, control técnico de natalidad y defunción de tortugas en centros de crianza, lucha contra la impunidad de traficantes, ubicación de todas las especies de Galápagos en el Apéndice I del CITES, y educación turística y ciudadana sobre la protección del archipiélago
Proyectos que sumados son menos de la mitad de los USD 323 millones que se recibirán en 18 años de “conservation fees”. Definitivamente la contabilidad atrás del “Canje de Deuda por conservación” es creativa, pero la conservación no lo es.